‘Egunkaria’ y usted

Francesc-Marc Álvaro

La Vanguardia

El concepto “calidad democrática” se ha convertido en una suerte de fetiche que se coloca en algunas frases y que no se sabe muy bien qué significa, qué quiere mostrar o qué trata de ocultar. “Calidad democrática”, a veces, parece una de esas etiquetas rimbombantes que algunos asesores de medio pelo recomiendan al dirigente de turno que adhiera a sus discursos, porque queda bien. En este plan tenemos otras palabras como “transparencia”, “sinergia” o la omnipresente “sostenibilidad”, que sirve tanto si hablamos de piscifactorías como de alumnos de origen extranjero, pasando por el consumo de alcohol o el endeudamiento de los ayuntamientos. Servidor no sería capaz de definir “calidad democrática” en esta columna, pero, en cambio, hay un ejemplo cercano que sirve perfectamente para explicar el concepto contrario: se trata de lo ocurrido con el diario vasco Egunkaria,cerrado en el 2003 por el juez Juan del Olmo, por supuesta vinculación de la publicación y de sus directivos a ETA.

Ahora, al cabo de siete largos años de aquella decisión judicial, la Audiencia Nacional ha absuelto de cualquier cargo a los cinco máximos responsables de Egunkaria, entre los cuales a su director, Martxelo Otamendi. La sentencia establece algo que muchos ya sabíamos: que en este periódico escrito en euskera “no se amenazaba ni se coaccionaba, ni se provocaba al delito, ni se hacía apología o enaltecimiento de los actos terroristas o de sus autores, ni se calumniaba ni se injuriaba”. El caso Egunkaria pone en evidencia el nivel de la calidad democrática de España, con momentos estelares en que las instituciones están más cerca de Caracas que de Estocolmo, lo cual es aplicable al fascinante culebrón del Tribunal Constitucional.

Algunos -dándole la vuelta al asunto- sostienen que el fallo, que descalifica abiertamente al juez del Olmo, es una magnífica prueba de la alta calidad democrática en nuestros pagos. Al final -destacan- se hace justicia. La tesis no se sostiene, puesto que la sentencia subraya lo terriblemente grave del episodio y el daño irreparable causado al medio, a sus trabajadores y a sus lectores. Ese juez cruzó las últimas líneas rojas de cualquier Estado de derecho homologado, puesto que “un periódico diario no admite ser considerado como una empresa cualquiera”, recuerda la Audiencia.

Cerrar o censurar un medio de comunicación en una democracia es siempre un escándalo, nos agrade o no su línea editorial. Y es, sin duda, un descrédito para el conjunto del sistema. Por eso, lo ocurrido con Egunkaria, amigo lector, también va con usted, que ahora está leyendo tranquilamente La Vanguardia. La cosa va con todos, si es que somos ciudadanos y no súbditos. La democracia consiste, tal vez más que en votar cada cuatro años, en que a usted nadie le prive de leer el diario que le dé la gana.

Egunkaria, una historia de terror

Óscar Rodríguez Criado

Rebelión

El caso Egunkaria no es un caso más en la historia judicial de la «democracia» española. La claridad y contundencia de la sentencia pone de manifiesto que es un asunto que sobrepasa los límites de la disputa entre la derecha y la izquierda y entre los nacionalismos vasco y español. Es, desde cualquier punto de vista, un tema que pone en entredicho la existencia de un estado de derecho y democrático de mínima calidad en España. Las distintas reacciones de los principales medios de comunicación también ponen de manifiesto la hipocresía y el extremo nacionalismo españolista reinante en la mayoría de los medios de comunicación españoles entre los que Público es una rara excepción.

Nos encontramos con una sentencia que afirma que no existe ningún elemento probatorio que demuestre vinculación de ningún tipo entre Egunkaria y ETA. Sin embargo, el periódico se cerró hace siete años, sus responsables fueron encarcelados durante meses (en algunos casos durante más de un año) y denunciaron maltratos y torturas durante su cautiverio, posibilidad más que probable si tenemos en cuenta que la sentencia afirma que sus denuncias sobre malos tratos son «compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención», añadiendo que «no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de incomunicación».

