Ahora que Tribunal Supremo ha abierto la cacería contra los juezes estrella como Baltasar Garzón, quizás también tendría que hacer sentar en el banquillo de los acusados el juez Juan del Olmo, impulsor del proceso contra Egunkaria. Un vez que la misma Audiencia Nacional ha demostrado que ninguna de las acusaciones no tenían fundamento, sería el momento de pedir responsablilidades por el mal hecho a las personas encausadas, a la libertado de expresión y al euskera cerrando el único diario en esta lengua. Pero mucho me temo que no pasará.
El Supremo no moverá un dedo, pero tampoco lo hará nadie de la progresía española que estos días llora desconsolada por Garzón. No veremos sindicalistas nostálgicos, ni exfiscales anticorrupción jubilados ni artistas huérfanos de causa pidiendo la cabeza de De el Olmo, porque es mucho más cómodo y queda más progre remover las fosas del franquismo que investigar las cloacas del Estado de derecho. El mismo juez Garzon es un ejemplo de este doble criterio moral de cierta izquierda española, cuando se deleita en investigar torturas en Argentina pero mira hacia otro lado cuando las denuncias de torturas se producen en territorio del Estado español y las víctimas son catalanes o vascos.
A pesar de que llega tarde, la sentencia es una buena noticia, pero no resuelve el problema de fondo, que son las garantías democráticas que tiene que mantener todo Estado en materia antiterrorista para evitar lesionar los derechos humanos. Si no hay cambios legislativos, nada impide que se produzcan nuevos casos Egunkaria. Esta confusión nace del Pacto Antiterrorista que en su día firmaron el PP y el PSOE, que no establece una frontera clara entre vasquismo y terrorismo, sino más bien en el contrario: intenta confundir los términos, siguiendo la doctrina de su inspirador, Jaime Mayor Oreja, que todo es ETA. Y como se ha demostrado en el caso Egunkaria, no todo es ETA.
