Lo que está ocurriendo con el proceso de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca es realmente escandaloso. Sólo un Estado con un gran déficit de cultura democrática se atrevería a hacer lo que está haciendo el Estado español con ese partido. Resulta inconcebible que a una sociedad que se define a sí misma como un Estado de derecho pueda pasarle por la cabeza ilegalizar una formación política en función de quienes sean las personas que recomienden votarla. ¿Desde cuándo la libre petición de voto por parte de alguien ha de bastar para impedir que un partido político concurra a las elecciones? ¿Qué patético contubernio de mentes obtusas puede llegar a tomar una decisión semejante? Sí, ya sabemos que el pretexto oficial para justificar dicha decisión es que ha sido Batasuna quien ha pedido el voto para ANV. Pero, ¿y qué? ¿No puede tener opinión, Batasuna? ¿También es delito opinar? Además, ¿no habíamos quedado que Batasuna ha sido ilegalizada y que, por lo tanto, no existe? ¿A qué viene tanto pánico ante algo inexistente? Son muchas preguntas, no hay duda, pero aun podríamos añadir alguna más. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si Batasuna pidiera el voto para el Partido Popular o para el Partido Socialista? ¿Serían también ilegalizados, esos partidos? Alguien responderá que no por la sencilla razón que esos partidos, a diferencia de Batasuna, han condenado la violencia. Pero tampoco esa argucia es válida puesto que no estamos hablando de Batasuna, sino de ANV, y ANV sí que la ha condenado. Es más, ha sido Pernando Barrena quien ha pedido el voto para ANB; y Pernando Barrena, como lo prueba la libertad de que disfruta, no es una persona ilegal ni ha cometido ningún acto terrorista. ¿Cómo se explica, entonces, que se vea privado de su derecho a emitir una opinión y a pedir el voto para quien le plazca?
Pues se explica porque la voluntad política de acabar con la violencia es inferior a la voluntad de mantener la unidad de España. La unidad de España -que como toda persona culta sabe comenzó con el Big Bang- es materia sagrada y la defensa de lo sagrado, es lógico, está por encima del Estado de derecho y de los Derechos Humanos. Es, por consiguiente, la defensa de la unidad de España –sólo eso- lo que ha movido a PSOE y PP, con el apoyo de CiU, a crear la ley antiterrorista y la ley de partidos, dos leyes cuya sola existencia ya contradice la democracia que supuestamente deberían defender. En cuanto a las víctimas…, de las víctimas sólo parece importarles la rentabilidad política de sus lágrimas y la canalización electoralista del odio legítimo que éstas sienten hacia quienes les han arrebatado a un ser querido. Nada más. Saben perfectamente que las medidas policiales no van a terminar con el conflicto, pero ahí radica la perversidad de su programa: mientras ETA exista, España podrá continuar hablando de “violencia en el País Vasco” y mientras haya riesgo de violencia habrá excusa para ilegalizar a todos cuantos se identifiquen con los objetivos independentistas de ETA aunque no con su forma de alcanzarlos. De lo que se trata, en suma, es de frenar, o por los menos dilatar, la inevitable descomposición de una España imposible, una España que sólo tiene cabida en los delirantes sueños nacionalistas de socialistas y populares. Eso es lo único que de veras les importa. Por eso no proponen la unidad de España, sencillamente la imponen. Y en esa imposición hay una búsqueda patética de eternidad, un grito desesperado de dolor ante la evidencia de su fracaso imperial.
Así las cosas, es difícil que el llamado proceso de paz fructifique. Para ello sería necesario que la E que integra las siglas del PSOE no fuese un obstáculo para la solución del conflicto y que la presión del PP dejara de ser una coartada para la dilatación del tiempo. De otro modo, cabrá concluir que el PSOE está más interesado en sí mismo y en el poder que en la consecución de la paz. Eso es al menos lo que se deduce de las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero en Vitoria en el sentido de que “con violencia no hay proceso”. ¿Proceso? ¿Qué proceso? Hasta el atentado de Barajas, hubo nueve meses de tregua permanente sin que el gobierno español moviera un sólo dedo. Incluso llegó a jactarse de ello. Y ahora, también a través de Zapatero, afirma que con ANV se ha aplicado la ley de partidos “al pie de la letra”. Ni una palabra, sin embargo, sobre la incongruencia de vetar la mitad de las listas electorales de esta formación histórica a pesar de que, como ya hemos dicho, sí ha condenado explícitamente la violencia.
Sobre este particular, además, caben diversas consideraciones. Por ejemplo, que la ley de partidos es una aberración jurídica sólo concebible en un régimen dictatorial y que su mantenimiento no tiene otro objeto que impedir que la izquierda independentista vasca tenga representación parlamentaria; de ahí que el Partido Popular, contrariamente, no sea ilegalizado por negarse a condenar el franquismo. Tiene gracia, en este sentido, que baste la petición de voto de Barrena para estudiar la ilegalización de ANV y en cambio no se haga lo mismo con el PP cuando Ricardo Sáenz de Ynestrillas, condenado por terrorismo, pide el voto para esa formación. Y también resulta curioso que el gobierno español se jacte de cumplir la ley “al pie de la letra” cuando él mismo la incumple impidiendo el acercamiento de presos. Pero, como decía al principio, lo más grave es que algo tan antidemocrático como la ley de partidos pueda pasar por encima de la ley electoral hasta el punto de criminalizar una formación política según la opinión que tenga de ella una persona determinada. Estamos hablando, por consiguiente, de algo mucho más peligroso que la conculcación de la libertad de expresión, estamos hablando de la institucionalización del delito de opinión. ¿Se da cuenta, el lector, de lo que eso significa? Significa la criminalización del pensamiento y la creación de una nueva figura delictiva: el terrorista pasivo. Es decir, cualquiera de nosotros.
