Y espero que la última sea de celebración del fin de una pesadilla. Hace más seis años y medio que a los encausados en el caso Egunkaria les dura el calvario de vivir pendientes de un hilo judicial lo suficientemente sólido, en este caso concreto al menos, como para que no se haya roto pese a las peticiones de archivo de las actuaciones por parte del ministerio fiscal y de las defensas. Son personas que viven bajo la amenaza de ser condenadas a largas penas de cárcel acusadas de pertenencia a ETA.
Es decir, que a estas alturas ese caso se sostiene sólo por la acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia y
Seis años y medio es tiempo más que suficiente para que las cosas se diluyan y también para que se enreden, como se han enredado en este caso, sobre todo si falta solidez en las pruebas en las que se basa la acusación, y aquí es palmario que falta, habida cuenta de la retirada de la acusación por parte del fiscal, al margen de que haya habido irregularidades en el procedimiento que han dado lugar a la nulidad de actuaciones.
Estimo que no es justo mantener, por una cuestión política, exclusivamente política, a unas personas acusadas de delitos graves en la incertidumbre de enfrentarse a penas de entre 12 y 14 años de cárcel. El estado de derecho enseña aquí su peor cara, que la tiene. Las declaraciones que hizo el portavoz del PP, Acebes, al tiempo de la retirada de la acusación por parte del fiscal, son prueba suficiente de esa intencionalidad política. Los testimonios de las personas encausadas, que muchos hemos tenido oportunidad de escuchar, no dejan lugar a dudas de lo sucedido al tiempo de su detención y del calvario que siguen viviendo.
Por otra parte, las personas encausadas han sido ya castigadas a estas alturas suficientemente y por un delito que no han cometido. El estar pendiente de un proceso de cuyo resultado pueden derivarse duras penas de cárcel, el linchamiento social y mediático padecido que se guarda en las hemerotecas, el haber servido de leña al fuego de tertulianos sin escrúpulos, es ya suficiente condena, injusta insisto.
Una situación que ni ha suscitado ni suscita mayores comentarios por parte de los paladines habituales de la democracia y la libertad, a los que el cierre de diario Egunkaria les importa un comino, pero que con seguridad hubiesen puesto el grito en el cielo de haber sido otro el periódico clausurado y otras las personas procesadas. No se trata de exigir cuentas a nadie ni de reprochar nada (por un elemental respeto a la libertad de conciencia ajena), sino de constatar una realidad que habla de una sociedad dividida en facciones enemigas. El sistema de libertades depende de quién las ejercite y la verdad de las cosas del ruido mediático que se haga sobre ellas.
Fue noticia, y bomba además, el cierre del diario Egunkaria, en febrero de 2003, y las acusaciones de pertenencia a ETA de miembros de su directiva y consejo editorial, pero no fue ni lo es, o muy poco, la retirada de la acusación por parte del fiscal. Son muchos los medios de comunicación que hablaron y han silenciado ese estado poco claro del procedimiento que hace pensar en la exculpación total. Eso lo dice todo y se comenta solo.
Estoy persuadido de que este asunto tiene un fondo político que va mucho más allá de la acusación de pertenencia a ETA; un fondo oscuro y poco honorable en un estado de derecho: si se trata de causar daño al adversario/enemigo político, cualquier medio es válido, hasta la utilización torticera de la ley, sobre todo ésta. No basta con decir Hablarán los tribunales después de haberlos azuzado, como quien hace una apuesta y espera que el resultado le sea favorable. Hasta ahora, en el caso Egunkaria, se han producido unos daños, personales y materiales, que me temo sean irreparables, y eso deja en entredicho un sistema legal que, gracias al procedimiento penal que puede poner en marcha, produce indefensión efectiva.
