Las cosas interesantes se ven en los detalles aburridos. Anteayer, en el Congreso, bajo el ruido de Rato, el PP sacó adelante una reforma de la financiación autonómica. Es una reforma modesta, hasta cierto punto tediosa, que debería facilitar que la Generalitat tenga dinero para pagar medicamentos.
Pero es interesante porque explica hasta qué extremo, en España, cualquier cosa, por poco controvertida que sea, viene condicionada por la batalla de fondo entre centro y periferia, entre mayorías y minorías estructurales, entre uniformidad y pluralidad. Al ser una tensión desigual, en cada negociación el Estado saca partido de la debilidad.
A cambio de proveer financiación para medicamentos, como la vacuna contra la hepatitis C, o para tecnología hospitalaria, el Estado toma el control de la política sanitaria. Obliga a las autonomías a limitar el incremento del gasto farmacéutico “al porcentaje de aumento del PIB del Estado”, según informaban ayer Fernando García y Josep Gisbert en La Vanguardia. También prohíbe aprobar servicios sanitarios fuera de lo que haya decidido el poder central. Y permite al Gobierno de Madrid forzar a las autonomías a hacer recortes. Libero el dinero y, a cambio, controlo la política social.
Es irrelevante si eres de izquierdas o de derechas, si eres independentista o federalista: cualquier consenso que la población catalana alcance debe pasar por el mismo aro. El caso de los medicamentos es paradigmático. El año pasado el gasto farmacéutico creció un 3,3%, pero según esta reforma sólo pudo crecer un 1,1%. El 100% de los catalanes podría discrepar de ella y sería inútil.
Imagina que conseguimos ponernos de acuerdo en que cambiar la educación o la sanidad es una prioridad. Imagina que todo el mundo cede. Que partidos, sindicatos, patronales, usuarios, grupos de afectados y la tía Carmen logran ponerse de acuerdo. Imagina que el problema es obvio -pagar medicamentos- y que la solución es banal -transferir los (tus) dineros-. Pues no: tus consensos no valen nada. El camino es dejar que la situación se pudra hasta ser desesperada y, entonces, lanzar un salvavidas desinflado a cambio de sumisión. Primero te pego, después conquista la competencia.
Ahora que se abre la cuestión de la financiación, todo en la misma dirección: que poco a poco el Gobierno decida todas las políticas, determine las carteras de servicios sociales y se reduzcan los fondos que vienen del Estado. Es la asfixia, y no es ninguna novedad. Desde hace años, cada Consejo de Ministros lleva una recentralización. El objetivo no es la eficiencia ni la justicia, es el control: ineficiente para todos e injusto. España está lejos de liberarse de este lastre, que no es exclusivo del PP: tanto Podemos como C’s creen en “la armonización” de las políticas sociales.
Esto ocurre porque los unos tienen poder y los otros no. Amigos de la tercera vía: el que no tiene necesidad de negociar, ¿por qué debería hacerlo? Ahora vuelve a decirme que la medicina es dialogar. ¿Quién paga esta receta?
LA VANGUARDIA
