Con un 20% de paro en España la absoluta prioridad en política económica es crear empleo. Empleo estable que no sea pan para hoy y hambre para mañana, no empleo comunitario como apaño político. Sobre todo cuando un informe reciente sitúa al 20% la población por debajo del nivel de pobreza, resultado del paro. Que la sociedad aguante sin tensiones extremas, por ahora, se debe a la solidaridad entre miembros de la familia. Como el paro se concentra en jóvenes se retrasa la edad promedio de emancipación de los padres (que llega casi a los 30 años) y se vive del sueldo y la cobertura social de quien aún tiene trabajo en el hogar. Es decir, se reparte la precariedad y se reduce el gasto a lo indispensable.
La reducción del consumo hace caer la demanda y por tanto la inversión y el empleo. Es el círculo vicioso de la crisis que empezó como financiera, continuó en construcción, vivienda y turismo, se extendió a la industria y ahora se difunde en toda la gama de actividad. El Gobierno ha inyectado recursos mediante programas de obra pública, subsidios y ayudas a empresas y personas, pero el gasto público llega a límites insostenibles por la dificultad política y económica de aumentar impuestos. No estamos como Grecia pero si la recesión continúa, como algunos prevén, por un año o más, la destrucción de empleo puede acelerarse.
¿Qué hacer en estas condiciones? La experiencia internacional ofrece lecciones sobre las que reflexionar, en vez de utilizar la desgracia de los parados para alimentar un debate político entre la demagogia de la oposición y el triunfalismo del Gobierno. Parece como si todo el mundo calculase votos de la próxima elección en lugar de buscar soluciones a un problema cuyo impacto afecta no sólo a la economía familiar sino a la psicología cotidiana.
Crear empleo depende en último término del crecimiento económico. Pero para que haya reactivación económica hace falta generar demanda lo cual depende, en primer lugar, del aumento de la población ocupada. O sea, hay que crear empleo partiendo de la situación actual. ¿Cómo?
Un sector de la patronal lo tiene claro: reducir salarios y flexibilizar empleo. En realidad, ambas medidas profundizan la crisis. La liberalización del despido (de eso hablamos) tiene como efecto inmediato aumentar el paro. Se supone que los despidos se compensan con el empleo de otras personas a las que no se emplea por la dificultad de terminar su contrato cuando no se necesitan. Pero en una situación de crisis es dudoso que las empresas contraten a corto plazo. Reducir salarios sin más contribuye a disminuir la demanda, manteniendo el mismo nivel de desocupación. Se elevaría el margen beneficiario de las empresas. Pero los problemas de tesorería con que se encuentran hacen improbable que reinviertan antes de sanear sus libros de cuentas y pertrecharse contra la reducción del crédito.
De ahí la necesidad de estrategias innovadoras, como las que están siendo usadas en Alemania: mantenimiento o expansión de empleo, reducción de tiempo de trabajo con reducción equivalente de salario, en parte compensado por el Gobierno. Lo que no funciona es la aventura francesa de reducir la jornada a 35 horas sin reducción de salario.
Porque eso se traduce en aumento de costos laborales unitarios que las empresas compensaron con más presión sobre sus trabajadores y un bloqueo de creación de nuevo empleo. El problema surge de que el llamado reparto de trabajo no puede hacerse como una simple medida contable. Requiere una reorganización del trabajo en la empresa de modo que más trabajadores trabajando menos aumenten la productividad de cada uno y de la empresa en su conjunto. En base a la mejora de la formación profesional y a cualificación de la gestión por consultores especializados de las agencias públicas.
Si el sistema funciona, en una situación de reducción de costos laborales sí se puede pensar en que las empresas reinviertan y creen más empleo, lo que incrementa el número de empleos aunque no aumenten las horas trabajadas. La clave en esta estrategia es que reducir el consumo no se compensa monetariamente, sino con tiempo libre. Pero si las personas no valoran su tiempo libre, entonces se percibe como degradación de las condiciones de vida. Una política de reducción de tiempo de trabajo y salario tiene que ser abordada como un cambio de modelos de vida, en una proceso en que participen sindicatos, empresas y gobierno. Y debe ser acompañada de una provisión de equipamientos y oportunidades de actividades culturales, formativas, deportivas, lúdicas, en las que se pueda invertir ese capital de tiempo ganado. Es decir, aunque se reduzca el consumo, aumenta la productividad y los costos unitarios bajan, los precios pueden mantenerse a bajo nivel y la gente puede, a la vez, comprar lo necesario y ampliar los horizontes de sus vidas. Sería una economía mixta de valor de mercado y valor de vida.
No es una utopía. Está practicándose de forma limitada, según acuerdos entre empresas y sindicatos en varios países europeos. E incluso en España alguna empresa financiera han propuesto esa fórmula durante cinco años con la promesa de volver al puesto de trabajo anterior cuando acabe la crisis. Pero ese es el problema. Si se hace de forma limitada y coyuntural, no funciona. Tiene que ser una práctica generalizada y culturalmente aceptada.
Empezando por las pymes, que son las que más sufren la restricción del crédito y las que más empleo generan (y destruyen cuando viene el lobo de la crisis). Y también son aquellas que, segun nuestras investigaciones en
