La justicia, la dignidad y el consejo de guerra contra el presidente catalán
En la tarde del día 13 de agosto del 1940, un grupo de policías alemanes y españoles irrumpieron en la casa de La Baule donde vivía exiliado Lluís Companys. Tras revolver de manera frenética la casa en busca de un inexistente dinero del gobierno catalán, los policías trasladaron al presidente de la Generalitat a una villa que los alemanes habían habilitado como cuartel general. Seis días después ya estaba en París, incomunicado dentro de una celda de la prisión de La Santé. Allí sufrió su primer interrogatorio, a cargo de un tétrico funcionario franquista que respondía al nombre de Pedro Urraca Rendueles.
Precisamente, fue Urraca, acompañado por un oficial alemán, la persona encargada de seguir las órdenes directas del ministro de Asuntos exteriores franquista, Ramon Serrano Suñer, y trasladar al presidente de la Generalitat desde la capital francesa hasta la frontera de Irún, donde quedó en manos franquistas. Poco antes de dejarlo, y para cubrirse las espaldas, Urraca hizo una fotografía a Companys para demostrar que lo había entregado en buen estado. Una gran idea, puesto que a partir de aquel momento las cosas irían cada vez peor dadas para el presidente catalán. Encerrado en los calabozos de la siniestra Dirección General de Seguridad, en Madrid, Lluís Companys fue vejado, exhibido cómo si fuera un animal y torturado por los franquistas. Y desde allí, ya en unas condiciones lamentables, enviado hacia Barcelona, donde se le preparó un consejo de guerra que lo condenó a muerte «como responsable en concepto de autor por la adhesión al ya expresado delito de rebelión militar». El presidente Companys fue fusilado en la madrugada del 15 de octubre de 1940.
Han pasado casi setenta años desde estos hechos. Y, cuestión que es más importante, treinta y cuatro desde la muerte del dictador. Y en todo este tiempo, ningún gobierno español ha tenido la valentía de hacer un acto de justicia tan evidente como anular los consejos de guerra realizados durante la dictadura. El primero, el de Lluís Companys, asesinado para ser presidente de Cataluña. Y después el resto de sumarísimos que llevaron a la muerte a miles de luchadores antifranquistas.
Hace ya un tiempo escribí en las páginas de este diario que una de las carencias más grandes de la Transición fue el no reconocimiento de las víctimas de la dictadura. Lo sigo pensando. Pero hoy, tantos años después, aquella carencia de entonces se ha convertido en un atentado contra la justicia y la dignidad. Es paradójico que en pleno siglo XXI Lluís Companys continúe siendo un delincuente para la justicia española. Y dice muy poco que ni Suárez, ni Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni Aznar ni Zapatero (a pesar de las promesas de este último y la recientemente aprobada ley de memoria histórica) hayan tenido la altura de miras necesaria para abordar este tema con un mínimo de decencia democrática. Hemos tenido suficiente tiempo para constatar la incapacidad o la cobardía de los gobiernos españoles de turno para abordar este tema con una mínima sensibilidad. Por lo tanto, ha llegado la hora de que el gobierno catalán recoja el mandato de nuestro Parlamento -y la petición efectuada a través de la Comisión de la Dignidad por una treintena de personalidades distinguidas con la Cruz de Sant Jordi- e inicie todas las actuaciones jurídicas y políticas pertinentes para conseguir la anulación del consejo de guerra que llevó Companys a la muerte.
No se Tienen que aceptar ya ni más promesas ni más declaraciones que sólo pretenden enmascarar la cruda realidad. El actual presidente de la Generalitat es quien mejor tendría que entender la necesidad de estas medidas, En primer lugar, porque Companys fue asesinado por ser presidente de Cataluña. Y en segundo lugar, porque, como máximo dirigente de nuestro gobierno, José Montilla es sucesor directo de todas las personas que ostentaron este cargo en los años de la república, de la guerra, de la dictadura y de la democracia. Entre ellos, Lluís Companys, aquel presidente que, casi setenta años después de su muerte, sigue siendo considerado un criminal por la justicia española. Hay que poner remedio, si puede ser antes de que pasen siete décadas más.
Noticia publicada en el diario AVUI, página 23. Viernes, 19 de junio del 2009
