Las declaraciones y acontecimientos de los últimos meses están evidenciando, a juicio del analista, que el plan de retirada de las tropas estadounidenses de Iraq, lejos de buscar la salida de las fuerzas extranjeras del país árabe, lo que pretende es perpetuar esa presencia militar.
El llamado Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA) señalaba la fecha del 30 de junio para el abandono de las ciudades iraquíes por parte de las tropas de EEUU y la del 31 de diciembre del 2011 para que todas las fuerzas ocupantes salieran del país. No obstante, las recientes declaraciones del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, en Washington, han dejado entrever la verdadera naturaleza de dicho acuerdo, y dando a entender que el plazo podría ampliarse en el futuro en base a al coyuntura del momento.
En un primer momento Al-Maliki sopesó la posibilidad de celebrar un referéndum en torno al SOFA en julio. Sin embargo las presiones e incertidumbres que éste podía generar le han llevado a alterar la fecha, y ahora su intención es realizarlo el próximo mes de enero, coincidiendo con las elecciones parlamentarias. Su resultado, si se llega a celebrar, puede suponer un serio revés para la estrategia ocupante y para sus colaboradores locales, sobre todo si se tiene en cuenta que, según un reciente estudio, más del 70% de la población rechaza la ocupación y son muchos los que, al hilo de la ambigüedad del pacto, no han dudado en definirlo como «la legitimación de la ocupación».
A pesar de las declaraciones sobre esa supuesta salida, la letra pequeña del acuerdo muestra su verdadero rostro. Por un lado, se reconoce la presencia de 50.000 o más soldados estadounidenses más allá de la fecha marcada, sin mencionar la denominada «seguridad privada», con más de cien mil miembros (más un tercio estadounidenses), además de la ampliación o creación de nuevas bases en las zonas rurales. Por otro lado, el Congreso de EEUU ha aprobado más fondos para construcciones militares en Iraq.
El maquillaje en torno al SOFA se ha basado en diferentes medidas. Así, las antiguas «brigadas de combate» se pasan a llamar «de asistencia y consulta», atribuyéndoles, además, el papel de apoyo y entrenamiento a las fuerzas locales. Con ese cambio de nombre se permitirá que las tropas estadounidenses continúen operando en todo el territorio iraquí, a pesar de los supuestos acuerdos sobre su salida.
Los ocupantes tampoco han dudado a la hora de «redibujar» el mapa de Bagdad, excluyendo de la capital las bases que EEUU quiere mantener en el país árabe, y que, sobre el terreno, le permiten asegurar la presencia física de sus tropas militares en la ciudad, a pesar de la letra recogida en el acuerdo.
Obama, que en su día utilizó como bandera electoral la salida de tropas de Iraq, ha dado vía libre a los mandos del Pentágono sobre los 50.000 o más militares que se mantendrán en el país, al tiempo que ha aclarado que puede «revisar el plan de salida si la situación y la violencia lo demandan».
La estrategia estadounidense sigue el mismo guión del colonialismo. Como ha señalado recientemente un importante analista, EEUU se basa en tres pilares para llevar a cabo su plan. Por un lado, «las fuerzas ocupantes son las que toman en última instancia las decisiones»; en segundo lugar, «los ocupantes no están sujetos a la legislación del país»; y finalmente, «la economía y riqueza de Iraq están destinadas a satisfacer los intereses de la ocupación».
En el desarrollo y mantenimiento de esa estrategia es clave el papel que está desempeñando la embajada estadounidense en Bagdad, considerada la mayor del mundo y con más de mil personas clasificadas oficialmente como «diplomáticos». Una cifra tan alta de recursos humanos le permite copar buena parte de la Administración local, presentando su presencia allí como de colaboración o asesoría de las autoridades locales.
La formación de una especie de mundo paralelo en torno a las propias bases militares da muestra de las verdaderas intenciones de Washington. La construcción de esos megaproyectos militares en suelo iraquí permite anticipar que los deseos geoestratégicos de los dirigentes estadounidenses pasa por man- tener dichos emplazamientos en el futuro. La necesidad de controlar la región y sus ricos recursos naturales hacen necesaria esa presencia militar permanente, en opinión de los estrategas políticos y militares de EEUU.
Ese sistema paralelo genera un amplio rechazo entre la población, que ve como una casta privilegiada a las fuerzas ocupantes, al tiempo que las percibe como totalmente inmunes e intocables. Hay que recordar que incluso si cometen las mayores atrocidades, nunca serán juzgados bajo la legislación iraquí.
También en el quehacer diario, la presencia ocupante está ligada a privilegios y prepotencia a la vista los ciudadanos de a pie. Así, mientras la población iraquí tiene que soportar los controles militares (los fijos y los casuales), con los atascos y retrasos que conllevan, los militares ocupantes disponen de pases especiales para evitar las retenciones. Tampoco son del agrado de la ciudadanía las medidas que toman esas fuerzas militares, con calles y carreteras cortadas al paso de las tropas extranjeras, y en ocasiones con cortes permanentes de calles, alegando siembre motivos de seguridad, y que, en definitiva, lo único que transmiten es una clara imagen de excepcionalidad y suscitan un gran rechazo popular.
Para muchos analistas, el peso del control de la economía iraquí es fundamental en el diseño del plan colonial. La mayoría de las empresas relacionadas con la industria energética y el petróleo, y que en su día estaban en manos del Estado iraquí, han pasado a estar controladas por las grandes multinacionales del sector, dejando en un mero plano decorativo la capacidad de control que pudiera ejercer el actual Gobierno iraquí.
Las protestas y la resistencia de los trabajadores el sector, de los administradores de las dos compañías de petróleo nacionales, de la mayoría del Parlamento y de la opinión pública no han sido suficientes para detener la colaboración de al-Maliki con Estados Unidos en este sector clave de Iraq. A través de los llamados acuerdos de «producción y distribución», las compañías extranjeras se aseguran el control efectivo sobre la riqueza petrolífera de Iraq, que les permite explotar y comercializar este recurso a su libre albedrío.
A pesar de los pronunciamientos de Obama, que ha decidido centrar la estrategia militar de agresión en Afganistán y Pakistán, los estrategas estadounidenses han apostado por perpetuar su presencia militar también en Iraq. El documento «Estrategia de Defensa Nacional» recoge el recurso militar por parte de EEUU para mantener el acceso a las fuentes energéticas vitales para la economía mundial. En este contexto es donde hay que situar las verdaderas intenciones de la actual Administración estadounidense, que lejos de renunciar a esas directrices, continúa desarrollándolas en la práctica diaria, tanto en Iraq como en otros lugares del planeta.
