Rumanía y Polonia se han personado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para apoyar las tesis de España respecto de las prejudiciales presentadas por el juez Llarena sobre el president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los veintisiete Estados miembros tienen derecho a personarse en estas causas y aportar su opinión, dado que los veredictos también pueden afectarles. Y, en este caso, España contará con el apoyo de estos dos aliados, mientras que Bélgica defenderá su posición contraria. El resto de los estados europeos callan, en un silencio que, al menos, se puede calificar de incómodo, si no de inquietante. La Comisión Europea, que también puede comparecer, ha presentado su opinión, pero en estos momentos no sabemos qué dice. Será muy significativo cuando se sepa, especialmente si se alinea con las tesis españolas, lo que de entrada sería una gran sorpresa, pero que no puede descartarse.
En este punto, el silencio del resto de los estados europeos llama especialmente la atención. Estamos en un momento en que el debate sobre la primacía del derecho europeo no puede ser mayor. Las decisiones recientes, precisamente de Polonia y Rumanía, han llevado a la Unión Europea a un enfrentamiento abierto en el que aparecen claramente dos polos. Quienes consideran que la Unión Europea no puede funcionar si la primacía constitucional de las leyes europeas no es afirmada. Y aquellos que creen que los estados pueden coger lo que les interesa y dejar sobre la mesa lo que no les conviene, amenazando de este modo gravemente la arquitectura institucional de la Unión.
Quienes optan por esta segunda opción son claramente minoritarios. Opta Polonia y eso ya ha llevado a un enfrentamiento directo entre Bruselas y Varsovia. Ha optado hace muy poco Rumanía y las cosas irán muy probablemente por el mismo camino. Y opta España, pero centrándolo mucho en la persecución contra el independentismo catalán y sin hacer grandes pronunciamientos públicos al respecto.
Es verdad que en general los estados miembros no se presentan a todos los casos del Tribunal, especialmente si no les interesa, pero en algunos casos parecidos que la corte ha tenido que atender hasta ahora, la contundencia de la Comisión y de los grandes estados ha sido grande en el sentido de defender la primacía del derecho europeo. ¿Cómo es, pues, que en este caso callan –todavía a la espera de lo que pueda decir la Comisión–?
El caso es significativo e importante. Por tanto, la hipótesis de que el asunto no interesa a los demás estados es descartable. Parece evidente que una explicación razonable sería que España les ha presionado. Y aquí puede haber tres lecturas distintas.
–Una, que el Estado español sólo ha conseguido el silencio y que ha fracasado a la hora de tener aliados a su lado –porque Polonia y Rumanía son los peores aliados que podía tener, casi como ponerse una piedra a los pies y tirarse al mar.
–La segunda, que España haya logrado alterar la unanimidad de los grandes estados y la Comisión en estas cuestiones y éstos se han doblegado, han cambiado de actitud y han pasado de defender aquello en lo que creen a callar.
–Y la tercera sería que muchos estados, sabiendo que la corte más que probablemente se posicionará contra España, prefieren no mojarse y dejar que sean los jueces quienes pongan a Madrid donde toca. Sería, como si dijéramos, una forma de evitar la escalada política del conflicto. Incluso se puede afirmar que el hecho de no posicionarse es ya una manera de posicionarse: saben qué va a pasar y no hacen nada por impedirlo. Más si finalmente la Comisión se posiciona contra España. Pero incluso si esto acaba ocurriendo –que ya veremos–, creo que no sería correcto menospreciar el silencio.
Porque este intento de amortiguar las consecuencias políticas de la crisis también se puede leer en el sentido de que Europa no está preparada todavía para enfrentarse abiertamente a España y ponerla en su sitio. Peor aún: implica que, a diferencia de lo que ocurrió en 2017, los estados europeos ahora sí ven la cara real de España, pero, aun así, no aceptan encarar las consecuencias de lo que ven, algo que sí hacen, en cambio, con Polonia, Rumanía o Hungría.
No ocurre nada. No perdamos los nervios. Esto es una carrera de obstáculos que sabíamos que sería larga y hoy estamos muy lejos de la línea de salida en la que estábamos hace cuatro años. Se ha realizado un camino enorme y, efectivamente, ahora España ya sólo puede obtener silencios cuando, entonces, obtenía adhesiones. Esto es verdad. Y no ocurre nada tampoco porque la gran diferencia entre 2017 y hoy es que el exilio catalán no explora, y explota, la vía política sino la legal, y ésta no entiende de presiones. Pero hay que decir que todo lo que se hace no se hace para ganar un pleito en un tribunal de Luxemburgo, aunque sea lo más importante de todo, sino para ganar la independencia. Y sería un peligro olvidar esta cosa tan simple.
Y en este sentido tengo que decir que estos días se especula mucho con el regreso del president Puigdemont y los consejeros Comín y Ponsatí y a mí me da miedo de que se esté vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado.
Más o menos todo el mundo da por hecho, y el propio Puigdemont lo ha insinuado muy claramente, que este regreso pasará precisamente a consecuencia de las decisiones judiciales europeas. Bien, primero habrá que ver la sentencia y después aún habrá que ver si los exiliados se atreven a volver sabiendo que probablemente España querrá encarcelarlos.
Pero supongamos que ambas condiciones pasan. Pensar que Puigdemont irá a palacio y levantará la DUI, tal y como alguna gente quiere, me sabe mal decirlo así, pero es una fantasía. No está en los planes de nadie, quiero decir de ningún político catalán, no creo ni que los del propio Puigdemont. Por tanto, la pregunta es: ¿hay alguien que piense y prepare cómo se aprovechará políticamente este ‘momentum’ en favor de la independencia de Cataluña o también dejarán pasar esta oportunidad? Porque la gente, de eso no tengo ninguna duda, creará este nuevo ‘momentum’: la calle no fallará si existe el regreso victorioso de los exiliados. Pero, ¿y después, qué? ¿Qué le ofrecerán a la gente? ¿Qué le propondrán a la gente? ¿Cómo se traducirá esta victoria judicial en una colectiva –y que no sea, por si alguien lo piensa, ni partidista ni autonómica–?
Lo digo como un aviso, ahora que todavía hay tiempo. Y aviso porque si no se pone una propuesta política tras esta victoria judicial tan excepcional, y después de cuatro años de un trabajo tan increíblemente bien hecho, cuiden que todo ello no acabe convirtiéndose tan sólo en la versión para el exilio del acto del Liceu: que sea simplemente una forma de resolver la situación personal de algunos dirigentes destacados. Porque respecto a la necesidad de resolver la situación de Puigdemont, que tanto daño hace a la Unión Europea y su credibilidad, estoy seguro de que todos los estados ahora silenciosos están más que de acuerdo. Pero no sólo es cuestión de eso. Digo yo…
- Soy consciente de que no se puede comparar la actitud vencedora y luchadora del exilio y las derrotas que inflige a España con el derrotismo que, mayoritariamente, ha emergido de prisión. En este sentido, reconozco que he forzado la imagen del Liceu hasta tal punto que podría indignar a alguien. Pero la he forzada para que el debate se entienda claramente en términos reales, para que todo el mundo sea consciente de lo que está en juego y para que nadie se pueda llamar a engaño el día de mañana.
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