Apenas un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara la propuesta del Parlamento de Gasteiz y al hilo del anuncio de convocatoria electoral hecho por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, la polémica está centrada con más fuerza aún que en anteriores comicios en la posibilidad de que la izquierda abertzale pueda estar presente en la cita con las urnas. Al margen de cualquier otra consideración posterior, este hecho demuestra que la ilegalización es un problema en sí misma y una fuente de controversia. La realidad política demuestra que la Ley de Partidos no ha conseguido hacer desaparecer a Batasuna del escenario político. Es más, esta formación se ha convertido en los últimos meses en un referente y ha adquirido notable protagonismo como interlocutor necesario reconocido de forma tácita por el propio presidente del Gobierno español en su discurso del Kursaal para desbrozar el camino de la resolución del conflicto.
En este contexto, la posibilidad de que la izquierda abertzale esté presente o no en las próximas elecciones autonómicas se ha convertido en un test político de la máxima trascendencia, en primer lugar para el Gobierno español y, después, para el Ejecutivo de Lakua. Es falso que la presencia de Batasuna en los comicios dependa de ella misma y de su capacidad de condenar o desmarcarse de ETA. La legalidad de los partidos debe estar en función de sus acciones y no de sus ideas, sus omisiones o de leyes redactadas expresamente con un fin premeditado. Por ello, en los próximos días no asistiremos a un examen de la izquierda abertzale sino del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que deberá expresar con hechos su talante democrático y su deseo real de avanzar hacia la resolución del conflicto.
Pero en caso de que el Gobierno español no supere el test democrático, éste se trasladará inmediatamente al Ejecutivo de Lakua y al tripartito que lo sostiene. Si el Gabinete de Zapatero adopta una decisión política que choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, el Parlamento de Gasteiz que se posicionó contra la ilegalización y el lehendakari que dice querer que la izquierda abertzale esté presente en las urnas serán quienes tengan que defender el carácter democrático de las próximas elecciones y de las instituciones que de ellas surjan. Está en juego no sólo la representación pública de un amplio sector social, sino su propia concepción del autogobierno y el principio de que es la ciudadanía vasca la que decide su futuro.
17.01.2005
