Lo esencial del 3 de marzo de 1976

José Arturo Val del Olmo

Noticias de Alava

Antoine de Saint Exupèry, en su conocido libro El Principito, hace decir a uno de sus personajes: «Sólo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos». La realidad, sin embargo, nos indica que es el cerebro, y no el corazón, el que nos permite hacer visible lo invisible.

Durante años ha primado, en el acervo colectivo, el aspecto trágico de una fecha en la que fueron asesinados a quemarropa cinco trabajadores, y decenas fueron heridos de bala. El drama ha desdibujado la riqueza de dos meses de lucha en la que los trabajadores, y nuestras familias, fuimos protagonistas de una página de la historia que constituyó un factor destacado en la conquista de las libertades democráticas en el Estado Español.

Un proceso de lucha con dos rasgos esenciales; la unidad alcanzada entre todos, dirigentes y trabajadores, y la solidaridad generada; local, estatal e internacional, en condiciones muy difíciles.

La Ley de Amnistía, aprobada el 15 de octubre de 1977, relegó el Derecho Internacional, que no permite la prescripción ni el beneficio de la amnistía cuando se trata de violaciones graves de los derechos humanos. Una de sus consecuencias fue la permanencia en puestos claves de la judicatura de personas con responsabilidades durante el franquismo. Esta realidad esta detrás de las dificultades que encuentran las iniciativas para establecer justicia y reparación de las víctimas de la dictadura, incluidas las del tres de marzo.

Para la clase trabajadora nunca han sido tiempos fáciles, y es un tópico pensar que tiempos pasados fueron mejores. Hoy enfrentamos problemas similares a los de entonces; conseguir un empleo y unas condiciones de vida decentes, y nos oponemos a los mismos, porque detrás de la referencia a «los mercados» hay nombres y apellidos, personas que con sus decisiones hipotecan el presente y el futuro de casi todos.

Durante años se ha utilizado el concepto de Europa como coartada para reducir los gastos sociales, desmantelar el sistema público de protección social, y justificar las reducciones salariales y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Una receta acabada para una crisis que obliga ahora a los estados a endeudarse masivamente y pagar sumas enormes en concepto de intereses al capital privado, justamente los responsables del desastre.

La política de pactos sociales seguida por los dirigentes de UGT y CCOO no ha evitado que creciera la precariedad y la desigualdad, pero, la alternativa no es, como predica ELA-STV, refugiarse en las empresas abandonando los convenios sectoriales, que protegen a los trabajadores con peores condiciones de trabajo, y tampoco dividir al movimiento obrero con la falsa expectativa de que la solución está en aumentar el autogobierno.

Cambiar esta situación exige unidad de acción sindical, sin fronteras y sin excusas, objetivos claros, debate entre los trabajadores, en las secciones sindicales y en asambleas de centro de trabajo, solidaridad, y coordinación de las luchas sectoriales. Justamente lo que aprendimos aquel 3 de marzo.

Hoy más que nunca las necesidades de la clase obrera son comunes en todas partes; reducir la edad de jubilación y la jornada laboral para repartir el empleo existente, readmitir al trabajador cuando el despido es improcedente, garantizar un subsidio de paro suficiente, acabar con la precariedad laboral, controlar los recursos financieros para planificarlos en beneficio de la sociedad

Hay que unir esfuerzos y golpear juntos, el mejor homenaje a nuestros muertos, mientras seguimos defendiendo el derecho a la justicia y practicando el deber de no olvidar, porque en el corazón del mas duro invierno late siempre una maravillosa primavera.

3 de marzo, sinónimo de impunidad

Andoni Txasko Diaz, * Asociación 3 de Marzo- Martxoak 3 Elkartea –

Gara y Deia

Han pasado 34 años desde que el régimen fascista reinante en aquel momento, truncara con la ayuda de las armas un movimiento ilusionante que además de unas condiciones dignas de trabajo, luchaba y había depositado sus esperanzas en lograr un nuevo espacio de democracia y libertad. El 3 de marzo de 1976 la Policía Armada Española, pistola y metralleta en mano, asesinó a cinco trabajadores e hirió a más de un centenar de diversa gravedad. En una criminal actuación, y tras gasear la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga, procedió a disolver a tiros una pacífica asamblea de obreros que reclamaban una mejor situación laboral y la vuelta de las libertades y la normalidad democrática, la cual, el dictador Francisco Franco había roto 40 años antes liderando un golpe militar contra la legitimidad de un gobierno republicano, libre y democráticamente votado y establecido. Un golpe militar que propició la implantación de una feroz y brutal dictadura que reprimió y eliminó de manera sistemática a todas aquellas personas que, por sus ideas, cultura, idioma o condición diversa, supusieran un peligro y una amenaza contra los principios que implantaron en su denominado «Glorioso Movimiento Nacional».

Muerto Franco el 20 de noviembre de 1975, la dictadura no murió con él. Con objeto de mantener y perpetuar en el tiempo el régimen implantado, el dictador y su séquito se habían preocupado de dejarlo todo atado y bien atado para cuando abandonara este mundo. En ese atado y bien atado no cabía ninguna posibilidad ni expectativa de apertura o de cambio, por el contrario sí estaba contemplada la manera de actuar contra todo lo que representara una amenaza para su perpetuación.