España es un Estado de Derecho, cuyo ordenamiento jurídico se basa en la Constitución Española, en cuyo Capítulo II, Derechos y Libertades, Sección 1ª, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, Artículo 15, Derecho a la Vida, podemos leer: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Si los informes médicos emitidos en los propios centros de detención coinciden con las torturas y malos tratos denunciados y no hubo elementos de control para impedir que éstos se realizaran, es inevitable concluir que existieron, salvo que creamos que cuando se tortura o se dan malos tratos a los detenidos es practica habitual de los torturadores grabar sus felonías para la posteridad. Ante esta conclusión se podría argumentar que los presos etarras siguen la consigna de la banda terrorista de autolesionarse para denunciar malos tratos y torturas. Pero esta excusa no podrá ser aplicada en este caso, puesto que la sentencia considera probado que los señores acusados ni pertenecían a ETA ni seguían en manera alguna sus consignas. Ante un caso evidente de torturas, o incluso, ante la posibilidad abierta de que éstas se hubieran podido llevar a cabo ya que no hubo mecanismos de control judiciales para impedirlo, lo mínimo exigible sería que el Sr. Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, compareciera de urgencia en el Parlamento español para explicar porque no existieron esos mecanismos de control que abren la puerta a violar la integridad física y moral de las personas. Ni que decir tiene que en esta comparecencia debería garantizar la investigación profunda de lo sucedido, el castigo de los culpables y la reparación de las víctimas, como paso previo a su dimisión al ser el ministro el máximo responsable de que se garantice la integridad física y moral de los españoles consagrada por la citada Constitución.

También podría darse el caso de que el ministro considere que los encausados no son españoles, pero en este caso los acusados también estarían amparados por los convenios internacionales firmados por España relativos a la defensa de los derechos humanos. Si esto sucede en un caso de gran interés público, especialmente en Euskadi, no es de extrañar que Amnistía Internacional denuncie que en España no sólo hay presos políticos (que es lo que fueron los directivos de Egunkaria durante su reclusión), sino que los malos tratos, las palizas y las torturas cometidas por las fuerzas policiales son una práctica habitual en las comisarias españolas. Si esto le sucede al director de un periódico, mejor no imaginarse el trato que recibirá un yonqui que le robe el bolso a una anciana.

Si todo lo relatado es de una extrema gravedad, aún peor resultan el análisis y las conclusiones a las que llegan los principales medios de comunicación españoles. El título de la editorial que El País le dedica al caso difícilmente puede ser más demagógico «Egunkaría acaba bien». Si los Sres. Cebrián o Polanco Jr. fueran encarcelados, acusados de terroristas, torturados y su periódico fuera cerrado, despidiendo a sus empleados y privando a sus periodistas de ejercer la libertad de expresión y a sus lectores la libertad de información, dudo mucho que consideraran que este conjunto de situaciones se pueda resumir como un final feliz. En cualquier caso, se referirán al concepto de felicidad más breve jamás realizado en la historia de la humanidad. Al inefable Pedro J. Ramírez, la sentencia le parece, según afirma en la sección El Mundo en 2′ que «la absolución… es una buena prueba de que vivimos en un estado de derecho y de que incluso aquellos españoles que se creen no serlo están protegidos por las garantías constitucionales”. En el mismo sentido se manifestaba el martes Esther Palomera, adjunta de la dirección de La Razón en Los Desayunos de TVE. A ABC el asunto ni tan siquiera le parece merecer un espacio en su portada, y publica una breve nota de la sentencia en su sección nacional. Lo que se desprende de las informaciones de estos medios es que nunca unos pocos deberían ser tan felices por sufrir prisión, perder su empleo y ser vejados física y moralmente. ¿Se imaginan lo que habrían dicho estos medios si el caso hubiera sido en la Venezuela del Sr. Chávez? No hace falta imaginarlo. ABC anuncia en la portada de su edición digital una entrevista a Rodrigo Diamanti, conferenciante de FAES y coordinador de la organización «un mundo sin mordazas» de Venezuela. En el titular que en esta portada hace Virginia Ródenas se puede leer: «Diamanti quiere una Venezuela libre y ha decidido dar la batalla con la palabra porque sin la libertad de expresión es imposible colmar ningún otro derecho». Ojalá la Sra. Ródenas fuera tan sensible al respecto con el ejercicio libertad de expresión en su país.

