Los vascos somos proclives a viajar y a discutir. Son dos grandes pasiones que suelen confluir en nuestra vidas cuando, en uno de esos viajes, nos encontramos con alguien interesado en la situación que vive nuestro país.
Antes de conseguir llegar a un debate constructivo sobre el proyecto político que defiende, un independentista vasco debe desarrollar todo un debate socrático sobre la situación real del pueblo vasco. Esa discusión está dirigida a establecer el punto cero del debate a partir del que, basándonos en el fair-play o juego limpio, poder explicar a nuestro interlocutor que únicamente queremos poder decidir nuestro futuro como comunidad política y que luchamos para conseguir un mundo mejor para las futuras generaciones.
Esos debates suelen tener varios elementos en común. Por un lado está el debate sobre la casuística. Empleamos un gran esfuerzo en hacer entender a nuestros interlocutores que es difícil que puedan darnos más ejemplos de injusticias de los que nosotros podemos nombrar. En general nuestros interlocutores suelen desconocer los casos que mencionamos.
Por otro lado, solemos explicar a esos nuevos amigos la discriminación que padecemos con el gráfico ejemplo de las dos varas de medir. Mientras los españoles están empeñados en que sigamos siendo ciudadanos españoles, el Estado y el Gobierno que deben velar por nuestros intereses como ciudadanos nos tratan como a enemigos. Nos señalan, reprimen y condenan por nuestra ideología y por nuestra adscripción nacional. Y Esa contradicción acentúa nuestro sentimiento de humillación sistemática y consigue el efecto contrario al buscado: genera nuevos independentistas.
Evidentemente, nuestras razones para querer ser independientes no se reducen a una respuesta a la discriminación. Pero ese elemento refuerza nuestra convicción de que necesitamos un estado que garantice los derechos de los ciudadanos por igual. Asimismo, estimula nuestra certeza empírica de que es más fácil conseguirlo a través de la independencia que a través de un cambio en la mentalidad política española. Un cambio que no vislumbramos en ningún caso y sobre cuya ausencia podemos citar de memoria otro par de cientos de ejemplos.
Condenados como estamos a repetir esos debates una y mil veces como si del día de la marmota se tratara, considero que es hora de sofisticar ese argumento. Debemos aclarar que, si bien es cierto que en el Estado Español existen dos varas, sólo una de ellas tiene la función de medir. La función principal de la otra vara es la de azotar con saña a la disidencia política vasca en su conjunto. Los últimos acontecimientos judiciales expresan claramente con qué madera se ha «construido» esa vara.
La condena establecida por el Tribunal Supremo español a 23 jóvenes vascos a penas de cárcel por pertenencia a las organizaciones Jarrai, Haika y Segi, considerando que estas organizaciones son terroristas, tiene un precedente en la absolución de los miembros de los GAL del mismo delito por el mismo tribunal.
El resumen es el siguiente. En España uno de los máximos órganos judiciales del Estado considera que matar a 23 personas de manera organizada para conseguir un objetivo político no es terrorismo. En España, ese mismo órgano judicial considera que, en el caso del movimiento juvenil independentista vasco, 23 jóvenes deben ser condenados por terrorismo, basándose para ello en la unión metafísica entre su discurso político y los objetivos de la acción armada de ETA.
Las razones aducidas por el Tribunal Supremo en 1998 para no considerar terrorismo los actos del GAL fueron que los autores no constituían una banda, que no tenían armas y que, visto desde Madrid, no generaron el terror suficiente entre la población civil. Que eran una «banda» lo dejaron claro ellos mismos. Que no tuviesen armas es algo improbable, dado que varios de ellos eran policías con licencia de armas y de más cosas. Que no generaron suficiente terror es una apreciación subjetiva de los magistrados que únicamente demuestra su falta de sensibilidad y humanidad y que, en el fondo, señala que nuestra sociedad no es la suya aunque no por ello dejemos de ser sujeto punible.
En principio la Audiencia Nacional absolvió de ese mismo delito a los imputados en el sumario contra el movimiento juvenil vasco basándose precisamente en aquella sentencia. Sorprendentemente, la fiscalía recurrió esa sentencia y ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Digo sorprendentemente, pues el responsable último de ese recurso es Cándido Conde-Pumpido, miembro de aquel tribunal que consideró que el GAL no era una organización terrorista y que ahora es Fiscal General del Estado.
Es difícil decir cuál de las dos sentencias es más escandalosa. En todo caso, es importante señalar que, juntas, las dos suponen un claro ejemplo de la concepción que tiene España de lo que es un estado de derecho. Las continuas referencias a ese estado de derecho por parte de miembros de la cúpula socialista en el Gobierno me refiero a juristas como Diego López Garrido o José Antonio Alonso, suenan huecas a los miles de vascos que llenamos los camping de la Costa Dourada, visitamos las capitales europeas o practicamos senderismo en los Pirineos.
Término el artículo con una paradoja. Casualmente, entre los miembros del movimiento juvenil independentista se encuentran hijos de asesinados por el terrorismo de estado. Al no ser considerado terrorismo, ellos no son considerados víctimas. Ahora son encarcelados bajo la acusación de ser miembros de un grupo terrorista, aunque su único delito sea reivindicar políticamente el derecho a defender aquello por lo que sus padres y madres lucharon, por lo que fueron asesinados.
No soy jurista y mi artículo no estaba encaminado a ser un análisis comparativo de las dos sentencias. Considero ese análisis necesario y pido desde estas líneas que, nada más conocerse públicamente la sentencia, algún grupo de expertos realice ese estudio y que se trabaje para publicarlo en todos los formatos e idiomas necesarios, desde revistas especializadas en derecho hasta publicaciones divulgativas sobre política.
A los independentistas vascos, jóvenes o viejos, les pido que mantengan y agudicen el espíritu crítico que nos caracteriza, que busquen argumentos y contra-argumentos para defender nuestras posiciones políticas, que no rindan uno sólo de los fuertes que hemos construido durante la historia política de la izquierda abertzale. Que resistan la vara que nos azota y que no dejen de dar la vara por nuestros derechos como pueblo y como ciudadanos de una nación que quiere ser libre. Todo eso y que se solidaricen con esos 23 jóvenes y todo el colectivo que representan, pues no han cometido más delito que creer en la militancia política como medio de lucha legítimo y en una Euskal Herria independiente y socialista como utopía por la que luchar.
