Las nuevas doctrinas

El derecho a la ignorancia

Cuando parecía que la cruzada de Rodolfo Ares se había atemperado un poco, Isabel Celaá ha cogido la bandera del pacto PSE-PP para demostrar que este Gobierno vasco es capaz de realizar políticas que no hacía el anterior y transmitir a la opinión constitucionalista, pública y publicada, que el haber sacado del gobierno al PNV no ha sido inútil.

Con el injurioso cuento del «adoctrinamiento nacionalista» y con la intención de impedir que el euskera sea la lengua principal en la escuela, Celaá, junto con Ares y EITB, se ha convertido en otro símbolo del cambio que quería provocar el gobierno de Patxi López al llegar el momento de hacer balance de los primeros seis meses de gobierno del PSE-EE.

En efecto, cuando ha pasado medio año desde que el PSE-EE tomara el poder, el balance del cambio prometido por López se ha limitado a esos tres símbolos: la cruzada de Ares, el cambio de imagen de EITB y la no tan nueva doctrina de Celaá, concretamente la que quiere establecer el derecho de los progenitores a que sus hijos acaben la enseñanza básica sin saber euskera y que llama rigor científico a la negación de la existencia del País Vasco.

Gracias al modelo de oposición adoptado por el PNV últimamente y al acuerdo presupuestario firmado con éste, Patxi López ha logrado, hasta cierto punto, una estabilidad y centralidad que casi nadie esperaba, pero iniciativas como las de Celaá hacen recordar de mano de quién y con qué objetivos llegó el PSE-EE a Ajuria Enea. Además, es de justicia pagar las deudas a quien ha dado el apoyo necesario para llegar el poder.

6 de noviembre

Inteligencia militar

Es duro lo de la Audiencia Nacional española. La decisión cautelar de un solo juez puede bastar para dejar sin diario a miles de lectores, encarcelar a toda la dirección de un movimiento político, poner en peligro un proceso de paz impulsado por el propio Gobierno de España y otros tantos gobiernos y agentes del ámbito internacional o, ahora, poner en un riesgo aún mayor a los 36 pescadores que ya antes estaban en peligro mediante el encarcelamiento en prisiones españolas de los dos supuestos secuestradores detenidos en Somalia.

¿Conocen el libro titulado La inteligencia militar? Es hermoso y fácil de leer: todas las páginas están en blanco, sin una sola letra. No está claro quién merece más capítulos: el responsable militar o político que ordenó la detención de los dos presuntos secuestradores, el fiscal que solicitó el traslado a España de los detenidos o el juez que lo ordenó, el dichoso Garzón. Ahora, así lo ha dicho la ministra de Defensa, Carme Chacón, el Gobierno no puede hacer nada en lo tocante a los dos encarcelados, puesto que están en manos de la Justicia y la Justicia, como es sabido, es independiente.

Pero vayamos a las hemerotecas. El 6 de mayo de este año: un barco de la Marina española, el Marqués de la Ensenada, detuvo a siete somalíes cuando supuestamente iban a secuestrar a un pesquero. 7 de mayo: el fiscal solicitó el encarcelamiento de los siete detenidos en prisiones españolas y, con esa petición como fundamento, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó su traslado a Madrid. 8 de mayo: la Fiscalía cambió de criterio, al parecer porque se enteró de que el acuerdo entre la Unión Europea y Kenya obligaba a poner a los detenidos en manos de la Justicia de Kenya; el mismo día, el juez Andreu ordenó la puesta en libertad de los siete detenidos, a pesar de que lo hizo «por imperativo legal», ya que estaba en «total desacuerdo» con esa decisión. No ordenó trasladarlos a Kenya, sino dejarlos en libertad. Al final, después de numerosos vaivenes judiciales, no los dejaron en libertad, pero sí en manos de Kenya. Es decir, la petición de la Fiscalía obligó al juez a no trasladar a España a los siete detenidos somalíes. Y no hace de eso cinco, diez o veinte años, sino cinco meses.

Ahora, la vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano desde el 2 de octubre, desde que secuestraron a los pescadores del Alakrana. Pero ha pasado más de un mes desde que alguien tuvo la genial idea de detener a dos supuestos secuestradores y ni la Fiscalía ni el abogado del Estado han solicitado aún que se emplee el acuerdo de la Unión Europea con Kenya, como hicieron hace cinco meses, cuando esa petición bastaría para poder ordenar que los dos somalíes salgan de España.

Ronda de reuniones

En la factoría de ideas del palacio de Ajuria Enea se les ha ocurrido una iniciativa innovadora: una ronda de reuniones con los partidos para hablar de la posible reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca. Y luego dirán que la historia no se repite.

Berria, 7 de noviembre de 2009

Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull

Publicado por Rebelión-k argitaratua