La violación de los derechos fundamentales de los acusados reconocidos por la sacrosanta Constitución Española ha quedado claramente demostrada. Pero no son los únicos cuyos derechos también han sido violados. El artículo 35, apartado 1 de la Constitución establece que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo». También parece obvio que los 180 trabajadores de Egunkaria que perdieron su empleo por la histérica instrucción del caso por parte del juez Del Olmo y de la inquisitorial acusación popular llevada a cabo por las asociaciones Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo fueron gravemente perjudicados en el ejercicio del derecho y el deber al trabajo que la Constitución les otorga.

Pero la lista de afectados por esta locura es aún mayor. Me refiero de nuevo a la Constitución Española que en su artículo 3 del Titulo Preliminar, sobre El castellano y las demás lenguas españolas, apartado 3 dice: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Pues bien, el especial respeto y protección que de hecho ha recibido el diario Egunkaria, que era el único que se editaba en euskera en el País Vasco ha consistido en su cierre gracias a una acusación de terrorismo sin elemento probatorio alguno. Y es conveniente señalar que en este punto del respeto a las distintas lenguas oficiales del Estado es donde se encuentra el meollo de todo este triste asunto. La criminalización que de hecho ha supuesto el uso del euskera, lengua oficial, junto a la española del País Vasco, asumiendo que su simple uso significa cooperación con el terrorismo, expresa una visión de España claramente preconstitucional. No es más que el penoso reflejo de la idea nacionalcatólica de España heredada del fascismo franquista defendida por todos aquellos que, tanto en el PP como en amplios sectores del PSOE, así como en la mayoría de los medios de comunicación, no dudan en calificarse como demócratas. Es una idea de España que no respeta ni la Constitución que ellos mismos promulgaron y que tanto dicen admirar y defender. Es una España monocultural y uniforme, despreciadora de las distintas lenguas y culturas de los pueblos que la componen. Un excelente artículo del Dr. Vicenç Navarro afirma en su título que las derechas rompen España. Su afirmación no puede ser más cierta. El trato inhumano recibido por los acusados de Egunkaria, el desprecio a los trabajadores de la empresa, a los derechos fundamentales de expresión, al derecho de los lectores a informarse en la lengua que ellos libremente decidan, siendo ésta una lengua oficial y que merece, según la Constitución un especial respeto y protección muestra que no sólo los independentistas o nacionalistas moderados no pueden sentirse cómodos dentro de esa concepción de España. En esa España tampoco nos podemos sentir cómodos los que aún siendo abiertamente antinacionalistas, como en mi caso, consideramos que España es una realidad plural, con diferentes sensibilidades nacionales y culturales, con diferentes lenguas y costumbres, todas ellas merecedoras del mismo respeto y protección, fuente de enriquecimiento mutuo de todos sus ciudadanos. Sin embargo, resulta difícil creer que esta España multicultural y multinacional pueda existir en el actual marco institucional, con todos los símbolos nacionales (himno y bandera) heredados del régimen franquista, con un Jefe del Estado sucesor del dictador, al que él mismo le reconocía el origen de su legitimidad salida del 18 de Julio de 1936, que nunca ha sido capaz de dirigirse a sus «súbditos» en una lengua distinta al castellano y que jamás ha expresado, ni lo hará, una sola palabra de reconocimiento hacia los miles de españoles republicanos vilmente asesinados por el fascismo que aún yacen dolorosamente enterrados en las cunetas de nuestro país, negándoles a ellos y sus familias cualquier posibilidad de reparación histórica y de justicia.

Finalmente, ofrecerle todo mi apoyo y solidaridad a los acusados,a los trabajadores de Egunkaria y a todos los vascos, nacionalistas o no, que perdieron el derecho a leer e informarse en su lengua. No habrá indemnización que pueda reparar el daño causado. Además, esta indemnización, si se produce, consistirá en una cantidad económica proveniente de las arcas del Estado, es decir, de los bolsillos de todos los trabajadores. El juez Del Olmo y especialmente las asociaciones que han promovido la acusación popular deberían pagar el sueldo de los empleados durante esos siete años, las pérdidas de los ingresos por venta y publicidad de los periódicos, las pérdidas de los distribuidores y vendedores del mismo, así como las indemnizaciones por los daños físicos y morales que los acusados han sufrido durante su injusta estancia en prisión. Asimismo, todos los que acusaron a Egunkaria de pertenecer a ETA en los medios de comunicación deberían responder de sus calumnias ante los tribunales. Si a los que han promovido esta inquisitorial cacería fascista sus excesos les salen gratis, no duden ni un momento que estas barbaridades se repetirán en el futuro.

