El 25 de octubre de 1839, fecha de aprobación por las Cortes españolas que inició el proceso que desembocaría en la Ley de 16 de agosto de 1841 por el que Navarra dejaba de ser un reino con instituciones propias en todos los ámbitos para pasar a constituir una provincia dotada con una limitada autonomía administrativa y fiscal, es una fecha casi olvidada y que apenas se conmemora en Navarra en los últimos tiempos. El discurso cuarentayunista tradicional, hegemónico entre 1841 y 1978, así como el neocuarentayunista, asimismo dominante en nuestra tierra tras 1983 tras la implantación de la LORAFNA, arrinconaron el recuerdo de la ley de aquella fecha y centraron sus esfuerzos, espoleados desde las instituciones oficiales y académicas, antes y en las últimas décadas también, en la hipervaloración en sentido positivo de lo que denominaron Ley Paccionada. A partir de 1983, dicha hipervaloración provenía del carácter ancilar de la ley de 1841 en relación con la propia LORAFNA. Además de todo ello, también hay que recalcar que el cuarentayunismo resignificó, manipulándolo, el sentido auténtico de aquella Ley de 25 de octubre de 1839 interpretándola como de confirmación de fueros, cuando en rigor su carácter fue abolitorio en relación con los elementos principales del autogobierno navarro hasta aquella fecha.
El recuerdo de la Ley de octubre de 1839 solo imperó en los sectores reintegracionistas o treintaynueveunistas, afines a la postura del exsíndico del Reino Ángel Sagaseta de Ilurdoz, que en paralelo al debate de aquella, denunció dicha norma como ilegal e ilegítima en cuanto que vulneraba el canon constitucional navarro de que la Constitución de Navarra vigente hasta entonces solo podía ser modificada por las Cortes propias. Además de esa acusación, el treintaynueveunismo expresó ya desde entonces, a pesar de las dificultades generadas por la censura gubernativa, su deseo de recuperación del marco políticoinstitucional previo y de restauración de las facultades e instituciones perdidas. Conformó una tradición de amplio seguimiento en Navarra en el siglo y medio posterior, reivindicada sobre todo (pero no solo) por el carlismo y el nacionalismo, si bien de diferente manera e intensidad. Mientras para los nacionalistas el reintegracionismo siempre fue una doctrina a defender de forma inexcusable, para los carlistas, a excepción de en el proceso autonomista de 1917-1919, motivado por su necesidad de recuperar el electorado perdido en los años anteriores, se convirtió en una reivindicación más bien de índole retórica, lastrada por el posicionamiento de sus élites a favor de los intereses de la reacción y del nacionalismo español y que acusaron a los sectores más treintaynueveunistas del carlismo (cuya trayectoria, no obstante, no estuvo exenta de vaivenes) de connivencia con el separatismo. De ahí que fracasaran las únicas tentativas reintegracionistas protagonizadas en exclusiva por el carlismo, la de 1937 en el Consejo Foral Administrativo y la impulsada por la última Diputación franquista durante la Transición, en este último caso para manipular el debate autonómico en Navarra, y que se topó con el rechazo de sus propios expertos porque daría lugar a desviaciones presuntamente separatistas.
Posiblemente el texto reintegracionista más elaborado sea el folleto titulado A los navarros de noviembre de 1918, en plena campaña en pro de la reintegración foral plena y firmado por Varios navarros que creen en Navarra y desean para ella un porvenir mejor, pero en cuya redacción se adivina la pluma del nacionalista Manuel de Aranzadi. Ese opúsculo se aleja del enfoque reintegracionista carlista que, fiel a su tradicionalismo, pretendía resucitar a la altura de la segunda década del siglo XX las instituciones navarras de ochenta años antes sin adecuarlas a los tiempos modernos, algo que ya Sagaseta rechazó. En el folleto mencionado se hace un repaso breve pero completo del estatus políticoinstitucional de Navarra antes de 1839, se recalca que la ley de ese año, y la posterior de 1841 a la que dio paso, supusieron la pérdida de soberanía y se entiende la Reintegración Foral como el derecho de Navarra, su facultad de regirse y gobernarse por sí misma con entera libertad con instituciones adaptadas a la modernidad.
