AMNISTÍA Internacional ha denunciado el régimen de incomunicación de los detenidos en el Estado español porque considera que incumple las obligaciones jurídicas y democráticas del Derecho Internacional sobre derechos humanos. A su juicio, «es inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro». El informe, titulado Es hora de salir de las sombras , denuncia que un arrestado pueda pasar hasta 13 días sin hablar con un abogado o ver a un médico de su elección y advierte que esa «falta de transparencia puede utilizarse para ocultar violaciones de derechos humanos». Las reclamaciones no son nuevas, pero hasta ahora el Estado español no las ha tenido en cuenta. Ni son exclusivas de Amnistía Internacional. Siguen siendo necesidades básicas de higiene democrática aplicar los elementos garantistas del Estado de Derecho y eliminar la incomunicación de los detenidos, garantizar una tutela judicial efectiva, instalar cámaras en las salas de interrogatorios y aplicar la libertad condicional en caso de fianza antes que la prisión preventiva, una figura jurídica excepcional que aquí se aplica como norma a cientos de jóvenes. Son recomendaciones de la ONU y reivindicaciones de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que garantizan a la sociedad que no se cometen malos tratos o torturas. No se trata de extender la sospecha, sino de lo contrario: de eliminar espacios de impunidad. Porque ni siquiera la lucha antiterrorista puede estar por encima de los principios del Estado de Derecho y de los valores democráticos.
