Entrevista al profesor y doctor en derecho Damià del Clot, que publica ‘Colpisme. De la violència militar al lawfare judicial’ (‘Golpismo. De la violencia militar al lawfare judicial’) (Voliana)
El doctor y profesor de derecho constitucional Damià del Clot Trias (Vilassar de Mar, 1973) publica mañana el libro ‘Golpismo. De la violencia militar al lawfare judicial’ ( Voliana Edicions ), en el que explica cómo la judicatura ha tomado el relevo de los militares en la defensa de la unidad del Estado español. “Con la sentencia contra el estatuto se desarrolla todo y con el proceso, entre 2012 y 2019, se entra en una dimensión muy bestia, en la que se dan microgolpes de estado judiciales y se utiliza la lawfare para perseguir la disidencia política y transformar el estado de derecho”, dice.
En esta entrevista, Del Clot repasa el origen de esta deriva judicial y el papel jugado por la derecha, la extrema derecha y Felipe VI, pero también cómo impacta ahora en la aplicación de la ley de amnistía. Asimismo, habla del regreso de Carles Puigdemont a Barcelona el pasado 8 de agosto y la situación interna de su partido, ERC, tras el acuerdo con el PSC y la investidura de Salvador Illa. “En la situación del independentismo y Cataluña, necesitamos trabajar por un movimiento independentista unitario que englobe toda la experiencia del proceso”, dice.
— ¿A qué se refiere cuando dice que el Estado español es una democracia legalista?
— Hace varios años que la ley ha ocupado el espacio que correspondía a la democracia. En el Estado español sólo es democrático lo legal y no al revés. Sobre todo durante el proceso, las decisiones políticas se dejaron de tomar en aquellos espacios de legitimidad democrática directa y empezaron a tomarse en espacios judiciales. Es decir, la politización de la justicia, la judicialización de la política y un activismo judicial muy desatado han hecho que las grandes decisiones no se tomen en las cortes generales o en el gobierno, sino en los tribunales. Esto, al final, ha hecho que el Estado español no sea un estado de derecho, sino en un estado con derecho. Los jueces son quienes marcan la agenda política.
— Os dirán que el congreso español sigue aprobando leyes…
— Sí, el legislador sigue haciendo las leyes, pero el alto poder togado, es decir, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, las aplican según su voluntad y no la popular. Esto es una perversión del sistema.
— ¿Cuándo comienza esta deriva?
— Hay una fecha fundamental que nunca se menciona, que es el 23-F. El golpe de estado militar no triunfó en la variante violenta, que era la de Tejero, ni en la variante, digamos, constitucional, que era la que amparaba al rey. La variante armada también podríamos llamarla. Lo que acaba triunfando es el golpe de estado en su dimensión judicial.
— ¿En qué sentido?
— Al día siguiente, el Tribunal Constitucional publica la sentencia 4/1981, que es la predecesora de la sentencia del estatuto (31/2010). Y lo que hace después el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo es convocar una comisión de expertos para aprobar la LOAPA –ley orgánica de armonización del proceso autonómico–, que es la expresión jurídica del golpe de estado. El café para todos es la prueba del algodón del triunfo del 23-F. De esta forma se asimilan todas las comunidades autónomas en un solo régimen. Un régimen común. Es la primera vez que el golpe de estado judicial triunfa.
— Y la cosa se intensifica…
— Entre 2003 y 2005, está la plantilla vasca, en contra del plan Ibarretxe, pero queda en nada con la posterior sentencia del estatuto catalán (2010). Cuando el PP presenta el recurso de inconstitucionalidad, aparecen profesores de derecho constitucional diciendo que se ha modificado la constitución sin seguir el procedimiento legal establecido. Es el golpe de estado de Hans Kelsen, modificar o sustituir el ordenamiento jurídico sin seguir los preceptos constitucionales. Con la sentencia contra el estatuto se desatasca todo y con el proceso, entre 2012 y 2019, se entra en una dimensión muy bestia, donde se dan microgolpes de estado judiciales y se utiliza la lawfare para perseguir la disidencia política y transformar el estado de derecho.
— Existe el concepto critarquía o critocracia para referirse a un sistema político gobernado por jueces.