El reintegracionismo todavía sigue vivo en los programas políticos de determinados partidos políticos. Fue reformulado y traducido al concepto de Pactismo Mayor en la propuesta político-institucional de Nafarroa Bai de 2007 y dicha adecuación fue asumida por Geroa Bai. No obstante, llama la atención de que la difusión pública de la reivindicación treintaynueveunista haya decaído, casi expirado cabría decir, en los últimos lustros, en el ámbito de las bases de los partidos de los sectores más favorables al autogobierno, también en el caso de Geroa Bai, y de que la memoria en estos temas haya girado hacia 1512-1522 con un enfoque más esencialista sobre la soberanía en el sentido de atribuirla en exclusiva a la existencia de un Estado propio, olvidándose de que la apelación nacionalista a 1839 reposaba siempre en una aspiración soberanista para Navarra y de que en el siglo XXI el pragmatismo y la realidad invitan a plantear soberanías compartidas.
Con cierta conexión con lo que decimos, pero con una intención muy diferente, también hay que señalar que sectores conservadores y tradicionalistas durante el franquismo y la Transición defendieron y difundieron las tesis de Eladio Esparza de los años treinta que subrayaban el mantenimiento de una soberanía originaria por parte de Navarra incluso tras la promulgación de las leyes de 1839 y de 1841, aunque no en aras de la consecución del mayor autogobierno para Navarra, sino para exceptuarla del alcance de las normativas surgidas de las Constituciones progresistas. Ese era el propósito de las posturas foralistas de insignes derechistas que en alguna ocasión llegaron a coincidir en manifiestos con reintegracionistas de la órbita del nacionalismo. Incluso los portavoces de UPN aludieron en el debate de la LORAFNA en más de una ocasión a esa soberanía originaria, aunque ahora posiblemente ya se hayan olvidado de ello.
Para finalizar ya, aunque con el PSN no cabe augurar nada en absoluto dado su marcado apego al foralismo estático, producto en última instancia de sus connivencias con las élites y con lo que se ha dado en llamar el corralito foral, cabe recordar que la Declaración Institucional del Gobierno de Navarra sobre la LORAFNA del pasado mes de agosto contenía un cierto espíritu reintegracionista. En esa Declaración se apostaba “por una actualización del Amejoramiento” para adaptarlo a los tiempos y retos actuales para “la ciudadanía navarra del Siglo XXI reforzando las capacidades de la Comunidad Foral y fortaleciendo sus instituciones y la identificación de la ciudadanía navarra con las mismas”. Y se apoyaba “en este contexto que el Parlamento de Navarra (…), aborde mediante una ponencia con representación de todos los grupos políticos la actualización de la LORAFNA desde el máximo consenso”, algo ya acordado en resolución parlamentaria del 5 de noviembre de 2021.
Y es que no hay que olvidar que el alma treintaynueveunista está presente incluso en la LORAFNA. A pesar de que interesadamente la derecha navarra y el PSN hayan aceptado el término de Amejoramiento del Fuero como sinónimo de aquella ley (un término sacado de la chistera por Del Burgo, que no tenía ninguna tradición en la historia contemporánea de Navarra, a excepción del uso que le dieron algunos autores derechistas en la época republicana), no hay que perder de vista que en aquel acrónimo se incluye también el concepto de Reintegración; y que en su Disposición Adicional Primera se incluye una reserva de no renuncia a cualesquiera otros derechos originarios e históricos que pudieran corresponder a Navarra, algo recordado en la mencionada Declaración Institucional.
Quizás en el seno de esa ponencia anunciada el reintegracionismo pueda tener una segunda vida como soporte discursivo pragmático de quienes apoyan la mejora del autogobierno.
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