Entrevista Martxelo Otamendi

Ramon Sola

Gara

«La sentencia es buenísima, y creo que había voluntad de hacerla así»

No hay tregua para él desde que hace siete años le encañonó la Guardia Civil. El fallo absolutorio sólo es un punto y seguido. Le falta seguir peleando la exculpación final. Lograr que se reconozcan las torturas. Saber quién dio «el OK político». Difundir el caso. Dar las gracias. Seguir impulsando la prensa en euskara. Y ver cumplido el deseo de que esta sentencia no sea un simple intento de reconstruir la «línea Maginot» rota en 2003 con una redada inesperada, sino un punto de inflexión real.

En una esquina del despacho de Martxelo Otamendi hay un objeto que tiene omnnipresente, al que no deja de señalar durante la entrevista: es una fotografía del Paseo de la Concha abarrotado para protestar por el cierre de «Egunkaria». Era gente conmovida por una redada que nadie esperaba pese a la concatenación de ataques similares. Y quien menos, su director, que aquella noche de febrero volvió de una charla en Azpeitia hasta su casa de Tolosa «entre dos coches policiales que me hicieron un sandwich. Pero ni aún así se me pasó por la cabeza que me iban a detener. Ni siquiera llamé a nadie, pensé que ya lo contaría al día siguiente». Empezaba una pesadilla de la que despertó el pasado lunes con una sentencia absolutoria, aunque el final aún no esté escrito.

Lunes pasado, 12.30, en la redacción de «Berria». Llega la noticia de la absolución. ¿De quién se acordó para bien y para mal?

De la misma gente de la que me acordé en aquella noche del 20 de febrero de 2003, cuando entran en mi casa al grito de «abran a la Guardia Civil» y me ponen la pistola a la altura de la cabeza. Luego me esposan, y es en ese momento cuando de repente me doy cuenta de que se va por la borda todo el trabajo de miles de personas, de cientos de trabajadores, la ilusión colectiva de un país que tiene un diario en euskara por fin…

¿Y para mal?

De quienes me he acordado sin parar en estos siete años. De la gente que posibilitó que se cerrara «Egunkaria», de la Guardia Civil que hizo unos informes sin ninguna base a sabiendas, y de la Audiencia Nacional, que no ha metido la pata, sino que sabía perfectamente lo que hacía. Y no descansaré hasta saber quién da el OK político a aquella operación. Un medio no se cierra sin ese OK que se produce en un despacho político, no en un despacho de la Guardia Civil. No se trata de que haya un capitán de la Guardia Civil que haga un informe y un juez Del Olmo que se lo crea. No, no. Hay alguien en la jefatura del Ministerio del Interior que dice «adelante».

¿Tiene una hipótesis de por qué hicieron aquello y de por qué ahora hacen lo contrario?

Sí tengo una hipótesis, y es una hipótesis que mucha gente comparte. Estamos en el año 2003, hay una situación política muy convulsa entre Madrid y Gasteiz, un choque de trenes. La autodeterminación se está incorporando a la agenda de los partidos vascos. Los primeros pasos de los planes de Ibarretxe se están marcando. ELA dice que el Estatuto está muerto. Hay un choque de legitimidades, claramente. Alguien en Madrid se da cuenta de que aquí hay mucho lío y de que esto hay que pararlo, y piensa que se puede parar pegando en alguna fibra sensible del país que nadie se espere.

Le tocó a «Egunkaria».

Si hubiéramos hecho el macabro ejercicio de elaborar una quiniela de posibles objetivos de la Audiencia Nacional, preguntando a gente que hace análisis político, «Egunkaria» no hubiese estado ni entre los veinte primeros de la lista: miles de ejemplares, sólo en euskara, una línea editorial que no proponía precisamente el asalto al Palacio de La Moncloa, ninguna denuncia judicial, un diario a veces incluso excesivamente tranquilo… Nosotros ni siquiera «contaminábamos» a nadie, y no digo ya del Ebro para abajo, sino tampoco de Altsasu para abajo. Pero en esa situación de «vamos a pegar un susto a los vascos para que den dos pasos hacia atrás», nos tocó a nosotros.

