Se cumplen 90 años de la magna Asamblea Municipal, celebrada en San Sebastián y organizada por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza. Cita memorable por lo que representó de reflexión teórico-práctica de la ya acuciante problemática local, más que por sus consecuencias de futuro, ciertamente limitadas. La recopilación de trabajos que de inmediato publicó la Sociedad (existe una edición facsimil del Instituto Vasco de Administración Pública publicada en 1995) revelan la valía de los trabajos desarrollados en la Asamblea y perfilan a la perfección la dirección que, a la sazón, soplaban los vientos, ciertamente cambiantes de sentido.
En 1919, al año de crearse la misma Sociedad, y en tanto preocupación primigenia y prioritaria de E.I., tiene lugar el evento, encuadrado en la defensa de una ya declinante autonomía municipal vasca, de la diferencialidad vasca deducible del propio siglo XIX con toda nitidez, partiendo de la «Unión Sagrada» de todas las instituciones del País, tratando de refrenar las amenazas exteriores que en este ámbito ya se avizoraban con fuerza. Sin embargo, por encima de llamadas retóricas y de apelaciones de buena fe, por parte de las cuatro diputaciones forales vascas, se percibía -ayer como hoy- que «la gran asignatura pendiente del modelo institucional desarrollado durante los últimos años en el seno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, radica en la definición del lugar que ha de ocupar el municipio» (Josu Erkoreka). En la fecha de la Asamblea esta definición era ya una exigencia incuestionable. Pero otro dato era incluso más apremiante, e incluso amenazador: el rodillo centralista, que, agudizado posteriormente con las dos dictaduras militares del siglo, borraría cualquier esperanza de diferenciación local vasca, como se comprobó de inmediato con la implantación de los cuerpos nacionales de funcionarios (1924), cerrando así opciones de país.
Puesto que se preveía, y la Asamblea era plenamente consciente de ello, un nuevo tiempo de cambio, que organizadores, conferenciantes y ponentes de la Asamblea, pretendieron que estuviera al servicio de los intereses vascos y de su entramado institucional -contando para ello con el apoyo de las Diputaciones forales-. Ya se ha mencionado que el objetivo no se alcanzó en forma alguna.
Sin embargo, para la posteridad se hizo preciso el resaltar el inusitado (desde una perspectiva presente) interés e ilusión que la Asamblea despertó en todos los ámbitos de Euskal-Herria. Fueron 600 los inscritos, entre ellos 97 Ayuntamientos, con una fuerte representación de las diputaciones forales, destacando en número y calidad, particularmente la navarra. La Asamblea, con singular coraje, se comprometería en unas soluciones posibilistas a la problemática afrontada, siguiendo la directriz del a la sazón presidente de la Sociedad y también de la Diputación guipuzcoana, Julián Elorza, de respetar la autonomía municipal y de perseguir un «patriotismo intervasco».
Sensibilidad palpable en los asambleístas, acompañado de una frescura propositiva e ingenuidad compartida, puesto que parecían entender que el frente formado, con las Diputaciones en vanguardia, conducirían a buen puerto las reflexiones y conclusiones de sus trabajos, siempre proclamados a través de una visión unitaria de todo el País. Lo que ayer no se consiguió por la acción de elementos externos, hoy, en situación no tan disímil, no se ha alcanzado por la acción además de otros responsables.
El rigor y la profundidad de la Asamblea está a salvo de cualquier comentario crítico descalificador. No en vano los aspectos materiales de mayor carga problemática estuvieron bien presentes: así, la ardua cuestión del funcionariado local; la enseñanza primaria como secular carga municipal; la salud pública, y sobre todo y ante todo, la hacienda municipal; si bien eran los asambleístas conscientes del peligro de la centralización en un futuro inmediato de estas cruciales cuestiones, buscaron con el ahínco reflejado fielmente en las conclusiones de la Asamblea, que se respetara el ámbito municipal y los derechos históricos del entramado institucional vasco, del que también formaban parte los entes municipales.
Igualmente, es destacable la altura -no necesariamente académica- de conferenciantes y ponentes, de muy diverso color político, pero con exposiciones que aún hoy en día sorprenden por su brillantez y rigor. Conferenciantes de la talla de Arturo Campión (El Municipio Vasco en la Historia); el catedrático salmantino Tomás Elorrieta, el escritor Ramiro de Maeztu o el ingeniero Francisco Gascue; ponentes del prestigio del joven Jesús María Leizaola, Luis de Oroz, Leoncio Urabayen, del arquitecto Ricardo Bastida -tan revalorizado en la actualidad-, Raimundo Beraza.
Puede deducirse un relativo fracaso si constatamos que una parte considerable de las exigencias requeridas, particularmente en las conclusiones de la Asamblea, siguen vivas en gran medida en la palpitante actualidad; comenzando por la fijación del lugar institucional del municipio vasco, pese al salto a delante de su ámbito hacendístico ocasionado básicamente por el concierto económico.
Esa cenicienta, como se le ha denominado a la Administración local y primordialmente, a la municipal, no ha escapado todavía al estereotipo, y sin embargo, el municipio vasco, tiene indubitadamente un antes y un después después de esa Asamblea. Recogiendo acertadas palabras de Gregorio Monreal (en la presentación de la edición facsímil del I.V.A.P.), «la Asamblea transcendía por primera vez los límites locales y provinciales propios de la venerable foralidad tradicional, rompía con la rutina y denunciaba implícitamente la resignada instalación en el residuo foral».
Memorable hito, como ya se hizo notar de entrada, que debe ser recordado como se merece, aunque las reivindicaciones reformistas no consiguieran plasmarse en su justa medida, a voluntad de sus integrantes.
