Nunca he sido partidario del “cuanto peor, mejor”. Tampoco ahora ante la que podría ser una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) demoledora de ciertos ejes básicos del nuevo Estatut de Catalunya aprobado hace tres años en referéndum. Y lo digo desde mi independentismo desacomplejado: la aspiración a la plena soberanía de Catalunya no me convierte en un insensato a la busca de un conflicto jurídico y político que, desde mi punto de vista, acabaría de enmarañar la que debería ser una vía plenamente democrática para la autodeterminación de la nación catalana.
Ya he dicho en diversas ocasiones que mi independentismo no es antiespañolista.
En este sentido, me parecen sensatas las palabras del president José Montilla el pasado domingo en Maià de Montcal, advirtiendo del grave conflicto que se avecina, ya no tanto para los catalanes, sino especialmente para el conjunto de España. En realidad, Montilla dijo exactamente lo mismo que podría haber dicho el ex president Jordi Pujol si estuviera en el ejercicio del mismo cargo. Desde el punto de vista de quienes confiaron y que, a pesar de todo, parecen seguir confiando en
La crisis constitucional que puede desencadenarse en los próximos días -a no ser que, por enésima vez, vuelva a pararse toda la maquinaria- es de una dimensión de consecuencias difíciles de predecir. Pero es hora de recordar un par de cosas. Por una parte, que no la hemos provocado los independentistas. Ha sido el Partido Popular y también el Defensor del Pueblo, un socialista de la confianza del Gobierno español, quienes irresponsablemente han entrado solos y por bajas razones -electoralismos fáciles y patrioterismos resentidos- en este laberinto del que el TC no sabe como salir. Por otra parte, la composición partidista del TC ha acabado de complicar el asunto. Tener que aguantar que la señora Sánchez-Camacho se escandalice farisaicamente de las presiones del president Montilla sobre el tribunal es profundamente irritante. El actual TC ha sido presionado desde el nombramiento de sus miembros tanto por parte del PP como del PSOE, y luego por toda la prensa amiga de unos y otros en Madrid. No le falta razón a Joan Ridao cuando afirma que, acabe como acabe, este tribunal ya no tiene legitimidad política para dictar nada. Jurídicamente, el TC puede decir misa.
Como sostiene Montilla, el principal problema de cualquier sentencia que quiera castrar, ya sea químicamente o de cuajo, los atributos de la nación catalana, es que va ser un gran problema para España. A los catalanes, sin lugar a dudas, nos señalará más claramente el destino que nos conviene. En este sentido, los paños calientes que parecen poner otras formaciones políticas se me antojan como un sinsentido.
¿Cambiar
En una perspectiva cortoplacista, es posible que una sentencia intolerante del Constitucional como la prevista dé más alas al independentismo catalán. Si