Entonces sacan unos papeles que valían también para «Egin», y cogen a un juez de Murcia pero que venía de Durango, ávido de notoriedad mediática según «El País». El PP tenía mayoría absoluta, hacía lo que le daba la gana. Se estaba hablando de quitar las armas a la Ertzaintza, de ponerle jefes del Ejército español, de llevar las competencias a Madrid… Se estaba hablando mucho de alguna cooperativa, de alguna entidad financiera, de algún sistema educativo… Había barra libre. Y decidieron que era mejor pasar una «línea Maginot» que hasta entonces no habían pasado: cuando fueron a por «Egunkaria», efectivamente mucha gente en este país dijo: `Ojo, que esto ya no es izquierda abertzale’. Por eso ocurrió la manifestación de Donostia; allí confluyó de todo, desde gente que había estado en la cárcel por el conflicto vasco hasta gente que iba con escolta, y eso es algo que sólo pasa en las gradas de los campos de fútbol.

Siete años después, probablemente la absolución no ha sido sorpresa para mucha gente. Pero, ¿esperaban que fuera con una sentencia así?

No. Ya fue muy llamativo que en el juicio nos dejaran contar las torturas con todo detalle y extensión, no es algo habitual. Sí esperábamos, por ejemplo, que en la sentencia se hablara de la incompatibilidad de ser instructor y perito a la vez, de estar en los interrogatorios e ir luego al juicio como experto policial. Los abogados trabajaron muy bien, los informes finales fueron majestuosos, pero yo nunca pensé que el tribunal se metería en todos los jardines que les habíamos planteado.

Está claro que los magistrados tenían voluntad expresa de entrar en estos temas. En caso contrario, podían haber dado una absolución técnica, por falta de pruebas. Pero en la sentencia hablan clarísimamente. No son 33 folios, son por lo menos el doble, porque hay muchas cosas entre líneas. Por citar un ejemplo, cuando dicen a los magistrados que sean más vigilantes en la cuestión de la tortura, están diciendo también que se tortura, con lo que de paso están diciendo a los guardias civiles que no torturen. Otro caso: la sentencia les dice a los jueces que no se traguen cualquier informe de la Guardia Civil; por tanto, están diciendo indirectamente a los guardias civiles que no pasen cualquier informe, y a las acusaciones particulares, que no construyan cualquier proceso a partir de acusaciones sin sentido. Es como el defensa que está siempre haciendo penalties, y llega un momento en que el portero le dice: `Ya vale, hombre, que luego me meten los goles a mí».

Yo creo que es una sentencia buenísima, y que si entran hasta ahí es porque hay voluntad de hacerlo. Quizás alguien, por su propio cargo, ha querido intentar recuperar algún valor para la Audiencia Nacional en este momento de follones: Garzón, Gürtel… Alguien me ha preguntado si este fallo perjudica la imagen de la judicatura en España y le he respondido: ¿Más?

¿Piensa entonces que al igual que en 2003 hubo un OK político para empezar el caso, ha habido también ahora un OK político para cerrarlo?

Hay que matizar que era más necesario aquel OK político que éste. No se me escapa que en estos últimos años ha habido una parte importante de la opinión pública vasca, y también española, que estaba convencida de que esto había que sacarlo adelante. Incluidos miembros de la judicatura, e incluida una parte cercana a los socialistas, por el apoyo en Catalunya, por Jueces para la Democracia… De todas formas, esta sentencia nos absuelve a nosotros, pero no absuelve a la Audiencia Nacional.

Está claro que la sentencia tiene peso, pero ¿es posible que sólo busque reconstruir esa «línea Maginot» de la que hablaba, de forma que haya un sector que siga quedando dentro, a expensas de más ataques similares?

Sería un efecto que desde luego no deseamos nosotros, y que no asumiría mucha gente en Euskal Herria. Y yo creo que no es así, por una razón muy simple: en ese caso nos hubieran absuelto y punto, pero no habrían lanzado esos mensajes. Podíamos haber sido absueltos sólo por falta de pruebas, sin hablar de torturas, sin hablar de que el cierre de un diario es inconstitucional… No estaban obligados a hacer eso. Otra cosa es que será difícil cambiar todo y que los que vengan detrás asuman esto. Creo que lo hacen con la voluntad de que van a tener que afinar más. Y esos entornos de los que he hablado están por la labor también. Igual soy muy inocente, pero ¿todo ese mundo se ha implicado sólo por `Egunkaria’? No lo creo.

