Mientras el último informe del FMI ha confirmado el alcance de la Depresión española y la continuación de la implosión inmobiliaria en España, Madrid vive una conspiración política promovida por una extrema derecha cómodamente integrada, desde hace dos décadas, en el Partido popular. Tal como en el cuento de Hans Christian Andersen, ya no es únicamente el rey quien desnudo, sino que el gran fraude de la Transición española ha quedado al descubierto y, actualmente, el espejismo de un Estado de derecho ha quedado sustituido por la visión de un estado de pánico. Muy probablemente y en caso de éxito, el proceso de derribo de Rajoy favorecerá la llegada de un ejecutivo aún más populista y dogmático.
La enésima conspiración palaciega en tierras castellanas ha hecho aumentar la angustia de las fuerzas proespañolas en Cataluña. La credibilidad institucional española continúa su erosión acelerada y, actualmente, ningún político nacionalista español -ya sea integrante del PP, PSC-PSOE o bien del movimiento neolerrouxista ciudadano- puede atreverse a presentar al Estado español como un ámbito de progreso económico y una garantía de libertades ciudadanas. Muy al contrario, la inexistente separación de poderes, la acreditada actividad del espionaje del CNI, la insolvencia del bipartidismo hispánico, la discriminación fiscal de Cataluña, la política siciliana de las élites centrales y el unilateralismo del Tribunal Constitucional se han convertido ejemplos irrefutables del autoritarismo español. Ciertamente, se debería sentir conmiseración hacia los unionistas, románticos hispanocéntricos que “van topando de cabeza en una y otra soga” como la desgraciada vaca invidente.
El derrumbe del imaginario español -condensado en la perniciosa “Marca España”- está evidenciando las múltiples debilidades de la Transición española, un proceso que preservó el modus operandi ancestral de las élites centrales, caracterizado por la impunidad y la opacidad. Desgraciadamente, la Cataluña autonómica también mimetiza algunos de estos rasgos característicos de la actividad política postfranquista.
37 años después y bien entrado el siglo XXI, el Estado autonómico español se nos presenta como una jurisdicción con una fachada moderna y una estructura arcaica de vigas carcomidas. 3 décadas han sido suficientes para permitir la emanación del tufo pútrido escondido tras el sepulcro blanqueado del franquismo. Así pues, en contraste con el conservadurismo de PP, PSC-PSOE y Ciudadanos, un proceso soberanista caracterizado por la autoexigencia se erige como el único proyecto político progresista capaz de garantizar un verdadero cambio del statu quo y la emergencia de un Estado homologable con el resto de la Europa occidental.
Una década después del inicio del proceso de negociación estatutaria y ante las propuestas de recentralización o reetiquetado granadino del disfuncional autonomismo, el catalanismo ha de seguir apostando por estrategias racionales, pacíficas, democráticas y constructivas. Tal y como demuestran las encuestas -incluso las manipuladas por el gobierno español- la Cataluña real, representada por una amplia mayoría nada silenciosa, es partidaria del derecho a decidir, es decir, quiere responsabilizarse del futuro del país. El reto para los políticos catalanistas será entender que aceptar la responsabilidad de crear y gestionar un nuevo Estado requerirá, indefectiblemente, castigar la corrupción con un nivel de exigencia inédito en el Principado.
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