— Estamos en un gobierno de los jueces. La vinculación del juez con la democracia se realiza a partir de la ley, porque la ley es la voluntad popular emanada del legislativo. Pero esto ahora no ocurre, los jueces acaban aplicando las leyes de acuerdo con su voluntad personal. En el Estado español el poder judicial está muy por encima del legislativo y el ejecutivo. No existe una relación de pesos y contrapesos, sino de sumisión al judicial.
— ¿Qué papel juega, Felipe VI en todo esto?
— La constitución reconoce al rey un papel de árbitro en los conflictos institucionales. Por ejemplo, cuando el CGPJ llevaba casi seis años con el mandato caducado, porque no había un acuerdo entre PSOE y PP, Felipe VI podía haber intervenido. Podía haber encargado a los dirigentes políticos que negociaran un acuerdo y que lo presentaran en las cámaras. Pero no lo hizo. ¿Por qué? El rey forma parte de una razón de estado. A la alta judicatura española no le interesaba una renovación con una mayoría en el congreso que apoya al PSOE. Y, a la vez, debemos entender que la judicatura es el último dique de contención o cortafuegos de la situación de privilegio del rey. Es decir, de su inviolabilidad e impunidad, dado que es un símbolo y el garante de la unidad del estado.
– Al final, entre comillas y aún sin presidente, se ha renovado el pleno del CGPJ.
– El tema del CGPJ creo que es la expresión más fehaciente de la importancia que tiene el poder judicial en la configuración de la política española. La constitución tiene incrustados mecanismos de control a favor de la derecha y de la ultraderecha para que pueda controlar siempre el CGPJ, cuya función política es primordial. Es la gallina de los huevos de oro. Realiza los nombramientos discrecionales en las altas esferas judiciales, es decir, las audiencias provinciales, los tribunales superiores, la Audiencia Nacional, pero especialmente el Tribunal Supremo, que es quien tiene la última palabra en la interpretación de las leyes. El CGPJ es básico para la derecha y la ultraderecha. En la constitución se fijó la mayoría de tres quintos para renovar el CGPJ y el TC con la excusa de que favorecía la conciliación y el diálogo entre las fuerzas políticas y las alejaba de posiciones extremistas. ¿Qué ha pasado? La derecha y la extrema derecha se han convertido en una minora de bloqueo cada vez que han quedado relegados a la oposición. Cuando tienen mayoría hacen y deshacen, no tienen ningún problema, pero cuando están en la oposición se atrincheran para no perder el control.
— Ha mencionado varias veces el TC, que también es un actor principal en la deriva judicial.
— La derecha y la extrema derecha nunca han creído en la idea democrática del Tribunal Constitucional. De hecho, lo consideran una tercera cámara legislativa, donde conseguir las victorias políticas que no han logrado en el congreso y en el senado. Cuando se redacta la constitución se otorga una categoría especial al TC (título sexto) fuera del poder judicial (título séptimo). Su función es el control de la constitucionalidad de las leyes. Y, por tanto, no sometido al juego político. Esto era muy importante porque no se quería que el TC estuviera injertado de la judicatura franquista. El TC iba a ser un órgano de prestigio con juristas brillantes y sin dependencias políticas y corporativistas.
— Pero …
— Desde un principio, el TC se convierte en un objeto de control por parte de la judicatura conservadora y de ultraderecha y empieza a dictar sentencias controvertidas y políticas. Primero viene la 4/1981, después la LOAPA, el caso Rumasa, que puso un poco en jaque al gobierno de Felipe González, el plan Ibarretxe y, finalmente, estalla con el estatuto de Cataluña (31/2010). Esa sentencia convierte al TC en un actor político con agenda propia. A partir de ahí, el tribunal cae en un pozo de desprestigio, que tiene un período especialmente oscuro de 2015 a 2019, en el que se dictan sentencias muy polémicas. Tales como cuando valida la aplicación del artículo 155 contra la Generalitat o se autoevalúa con el recurso de inconstitucionalidad de la ley orgánica del TC. La mayoría conservadora aprovecha para aplicar una concepción expansiva del derecho antidemocrática. Dicho esto, también es cierto que, de tanto forzar la máquina, aparecen voces disidentes en el tribunal.
— La sentencia contra el estatuto catalán estuvo marcada por la guerra de recusaciones, que logró apartar al jurista Pablo Pérez Tremps. ¿Ve factible que se repita con la amnistía?
