En el ámbito de las redes eléctricas inteligentes, lo que puede resultar más apasionante es que tienen que surgir todavía muchas normas y que las tecnologías que se aplican se encuentran en continuo proceso de mejora. Por tanto, en cierto modo es comprensible —aunque nunca excusable por lo cínico e irresponsable que representa— que las empresas eléctricas no se atrevan a hacer grandes apuestas por diseños y productos ‘inteligentes’ pues quieren evitar el riesgo de invertir en algo que, más tarde, pudiera quedar obsoleto. ¡Como si las tontas redes eléctricas actuales no fueran lo suficientemente obsoletas ya!
Sin embargo, encarando riesgos parecidos es como precisamente se ha desarrollado el progreso de la humanidad. Por ello, no tiene sentido que actualmente las empresas eléctricas, con sus miedos y reticencias a la inversión en ’smart grids’ —que hacen todavía mucho más injustificables los privilegios que gozan— estén frenando gran parte de la salida de la actual crisis económica, evitando que se creen nuevas áreas de actividad económica y un consiguiente gran número de empleos.
Debido a la dejación de estas tareas, los gobiernos son muy responsables de que estas empresas, siendo un servicio público, puedan seguir frenando el desarrollo y actuando, impunemente, como el perro del hortelano.
En el caso de la empresa eléctrica estadounidense, PG&E, antes de decidirse por Silver Spring Networks, cometió un grave error al optar por una infraestructura de medición diferente a la que luego planteara Silver Spring. La infraestructura que realizó PG&E resultó ser demasiado limitada para muchas aplicaciones. Quedó bien evidente que la empresa eléctrica no sabía construir redes eléctricas inteligentes. Por este motivo buscó la colaboración de Silver Spring Networks.
Finalmente, y tras los acuerdos con Silver Spring, la infraestructura de red eléctrica inteligente que se pretendía realizar resultó ser bastante diferente de la que PG&E planteara en un inicio. Por ello, tomó algún tiempo convencer a los reguladores para que aprobaran las inversiones adicionales. Estas nuevas inversiones supusieron que los costes totales del proyecto aumentaran en un 30%, pasando de 1.700 millones de dólares a 2.200 millones de dólares.
Sin embargo, las dificultades continuaron. En efecto, a pesar de haber logrado el apoyo de los responsables de la regulación del sistema eléctrico surgió un segundo obstáculo. Esta vez fue la política. Dentro del sector de la energía, también las redes eléctricas tienen detrás un montón de lobbies y de grupos de interés o ’stakeholders’ que, incomprensiblemente, se oponen al desarrollo de las ’smart grids’ y presionan a los políticos.
Son lobbies que van desde las empresas eléctricas y financieras a los consumidores, pasando por los grupos ecologistas. Todos los que se oponen, aún por razones bien antagónicas, coinciden en que no son partidarios de mejorar las aplicaciones de las redes eléctricas. Parece como si la codicia de los grupos financieros y la ‘ecología’ miope infectada por el efecto ‘Nimby’, se hubieran clavado en la era de las redes eléctricas tontas y no hubiera quien los sacara de ahí.
Por otro lado, dado que la mayoría de las empresas eléctricas se han convertido en reductos del capital especulativo, a la hora de realizar inversiones en ’smart grids‘, es ya algo normal que salten pegas por todas partes. El hecho de compartir los gastos y los beneficios con el sector público está siendo objeto de difíciles negociaciones ya que muchas eléctricas siguen defendiendo que los beneficios son exclusivamente de ellas y que las pérdidas deben socializarse haciendo que las paguen todos los ciudadanos porque son empresas de servicio público.
En algunos países, los gobiernos apoyan a las eléctricas descaradamente pero en otros no. Así, en Estados Unidos, por ejemplo, las comisiones de las empresas de servicio público de los diferentes estados no permiten que la mayor parte de los beneficios de una red eléctrica inteligente —en la medida que permiten una distribución más eficiente de la energía y ocasiona menores emisiones de carbono— vayan a parar a engordar la cuenta de resultados de la empresa eléctrica, ya que ésta es también una empresa de servicios públicos y que, por tanto, goza de muchos privilegios.
Por el contrario, tampoco ayuda mucho el hecho de que sigamos regulando la economía mediante normas y procedimientos de evaluación basados en un modelo neoliberal que hace tiempo que se ha mostrado obsoleto e inservible. Así ocurre con el caso de negocios —‘business case’ o caso empresarial— de las redes eléctricas inteligentes que, a la hora de justificar inversiones en este campo, dan resultados muy negativos a este tipo de inversiones.
Según el modelo capitalista neoliberal, las redes eléctricas inteligentes, por definición, reducen la demanda eléctrica —y con ello los ingresos— y, en última instancia, también reducen los beneficios de las empresas eléctricas. Por consiguiente, serán un progreso en pro de la sostenibilidad pero para las eléctricas son un paso atrás que hay que combatir.
En consecuencia, con esta visión terriblemente tan nefasta, por lo cortoplacista, injusta y mediocre que es, muchas empresas eléctricas no piensan hacer nada, por ahora, en materia de construcción de redes eléctricas inteligentes. Lo prioritario para ellas es no reducir el dividendo por acción e impedir que nadie haga nada en materia de redes eléctricas inteligentes. No están dispuestas a asumir riesgos apostando por un futuro sostenible donde se reduzcan los consumos de electricidad.
Sólo unos pocos territorios y países, como California, han logrado que las compañías eléctricas ya no se preocupen por el hecho de vender menos energía. Pero, en la mayoría de los países, donde la corrupción política es muy fuerte todavía, no se ha logrado desacoplar la venta de kWh con la competitividad de la empresa eléctrica.
Con ello, y a la espera de contar con gobiernos que sepan colocar a las empresas eléctricas en su sitio para que, de este modo, estén a la altura de las circunstancias y de los retos de futuro, el tiempo pasa inexorablemente y lo hace en contra de nosotros.
Nuestra mayor preocupación es que muchas empresas eléctricas se queden a mitad de camino y no lleguen a construir un despliegue total de las redes eléctricas inteligentes, de manera que lleguen a las empresas y a las viviendas a tiempo. Esta eventualidad, pondría en grave riesgo la competitividad futura de cualquier país y de sus empresas.