Con la perspectiva de esta sentencia, que deja claro que no había nada punible, ¿se explica más el trato recibido en comisaría? ¿Necesitaban arrancar pruebas a toda costa?

Yo fui a Madrid convencido de que no me iban a torturar, y luego pasó lo que pasó. Algunas denuncias todavía andan por ahí: la mía está en Estrasburgo, la de Xabier Oleaga en el Constitucional, la de Iñaki Uria la cerraron en Madrid tras haber estado a punto de llegar a juicio en Donostia… Lo que me gustaría es que esta sentencia tenga repercusión en ello. Y lo que sí nos da es más credibilidad social, que en algunos ámbitos ya teníamos. Creo sinceramente que el caso de «Egunkaria» marca un antes y un después en este tema. Ciertamente no hemos conseguido que no torturen a más gente, pero sí hacer ver las cosas a mucha gente que decía que no se torturaba. La Audiencia Nacional dice entre líneas que se cree nuestra denuncia, cuando durante muchos años ha dicho que todo era un manual. Y lo hace sabiendo que es peligroso meterse en ese tema, porque enseguida cualquiera se pregunta: « Y sólo han torturado a éstos? ¿Al director de un periódico sí y al resto no? ¡Qué casualidad!».

La sentencia recalca por ejemplo que Xabier Oleaga dio datos falsos en los calabozos. Casi nada…

Sí. Aquí ha habido gente que ha estado en la cárcel tres años porque se ha autoinculpado y luego ha quedado libre porque el autor del atentado era otro, y no se ha dicho nada. Por eso digo que no tenían necesidad de meterse en este berenjenal. Creo que quieren dar un aviso. Y quienes se han arriesgado y nos han creído, por ejemplo Pasqual Maragall, han visto ahora que se les da la razón.

¿Y qué le dice Martxelo Otamendi a quienes ridiculizaron su testimonio de torturas? No fueron pocos precisamente…

Yo he estado en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Derechos Humanos, y parlamentarios del PP se rieron de mí y de la compañera de Pello Zubiria. Les diría sólo una cosa: no deseo que a ellos les confundan con un supuesto miembro de la dirección de ETA de quien la Policía crea que puede tener información sobre las bombas, los coches, las ollas, los pagos… Y si les confunden, deseo que se den cuenta al primer minuto, no al tercer día o el cuarto día, porque entonces van a conocer si se tortura o no se tortura. Les aseguro que entonces no se van a reír. Y conste que yo tampoco me voy a reír de ellos entonces.

En resumen, ¿hizo una mala inversión el Estado con ese ataque?

Sin duda. El que dio el OK político a aquella operación no esperaba una foto como la de la manifestación de Donostia. Sigue habiendo un periódico en euskara, que vende más, con más dinero, que no tiene 150 trabajadores sino 300. La ecuación no le sale muy favorable. Tenemos un periódico nacional, ocho periódicos locales, Hamaika Telebista… y lo que venga. Sobre todo, ha tenido un coste político, reducido en España pero grande aquí. Tuvo un efecto bumerán. De hecho, convivimos otro año con el PP y no nos pasó nada.

«Jende asko bateratuta, batzen gaituena aurretik jarriz, ahalmen izugarria dugula erakutsi da»

18/98 auziko epaiketan oso lekukotasun hunkigarria eman zuen Jabier Salutregik, «Egin»en itxierak maila pertsonalean berarengan izan zuen eraginari buruz. Martxelo Otamendiri zer nolako zauria utzi dio «Egunkaria» ixteak?