— Lo que le hicieron a Pérez Tremps fue muy bestia. Lo apartaron por un informe que realizó para el Instituto de Estudios del Autogobierno, pero que no podía vincularse con el estatuto –era de 1997 y sobre la acción exterior de las comunidades autónomas. Y mientras el TC aceptaba la recusación, no utilizaba los mismos argumentos para apartar al ultraconservador Roberto García-Calvo, que se oponía al estatuto. Ahora en el TC hay magistrados con mucho prestigio, pero también los hay muy tocados por la política, como Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del estado con Zapatero. Es muy posible que la derecha y la ultraderecha la reactiven la guerra de recusaciones del estatuto contra la amnistía. Es algo muy goloso. En primer lugar, porque les puede reportar un veredicto de inconstitucionalidad, pero también porque desgasta mucho al PSOE.
— ¿Cómo valora los dos meses de vigencia de la amnistía?
— Con la ley de amnistía ha pasado algo que nunca había ocurrido en el Estado español. Antes de aprobarse ya había jueces con toga protestando en la calle, mientras otros hacían pública una guía para reventar la aplicación de la ley. Todas estas animaladas forman parte de la resistencia del poder judicial a reconocer la legitimidad del poder legislativo emanada de las elecciones del 23-J. Con la amnistía se ha creado un derecho de autor absolutamente perverso. Se aplica la ley a unas personas, pero no a otras. No se mira el supuesto de hecho, sino la autoría. Por eso hablaba antes del gobierno de los jueces, porque se dictan resoluciones de acuerdo con criterios de oportunidad política.
– Carles Puigdemont ha escrito el prólogo del libro. ¿Qué le pareció su vuelta el 8 de agosto antes de la sesión de investidura?
— Entiendo perfectamente al president. Quería cumplir la promesa política de regresar al parlament en un debate de investidura, aunque no fuera el candidato a la presidencia, y, al mismo tiempo, quería mantener el pulso con la guerra judicial, esta batalla del lawfare, no dejándose detener. En esa doble condición, él regresó para asistir al pleno y acabó retirándose a Bélgica. Creo que lo que hizo fue intentar cumplir con estas dos obligaciones, el electoral y la legal.
— En la presentación del libro en Prada, Puigdemont habló de golpe de estado híbrido.
— Él está sometido a esta guerra híbrida, a un golpe de estado permanente, y la está ganando. De los procesos de lawfare que ha habido en todas partes, como Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, los casos contra Podemos, también los que ha recibido el independentismo… Creo que es la persona que más éxito tiene en el combate de estos procesos. En este sentido, encuentro perfectamente lógico y viable que el president no se dejara atrapar, pero al mismo tiempo cumpliera con una promesa política que decían que no cumpliría.
— Y, por último, usted es ex-alcalde y militante de ERC. ¿Cómo ve la guerra interna y el pacto con el PSC?
— Ha sido un error apoyar al president Illa. Este enfrentamiento dentro del partido, entre junqueristas y roviristas… No acabo de ver claro cómo se hará una renovación si se presentan los mismos que han tomado las decisiones estratégicas en los últimos años. En la situación del independentismo y Cataluña necesitamos trabajar por un movimiento independentista unitario que englobe toda la experiencia del proceso. Ahora, antes deben rehacerse todas las costuras y hay que ser generosos con los compañeros de lucha.
— ¿Es partidario de una lista unitaria?
— Sí, creo que es necesaria una candidatura unitaria en las futuras elecciones. Esto significa en el parlament, pero también en el congreso español y en el Parlamento Europeo. Es lo que creo. Pero ahora mismo, con la dirección de Esquerra actual, o las dos direcciones de Esquerra que se proponen, lo veo muy complicado. Tampoco conozco los entornos de Junts y de la CUP y no sé si sería posible. Sea como fuere, hace falta mucho trabajo previo. Veo mi partido muy débil, sin rumbo claro y guiado por la animadversión a Junts. El motor que mueve la política de Esquerra, ahora mismo, es un motor de resentimiento que no conduce a nada bueno y demasiado escorado hacia el PSC y Comuns. Y no lo comparto.
— ¿Cómo ve el gobierno de Salvador Illa?
– Creo que el PSC acabará teniendo mayoría y no le será difícil agotar los cuatro años de legislatura. El pacto que se logró es un acuerdo político con muy poca capacidad de control porque las grandes incógnitas deben resolverse en España y no en Cataluña. Y ahí, las mayorías dan para lo que dan. Lo veo muy difícil.
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