Lo sucedido el 3 de marzo de 1976 se enmarca precisamente en el peligro que suponía para los herederos del régimen, permitir la prolongación de la movilización obrera iniciada en Gasteiz. No estaban dispuestos a tolerar el ejemplo a seguir que podía suponer en otros lugares la lucha de Gasteiz. Y actuaron al igual que lo hicieron en el 36, con las armas. Su tan estudiada y planificada estrategia para mantener los pilares del régimen implantado, no podía depender de unos cuantos obreros, que, plenos de dignidad y ansiosos de libertad, pretendían la ruptura con un terrible y aciago pasado, para crear y forjar un futuro nuevo y prometedor.

34 años después, los familiares de los trabajadores asesinados y los afectados de aquella actuación criminal, reconocida por la propia Policía como una «masacre», seguimos reclamando verdad, justicia y reparación, al tiempo que los responsables, tanto materiales como inductores de los hechos continúan en la más completa impunidad. Unos sucesos que el Estado español encubre y se niega a juzgar, bajo argumentos de la prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido y a la aplicación de la Ley de Amnistía del 77, aun a sabiendas que los delitos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. En este sentido, son cada vez más numerosas las voces que catalogan las actuaciones asesinas del franquismo como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Así lo entiende, por ejemplo, Amnistía Internacional en su Informe del 18 de julio de 2005 o el propio Consejo de Europa en su Declaración del mes de marzo de 2006, además de numerosas personas representativas y muy cualificadas que trabajan en el ámbito de la justicia y en el tratamiento y la aplicación de los derechos humanos a los afectados por actos de represión. Ni qué decir tiene, que nosotros, víctimas de una actuación terrorista impulsada desde un gobierno que 100 días antes presidía Franco, vamos a impulsar y promover las iniciativas que sean necesarias para poder plantear con garantías, acciones judiciales en demanda de justicia. Es necesario juzgar al franquismo, y en esa labor es fundamental que todos/as los/las represaliados/as y sus familiares nos comprometamos en la presentación a nivel individual o colectivo de las correspondientes demandas judiciales, para lo que, nuestra asociación, integrada en la coordinadora Lau Haizetara Gogoan, pone a disposición de los interesados/as, los canales necesarios para que dichas demandas puedan realizarse con coherencia y unas mínimas garantías jurídicas y procesales. Con ello, y con el respaldo y apoyo de una sociedad cansada de impunidad y en exigencia de justicia, lograremos sentar en el banquillo a un régimen genocida y criminal como fue el liderado por el militar golpista Franco, y en el que algunos de sus más fieles partidarios y adeptos, se mantienen, a día de hoy, ocupando puestos relevantes de poder e incluso, alguno de ellos presidiendo de forma honorífica, partidos políticos que se dicen democráticos.

A pesar de los diversos reveses recibidos por la justicia, nuestro esfuerzo va a centrarse en esa dirección y un primer paso por nuestra parte va a ser solicitar la revisión de la negativa a ser considerados como tales, por la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Es incongruente y no alcanzamos a entender cómo, por un lado, se nos niega el amparo en esta ley argumentando que la actuación el 3 de marzo de 1976 de la Policía Armada no fue una actuación terrorista, muy al contrario, se trató de una actuación para recuperar el orden perdido tras una insurrección obrera, y por otro, nos admiten en la ley conocida como de memoria, por tratarse de unos hechos en los que los trabajadores asesinados lo fueron en la lucha por las libertades y la democracia. Ante esta manifiesta y clara contradicción, y más allá del trato desigual y discriminatorio que supone ser contemplados en una u otra ley, el Gobierno español tendrá que pronunciarse y dar una explicación coherente, o, llegado el caso, serán los tribunales de justicia o el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, en el que tenemos planteada una demanda pendiente de resolución, los que dictaminen.

Es evidente y así queda de manifiesto, la nula voluntad de las autoridades políticas del Estado español de esclarecer y de enjuiciar flagrantes vulneraciones de derechos humanos como la matanza de Gasteiz. Por el contrario, tratan de ocultar, de silenciar y de dejar en el olvido, sin mostrar un sentido y verdadero reconocimiento, a los afectados y afectadas por aquellos hechos. Son incapaces de pedir perdón y asumir la responsabilidad, que como gobierno les corresponde, por la acción terrorista llevada a cabo contra el pueblo trabajador el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, amparando con su postura a los responsables de la misma.

Contra el olvido y la impunidad, memoria y justicia. Ésa es nuestra labor y ahí estamos, compartiendo espacio y esfuerzos con otros colectivos memorialistas de Euskal Herria. Es esencial e imprescindible transmitir la historia en base a relatos veraces y ajustados a la realidad y corresponde a la comunidad educativa, a través de unidades didácticas debidamente consensuadas y elaboradas, la responsabilidad de dar a conocer en las aulas una historia que algunos quieren negarnos. Es inadmisible que sigan imperando versiones mentirosas y tergiversadas, que como en el caso del 3 de marzo, tratan de justificar una actuación desde cualquier punto de vista injustificable. Si queremos construir y forjar un futuro sólido, deberá sustentarse en un conocimiento exacto del pasado, por eso, a las nuevas generaciones les debemos una historia sin vacíos ni agujeros negros, con objetividad y total transparencia y veracidad.