Guk sufritu dugu, ez dut ukatuko, baina terapia sozial handia izan dugu alde. Kotoitan izan gaitu jendeak, kotoitan. Tabernara joan eta kafea ordaintzen dizute. Kalean zoazela autobuseko txoferrek bozina jotzen, gaur bertan gertatu zait Bilbon. Biktima pribilegiatuak izan gara. Euskal Herriko leku garrantzitsuenetan zein arruntenetan hartu gaituzte. Katalunian, alfonbra distiratsuenetatik gaztetxe jatorrenetara, denetik zapaldu dugu. Mila kamera etorri dira hona. Bulego honetan «New York Times», «Washington Post», «Le Monde Diplomatique», «The Guardian», «Corriere della Sera»… guzti horiek eseri dira. Ezaguna da Australiako telebista batean PPko Gobernuko Estatu idazkariari guk jasandako torturez galdetu ziotela eta berak «corte, corte, corte…», sari bat eman zieten erreportaje horregatik. Atxilotuta egon ondoren batzuk kalera atera ginenean, hortik egun batzuetara Anoetan jokatzen zuen Realak, Betisen kontra, eta orduko presidente Astiazaranek palkora gonbidatu gintuen. Ez ginen joan, baina adierazgarria izan zen. Beraz, jendeak ez digu inoiz deprimitzeko aukerarik eman. Ez dut fribolitate itxurarik eman nahi, baina horrela gertatu da.

Baina indarra, lana, dirua… asko galdu behar da horretan. Noiz arte horrela?

Oraingoz jarraitu egin beharko dugu. Orain txantxetan esaten dut berriro hitzaldiak ematen hasi beharko garela, oraingoan epaia azaltzeko. Behartuta gaude. Herri batetik deitzen badizute, gauean bada ere, nola esango diezu ezetz? Jendeak ikusi nahi gaitu, zorionak eman nahi dizkigu.

Baina, zurrunbilo horretatik atera ezina ez al da etsigarria?

Bai, baina guk ere eman diogu egurra Estatuari. Hormaren aurka jarri dugu. Eta ikusten da honelako kasu bat irabazteko gogo handia zegoela Euskal Herrian. Horregatik esaten nuen nik «Egunkaria» izan behar zela aurrena, hau irabazten ez bagenuen, jai genuen eta. Behar kolektiboa zegoen. Osasun demokratikoari lotutako zerbait zen.

Batzuk epaia balizko inflexio puntutzat hartu dutela ikusten al duzu agian?

Kontuz itxaropen faltsuekin. Egia da zerbait hobea etorriko den ilusioari eusteko beharra duela jendeak. Itxaronaldi honetan, gurea bezalakoak mantentzen du ilusio hori. Nik uste dut kasu honetan ere espektatiba sortu zuela epaimahaiak, epaia apirilaren 12an jakinaraziko zuela iragarri zuenean. Niri kalean esaten zidaten: «ea zer moduz ateratzen den 12koa»… Nabarmentzen dut inoiz ez dutelako hori egiten. Epaileak egun hori «blindatu» zuen, jakinda aurretik zerbait gerta zitekeela, ETAren komunikatu bat, atentatu bat, auskalo… Kontua da jendearen artean ikusmin hori piztuta zegoela. Horrelako sentsazio bat ikusten nuen: «Ea `Egunkaria’rena irabazten dugun, ea guztion artean irabazten dugun». Bateriak kargatzeko balio izan du, baina nik ez nuke sartuko gure historia hau bake eta konponbide prozesu batekin batera. Bistan da, gainera, egin dutena: «Egunkaria»ren epaiaren ondoren, atxiloketak.

Eta ba al da ilusio hori elikatzeko modurik, ahalegin kolektibo hori luzatzeko formularik? Bultzada hau aprobetxatu al daiteke? Irakaspenik atera al daiteke?

Uf… Ez da gure lana, guk ezin dugu hori konpondu. Guk ez dugu garaipen hori patrimonializatzen, inolaz ere, badakigu jende askorena izan dela eta batzuek lagundu gaituztela baina agian honaino bakarrik. Irakaspena atera daiteke agian: jende asko bateratuta, bakoitzak bereizten gaituena alde batera utziz eta batzen gaituena aurretik jarriz, helburu jakin batzuen inguruan, herri honek ahalmen izugarria duela. Orain, behintzat, irabazi dugu eta epai sendo batekin irabazi ere. Baina beti erasoaren ondoren erakusten dugu. Eta egia da energia asko galtzen dela horretan: nekea, joan-etorriak, mobilizazioak, pankartak, hitzaldiak… Hori guztia zenbatuko balitz, milioiak eta milioiak aterako lirateke.

Jende asko poztu dela ikusi dugu, hori bai. Eta norberak ikusten du bere betiko arerio edo lehiakide hori ere poztu egin dela. Baina ez dut uste hori berez gorpuztuko denik. Herri minorizatuetan oso ohikoa da zatiketa hori.