EN la carta de opinión de electos del Pirineo navarro publicada en DIARIO DE NOTICIAS el 21/05/2011 dicen: “Hemos demandado que desde las instituciones se genere actividad económica que permita trabajar y vivir en el Pirineo. Necesitamos expectativas de futuro y poder apostar por criar a nuestros hijos, educar a nuestros jóvenes y que éstos se queden aquí como lo hicimos nosotros”.
Ésta es una petición justa, no porque provenga del Pirineo, sino porque cualquier ciudadano o comunidad de ciudadanos en una situación semejante puede y deben reclamar a la Administración el derecho a la vida. En el caso del Pirineo se han realizado múltiples peticiones a los políticos en esa dirección sin resultado, aunque esa realidad generalmente no se refleja después en las urnas.
En el intento de estos electos por solucionar los problemas citados apuntan a soluciones ilegales, planteando abrir canteras en Zilbeti y Auritzberri dentro del LIC Monte Alduide, que cuenta además con la protección de ZEC. Esto refleja el malestar del vecindario que representan, pero deberían tener en cuenta que el Pirineo no es de su propiedad, aunque vivan en él, sino de todos los navarros/as, y lo que ambientalmente le afecte, nos afecta a todos por igual. Mal se haría si para solucionar un problema se generasen otros, en este caso de tipo ambiental.
Las Zonas de Especial Conservación (ZEC), como es el monte Alduide, son áreas de gran interés medioambiental para la conservación de la diversidad, las cuales han sido designadas por los estados miembros de la Unión Europea para integrarse dentro de la Red Natura 2000. Por ello reciben ayudas económicas que podrían desaparecer de violarse su protección con actividades incompatibles como son las canteras-minería.
El derecho a la vida, donde por supuesto también entra el derecho al trabajo que contempla la Constitución española, no se cumple más que cuando la actividad económica lo permite, que no precisamente en este momento. En este sistema, quien dirige la economía, las finanzas y los mercados no son las constituciones y los parlamentos, sino las empresas multinacionales y los trust económicos especuladores. Por tanto, si queremos trabajo para todos que sea respetuoso con el medio ambiente y calidad de vida para nuestros pueblos, deberíamos empezar por cambiar el sistema actual que, como es evidente, no lo permite.
Por otra parte, en democracia, la ciudadanía nos dotamos de legislaciones para evitar abusos, generalmente de los más fuertes. Esa legislación, en este caso ambiental, debe prevalecer por encima de otros intereses aunque sean legítimos. El intentar vulnerarla, además de la agresión al medio ambiente, significa romper las reglas de juego, algo peligroso que nos trae a la memoria malos recuerdos de otros tiempos.
