El cierre de las emisiones de Catalunya Ràdio en Valencia, por parte del gobierno español, es la expresión de un fracaso. De un fracaso, y de la rabia que conlleva este fracaso. Es muy duro tener que reconocer la imposibilidad absoluta de aniquilar Cataluña después de tres siglos intentándolo con desazón y sin tregua. Basta con que nos pongamos en la piel de nuestros adversarios para comprender su impotencia. “¿Cómo se entiende que un pueblo que fue militarmente vencido, étnicamente ultrajado, culturalmente descompuesto y lingüísticamente enmudecido todavía esté vivo y en condiciones de atacarnos?”, se preguntan. No salen de su asombro. Y es comprensible. Para alguien instruido en el uso de la fuerza y analfabeto en el uso del diálogo no es fácil asumir un fracaso tan espectacular. No lo es, porque vive este fracaso como una humillación que le obliga, de rebote, a tomar conciencia de la fatuidad de sus delirios de grandeza. Y eso es lo último que haría en este mundo. Antes se desintegrará.
Prohibir una lengua, cerrar los medios de comunicación que la hablan y multar a las entidades que la difunden es un acto de violencia institucional impropio del siglo XXI en la Unión Europea. De hecho, la medida es tan escandalosamente racista que el gobierno que la toma debería ser expulsado por violar los requisitos básicos de los Criterios de Copenhague relativos a la lengua y a la libertad de expresión y de prensa establecidos en el Consejo Europeo del 1993. El Estado español, además, no sólo no respeta ni protege a las minorías, sino que las aplasta. Empujado por su odio tradicional a la diferencia y por una catalanofobia que ya se expresó con saña bajo el amparo del régimen franquista, acosa, criminaliza y escarnece las minorías -recordemos las agresiones denunciadas por los inmigrantes recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca-, al tiempo que las esposa, las amordaza y oprime esperando su aniquilación.
Este comportamiento no proviene sólo, como algunos nos quieren hacer creer, del Partido Popular. En absoluto. La exacerbación sí, pero no el fervor misticoreligioso de la idea de España que hay detrás. En esto coinciden punto por punto el PP y el Partido Socialista. De hecho, es mucho más aniquiladora la praxis del Partido Socialista -por disimulada y sibilina- que la del PP -bastante ruidosa y vocinglera-. Ocurre, sin embargo, que toda colectividad largamente sometida a un poder opresor acaba por identificar como agresiones sólo las flagelaciones acompañadas de insultos y en percibir como amigables las más silenciosas. Sin embargo, el delirio de la Castilla radial, con Madrid como centro neurálgico de la vida de las naciones anexionadas, es tan inherente al Partido Socialista como lo es al Partido Popular y al franquismo. Y fueron también el Partido Socialista, el Partido Popular y el franquismo los que, con la ayuda de los representantes del autoodio catalán, nos impusieron el artículo de la Constitución que impide la federación de los Países Catalanes. No hay que olvidar, por otra parte, que la razón por la que la lengua catalana no goza de pleno derecho en la Unión Europea es que el Partido Socialista y el Partido Popular se niegan a hacer efectivo el requisito previo que pide Bruselas. Es decir, que el catalán sea lengua oficial en todo el Estado español.
Llegados aquí, la prohibición de escuchar una emisora de radio o televisión en lengua catalana en el País Valenciano es bastante consecuente. La prohibición comenzó contra TV3 con un gobierno del Partido Socialista en Madrid y ha acabado contra Canal 9 y Cataluña Radio con un gobierno del PP. Mira por donde, los que acusan a Cataluña de levantar fronteras, por el solo hecho de querer ser libre, tienen miles de peones construyendo un muro que aprisiona y ahoga la lengua catalana en el País Valenciano y que cierre el paso a toda comunicación con el Principado. Y, como hacía cierta ley estadounidense del siglo XIX, que imponía duras penas y multas a los blancos que ayudaban a los fugitivos negros, también el gobierno español persigue e impone duras sanciones a los que ayudan a la lengua catalana en el País Valenciano. Este es el caso de la entidad Acció Cultural. En el siglo XIX quizá habrían cortado la lengua a los miembros de esta entidad, empezando por Eliseu Climent y Joan Francesc Mira, hoy sólo pueden agredirles económicamente.
Con todo, como digo, este comportamiento fascista es un acto de violencia institucional nacido de la impotencia. Es la expresión de un fracaso. El fracaso de la Castilla imperial, el fracaso de Madrid como capital de un imperio, el fracaso de la llamada españolización, el fracaso de la división de los Países Catalanes, el fracaso del plan para exterminar la lengua milenaria de este pueblo, el fracaso de todos los intentos, absolutamente todos, de destruir la nación catalana. Hace trescientos años que insisten en clavar el clavo por la cabeza, y podrían insistir trescientos años más. Hasta el siglo XXIV. Pero tal vez un día, cuando por fin descubran el verdadero significado de las palabras democracia y libertad, nos estarán agradecidos por el trabajo que les ahorramos diciéndoles adiós a comienzos del siglo XXI.
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