Me preguntan a menudo qué significación real tiene que una cultura tenga o no un Estado propio detrás. ¿Qué significa tenerlo? ¿No puede hacer el gobierno autonómico las funciones culturales propias de un Estado? ¿Afecta mucho o poco la cultura catalana que la nación de los catalanes no tenga un Estado que le apoye?
Cuando tengo que dar una respuesta concisa, suelo decir que por suerte el despliegue cultural es en gran medida autónomo de la acción institucional. De hecho, nuestra cultura ha logrado desplegarse en los últimos 300 años teniendo un Estado español que siempre le ha puesto piedras en el camino. El nervio cultural de la sociedad siempre ha sido más decisivo que la voluntad destructiva del Estado. Pero una cultura sometida a la lógica de un contexto político estatal siempre negativo termina sufriendo déficits estructurales y de competitividad internacional que pueden cuestionar a medio plazo. O sea que sí, que una cultura que vive sometida a una actitud negacionista del Estado sufre ante un mundo global donde las culturas nacionales cuentan con el apoyo de los estados para estar presentes. Más aún cuando las instituciones de autogobierno ahogadas en términos financieros y restringidas en términos políticos no pueden compensar las negatividades continuas del Estado.
Para la cultura catalana, pues, un Estado propio significa, en primer lugar, administrar de manera directa y sin la intermediación de Madrid los recursos económicos y fiscales que genera la sociedad catalana. Tengamos presentes los miles de millones de euros anuales (15.000) que aportamos sin retorno a la fiscalidad española. Recordemos el aporte fiscal que hacen los creadores, productores y consumidores culturales catalanes en la caja fiscal estatal (3.000 millones al año). Tengamos claro que un Estado propio en términos culturales empieza por tener la famosa llave de la caja fiscal, lo que significa poder político pleno.
Un Estado propio en términos culturales comienza en el poder de controlar el precio del IVA. Un Estado propio no habría puesto el coste del IVA cultural en la cifra brutal del 21%, ignorando las magnitudes de referencia en todos los países de Europa. Un Estado propio no habría tardado 30 años en hacer una ley de mecenazgo, cuando todos los países de nuestro entorno la tienen. España no, obviamente. El Estado nunca ha considerado decisivo apoyar la red cultural cívica y empresarial. Sólo un Estado miope respecto a los beneficios de una vida cultural plena puede ignorarlo.
Un Estado propio en términos culturales protegería sin dudas la propiedad intelectual y promovería las leyes y la gestión que deberían permitir dar a todos los sectores creativos del país un rol central en el desarrollo cultural y también en la economía y la creación de empleo de nuestro país. La piratería cultural en España es una realidad escandalosa, las leyes están desfasadas y, cuando son correctas, no se aplican. Gravísimo.
Un Estado propio significa la presencia de la cultura catalana en los organismos internacionales. Una cultura como la catalana no es ni mejor ni peor que la mayoría de las otras, pero tiene el mismo derecho que todas a participar en los organismos internacionales. Tenemos cosas que decir y queremos expresarlas donde toca como todas las demás.
Un Estado propio significa, obviamente, apoyo y respeto hacia el catalán. El Estado español no ha tenido nunca, hasta el punto de incumplir sistemáticamente sus propias leyes -el artículo 3 de la Constitución actual-. El Estado actual no se opone a las prácticas contrarias al catalán que se despliegan en el País Valenciano, en las Islas o en la Franja. Sólo un Estado propio puede garantizar la protección necesaria para dar el salto de escala definitivo que corresponde a la novena lengua europea. Sólo un Estado propio dejará de incentivar tensiones lingüísticas que sólo existen en la mentalidad de algunos retóricos defensores del Estado español actual.
No tengo ninguna duda de que un Estado propio resolvería -creo que muy rápido- los prejuicios que algunos tratan de mantener vivos sobre la relación entre los catalanes y el castellano. Un Estado propio de los catalanes -un Parlamento con poder pleno- normalizaría el rango cooficial del castellano. Y en ningún caso, obviamente, nunca trataría al castellano como el Estado español ha tratado históricamente al catalán.
Un Estado propio, pues, es una sociedad responsable de sí misma, un Parlamento que tiene poder para legislar y un gobierno que tiene recursos para gestionar directamente sin intermediadores recalcitrantes, como mínimo, el aprendizaje y el uso de las lenguas, la presencia en los organismos culturales internacionales, la propiedad intelectual, el mecenazgo y el precio del IVA. Un Estado propio en cultura es soberanía política y económica. Mientras esto no se consiga, la cultura catalana seguirá avanzando a trompicones. La fuerza cultural de la sociedad civil siempre echará de menos el apoyo continuo, sistémico y cómplice de la administración pública. Una cultura, hoy, más que nunca sale de la cooperación entre la convicción cívica y las herramientas colectivas que tiene que poner el Estado propio.
