Ya no es muy habitual. Programas como Photoshop lo han convertido en un ejercicio folclórico. ¿Quién le puede pedir a alguien, aún, que ponga la cara en el agujero del panel donde él se hizo la fotografía hace muchos años, bajo la misma corona, y le haga el relevo? Sonría, Majestad…
La crisis del Estado en España no se resuelve con un simple relevo dinástico. La monarquía no tendrá más legitimidad mañana sólo porque hoy haya rejuvenecido el protagonista de la ‘campechanía’ regia. No estamos ante una simple crisis institucional o de una acumulación de malas decisiones o de un puñado de incompetencias adjudicables a un número limitado de personas. Se trata de una crisis de sistema económico, de sistema social y de sistema político. Es una crisis de proyecto, de discurso, de confianza, de credibilidad, de transparencia. Parece que el Estado se ha especializado en negar la realidad; en ignorar todas las adversidades, en recitar una y otra vez el mismo cuento de hadas que ya nadie quiere volver a escuchar.
¿Cuáles son las transformaciones estructurales que emprenderán el PP y el PSOE -que acaban de decidir por su cuenta la continuidad de la monarquía, para blindar la suya- para sacar a la economía española de la crisis, reducir el paro, generar puestos de trabajo estables y bien remunerados e incrementar los ingresos del Estado para poder garantizar unas políticas sociales dignas? ¿Les han escuchado explicar por qué se incrementan dramáticamente los niveles de desigualdad y cómo piensan revertir el proceso? Tampoco llegan noticias de cómo esperan acabar definitivamente con la corrupción política, o cómo ampliarán y cualificarán los canales de participación democrática.
En el proceso de acomodación de la economía española al capitalismo global, el Estado ha querido ser tan devoto de las oligarquías que él mismo ha favorecido durante la etapa de desregulación selectiva y privatizaciones, que ha desatendido la principal misión que el sistema le otorgaba: la organización y la tutela del proceso de reproducción. El capital privado remunera la mano de obra, el trabajo; pero confía al Estado las tareas que el sistema necesita y que no considera directamente productivas, muy onerosas o poco susceptibles de generar beneficios: seguridad social, salud, educación… El Estado español ha asignado mal los recursos, ha basado las políticas en sus crónicas obsesiones, ha desatendido sus compromisos sociales, ha bloqueado el proceso democrático. Se ha fosilizado en la lógica de la Transición dando por alcanzados unos objetivos de modernización que ha resultado que son maquillaje barato (“Tenemos el mejor sistema financiero del mundo”, “Somos la octava potencia industrial del mundo”, “Si no está en la Constitución, no existe”, etc.).
La irrupción del proceso soberanista catalán sorprendió inicialmente al Estado, que lo analizó mal y la despreció (teoría del soufflé). Pero desde 2012 se han agudizado las políticas de recentralización, de ahogo financiero de la Generalitat, de contramedidas legislativas en materia fiscal, de incumplimiento de compromisos de inversión, de ofensiva contra el modelo educativo… Y, sobre todo, se han fijado dos prioridades: desestabilizar la cohesión social del país (“Antes se romperá Cataluña que España”) y desacreditar, en el interior y en el exterior (instrucciones de Margallo a las embajadas), el carácter pacífico, transversal, propositivo, progresista y democrático del movimiento emancipador catalán.
A pocos meses de la gran movilización del Once de Septiembre y de la jornada de dignidad democrática del 9 de noviembre, el incremento de efectivos de los servicios de inteligencia y de los cuerpos policiales españoles en Cataluña nos debería alertar. La actividad de impulso y de extensión social del apoyo al derecho a decidir no puede ignorar que el riesgo más importante para el proceso, en esta etapa culminante, es el hipotético intento de sus adversarios de cambiarle la reputación de ejemplaridad cívica que tiene bien ganada. El peligro es que, considerando perdida la batalla política frente al soberanismo democrático, y considerando ineficaces las fórmulas de intoxicación y de amedrentamiento de la población ensayadas hasta ahora, las cloacas del Estado opten por poner en marcha algún tipo de acción violenta y procuren adjudicarla a los sectores soberanistas. Justamente por eso, ahora, la vigilancia y el escrúpulo en las formas y procedimientos democráticos son los mejores avales de legitimidad y radicalidad. Y el gesto violento, imprudente o grosero, en cambio, puede convertirse en excusa y aliado de la reacción y de las cloacas del Estado. Las alcantarillas actúan, mientras la corona distrae. No nos despistemos.
ARA
