Alguien cercano a mí suele decir que Renfe es una estructura de ocupación. Que una región todavía en vías de desarrollo contara con un deficiente servicio de infraestructuras tendría una explicación racional, pero imponer a un territorio que genera riqueza esta penitencia que penaliza el desarrollo económico y las políticas de bienestar (como el acceso a la vivienda), etc.) de forma endémica sólo se puede explicar desde la óptica que quien la gestiona es una autoridad hostil a Cataluña, al igual que lo es la policía o la judicatura.
Porque con otros territorios ricos no ocurre, como hemos visto esta semana con los datos de ejecución de inversiones en Madrid, por ejemplo, que supera el 180%, mientras que en Cataluña no llega al 40%. Por eso la capital puede hacer ‘dumping’ fiscal y que la distancia entre territorios sea cada vez mayor, gracias a los cuales seguimos pagándoles la fiesta.
Esto no se podría hacer sin la colaboración necesaria de la clase política catalana, la llamada independentista y no independentista. En vez de decir las cosas por su nombre –que somos un país ocupado y que por eso nos expolian, menosprecian nuestra lengua y deciden quién puede y quién no puede gobernar el territorio–, dicen cosas como por ejemplo que en Madrid son unos ineptos. Es la explicación que ha dado Marta Vilalta, portavoz de Esquerra. O que lo que ocurre es “incomprensible”, como ha dicho el conseller de Economia, Jaume Giró, cuando es muy fácil de entender: no son unos ineptos, tienen un plan muy bien pensado para eliminarnos como minoría nacional asimilándonos a España.
También Foment del Treball, el Círculo de Economía, la Cámara de Comercio y tantos lobbies que no hacen de lobby colaboran a esta situación, poniendo por delante la unidad de España con su clamor de no provocar inestabilidad con la negativa a investir a un presidente que no tiene ninguna necesidad de cumplir con Cataluña porque VOX ya se ha encargado de bajar el listón.
Esto nos recuerda que un país no se mantiene ocupado porque llegue gente de otros lugares, como mis padres o mis abuelos, o migrantes que curiosamente algunos ‘catalanitos’ de bien señalan por colarse en Renfe (como si lo realmente ridículo no fuera que nosotros paguemos religiosamente por un servicio penoso). Se mantiene ocupado gracias a quien dice que no podemos aspirar a más porque en cada calle hay un policía o un militar o uno de VOX con una pistola (esta frase no es mía, es de un tuitero y me parece fantásticamente ilustrativa). Mantienen el ‘statu quo’ por la fuerza.
Por suerte, los que lo legitiman de esta forma son una minoría en la calle; donde son mayoría es en las instituciones y en las élites, que por definición son numéricamente escasas. Lo hemos visto de forma flagrante con el resultado del referéndum del 1 de octubre: se echaron atrás dando la razón a las porras y no a los votos. Y lo vemos ahora con el acatamiento de la sentencia que establece que un 25% de las clases en las escuelas deben ser en castellano. No la desobedecen porque temen ir a la cárcel y porque sus redes clientelares viven de la pacificación del conflicto con España en forma de concesiones, puertas giratorias y tantos otros métodos. Y por eso deben controlar el discurso en los medios de comunicación, por ejemplo. Si las élites políticas y empresariales no ganaran nada con ese sometimiento ya hace tiempo que Pedro Sánchez habría buscado el apoyo de VOX.
EL MÓN
