LA reorganización administrativa de Catalunya, para recuperar en parte las entidades territoriales suprimidas en 1833, es una aspiración vieja, retomada con la autonomía, pero que los sucesivos gobiernos de Pujol y de Maragall no se atrevieron a abordar.
Ahora, en año de autonómicas, el conseller Jordi Ausàs, de Esquerra Republicana, con el apoyo del president Montilla, se lanza a la recuperación de la división tradicional del Principat en vegueries, instituciones menores en territorio de unas provincias que siempre han sido rechazadas por los catalanistas, al punto que acostumbran a referirse a ellas como demarcaciones (en referencia a las circunscripciones electorales).
Han pasado casi doscientos años desde aquella división artificial del secretario del Gobierno español Javier de Burgos, validada por la reina regente María Cristina, en minoría de edad de Isabel II, pero claramente inspirada en el jacobinismo de los liberales, vencedores de hecho de la primera carlistada, pese al simbólico Abrazo de Vergara.
Hay que recordar que en aquel mapa Lleida estuvo a punto de desaparecer y, de hecho, parte del territorio de habla y cultura catalanas, la denominada Franja de Ponent, se pasó a Aragón, a través de Huesca. Caso bien diferente al de la Euskal Herria peninsular, donde se respetaron como nuevas provincias los territorios históricos.
El tiempo transcurrido ha sido más que suficiente para crear unas inercias que constituyen un pesado lastre para el proyecto. El esquema propuesto ahora tropieza con la oposición de alcaldes que ven amenazado el municipio como capital, hasta ahora provincial o comarcal, o que aspiran a serlo de la veguería correspondiente. Muchos, y de peso, de los propios partidos que comparten el gobierno. La manifestación de miles de personas en Tarragona para defender la preponderancia de la ciudad desde los romanos, frente a la vieja reivindicación y la rivalidad de Reus, ha sido la demostración más evidente.
De los siete nuevos entes diseñados por los técnicos y propuestos por Ausàs, solamente el de las tierras del Ebro concita unanimidad, entre partidos y sobre el terreno. CiU propone añadir una octava, el Priorat. El Aran de lengua e instituciones propias reforzadas se opone a la inclusión en el Alt Pirineu, junto a comarcas de Lleida y Girona…
Existe, además, otro peso muerto en contra de la reforma que no es recuperación exacta del mapa administrativo anterior y es la fuerte carga de instituciones, con los correspondientes presupuestos, funcionariados y cuotas de poder que los interesados consideran irrenunciables. Además del Govern de la Generalitat y de los municipios, existen los consejos comarcales y, por supuesto, las diputaciones, especialmente poderosa la de Barcelona. Con muy buen criterio, la mayoría política considera necesaria la supresión, como mínimo, de las administraciones provinciales. Incluso como circunscripciones electorales, que una ley electoral propia es otra asignatura pendiente desde hace treinta años al ser, como mínimo, igual de incómoda y compleja en la definición. Pero esa sería otra reforma.
En el Partido Socialista (PSC), la mayoría de voces que se han alzado han pedido el aplazamiento del trámite del proyecto, como mínimo hasta la próxima legislatura. De momento, el Govern ya ha dilatado la aprobación interna, prevista para el primer Consell Executiu del año. El autor directo, Jordi Ausàs (ex alcalde de la fronteriza Seu d»Urgell), y el president José Montilla (aparentemente sin tanta convicción como Ausàs) insisten en darle luz verde este mismo mes. Veremos qué acaba diciendo la última hoja de la margarita. Sin olvidar lo que pueda decidir el Constitucional sobre el Estatut, cuando lo decida.
