1. Los miembros del Colectivo Wilson decidimos hace casi tres años “unir esfuerzos para contribuir a que los ciudadanos de Cataluña tengan la oportunidad de decidir su futuro libremente, sin miedo ni amenazas, y con la mejor información posible”. Este comunicado ha sido pensado y escrito con este mismo objetivo.
Un principio irrenunciable: decidir libremente
2. El Colectivo Wilson entiende, en primer lugar, que el derecho de autodeterminación es un derecho fundamental de cualquier nación y, por tanto, también de Cataluña, y constata, en segundo lugar, que una inmensa mayoría de los catalanes y catalanas y una gran mayoría del Parlamento de Cataluña ha defendido insistentemente la posibilidad de determinar democráticamente su forma de organización política.
3. Es evidente que, idealmente, este derecho democrático de decidir sobre el futuro de una nación debería haber sido ejercido mediante un referéndum acordado por el Estado español y la Generalitat dentro de un pacto que incluyera el compromiso explícito de ambas partes de negociar y aplicar los resultados de la consulta desde el respeto a los intereses legítimos de cada banda.
4. A pesar de que la constitución española establece diversos mecanismos para realizar un referéndum y aunque hay precedentes claros en el ámbito internacional en este sentido (como la opinión del Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso de Quebec y el acuerdo reciente entre los gobiernos de Escocia y del Reino Unido), la celebración de un referéndum sobre el futuro de Cataluña no ha sido posible ante la negativa tajante y reiterada del gobierno de España a convocarlo o autorizarlo.
5 Esta negativa ha abocado a las instituciones catalanas a llamar a los ciudadanos de Cataluña a expresar su opinión sobre el futuro político y la posible independencia de nuestro país mediante las elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo día 27 de septiembre.
6. Una alternativa posible a la independencia sería esperar que España se reforme. Hay muchas razones, sin embargo, para temer que esta posible reforma no nos sea beneficiosa debido a las dinámicas políticas españolas. Los incentivos electorales que han llevado al actual sistema económico y de financiación regional son difíciles de cambiar. La distribución geográfica de funcionarios (y sus votos) también está fijada. Y tampoco cambiará la geografía del país que ha llevado a la estructura radial de infraestructuras de transporte en detrimento del corredor mediterráneo. Dicho de otro modo, es en propio beneficio del votante medio español como se han decidido e implementado las políticas que hemos sufrido. Y por lo tanto el votante medio español no tiene ninguna razón para cambiarlas. De hecho, las encuestas en España reflejan una preferencia creciente (no menguante) por una recentralización por parte de los votantes españoles. Cabe recordar que los catalanes representamos aproximadamente el 16% de los votantes de España y, en este sentido, nunca podremos por nosotros mismos cambiar ni las leyes ni las reglas del juego de España. Los que defienden la opción de esperar que el Estado se reforme deben explicar por qué razón prevén que una España reformada tratará a Cataluña equilibradamente o por qué razón las preferencias e intereses de los ciudadanos de España, de repente, se alinearán con los de los catalanes.
7. Ante la trascendencia, tanto para España como para Cataluña, de estas elecciones, entendemos que todas las partes interesadas deben informar a los ciudadanos de Cataluña sobre los riesgos y las oportunidades, los costes y los beneficios que plantean tanto el establecimiento de Cataluña como estado independiente como el mantenimiento de la situación política y económica actual. En este proceso de información (y de deliberación colectiva), tanto los partidarios de la secesión como los sectores e instituciones favorables a mantener el status quo tienen el derecho a defender sus intereses legítimos, a enfatizar los beneficios de la opción que defienden, y subrayar las desventajas o perjuicios de la alternativa contraria. Al mismo tiempo, tienen la obligación de respetar el proceso de deliberación libre y racional que caracteriza toda democracia avanzada y, en este sentido, deben informar de manera transparente, con veracidad, a los ciudadanos, sin recurrir a las amenazas ya las coacciones. En este sentido:
A) Continuamos constatando, como ya lo indicamos ante las elecciones de 2012, que algunos medios de comunicación, partidos políticos, economistas, fundaciones cercanas a partidos políticos y analistas han puesto en marcha campañas de desinformación e intoxicación sobre las verdaderas consecuencias de un hipotético Estado catalán. A menudo estas campañas se hacen presentando estudios supuestamente académicos, datos supuestamente científicos y análisis supuestamente imparciales. Creemos que la mayor parte de estas predicciones y argumentos no resisten un escrutinio sistemático.
B) Observamos con gran preocupación que el gobierno de España ha enfatizado una campaña basada en la amenaza, esto es, en el anuncio de represalias contra Cataluña, sus instituciones y sus votantes en caso de haber una mayoría favorable a la independencia. Estas amenazas, algunas explícitas y otras implícitas, incluyen cerrar las instituciones catalanas, aislar Cataluña internacionalmente, etc. Esta estrategia del miedo atenta contra un principio democrático básico: respetar el derecho de todo ciudadano a decidir libremente y sin coacciones. Esta estrategia es, además, política y económicamente poco creíble porque en caso de llevarse a cabo tendría consecuencias negativas sobre el conjunto de los ciudadanos españoles.
Beneficios de la independencia
A la hora de evaluar los beneficios y costes de una posible independencia de Cataluña, hay que distinguir entre los efectos (negativos y positivos) a medio y largo plazo y los costes de transición a corto plazo. En los puntos 8 a 11 examinamos los primeros efectos. En los puntos 12 a 18 analizamos los costes de transición.
8. Es indudable que una Catalunya independiente sería viable política y económicamente. Más de la mitad de los países soberanos del mundo tienen una población inferior a la catalana. Además, Cataluña es un país relativamente rico, con un nivel de renta per cápita bastante elevado (por encima de la media de la UE), con una economía competitiva, diversificada y abierta al mundo, con empresas modernas e innovadoras, universidades y científicos de primer nivel mundial y dotado de una estructura institucional y administrativa preparada para gobernar el país con plena soberanía.
9. La independencia de Cataluña tendría consecuencias económicas claramente positivas a medio y largo plazo. En primer lugar, eliminaría un déficit fiscal muy grande y persistente. Este déficit es lo que ahora obliga a la Generalitat a endeudarse para hacer frente a las obligaciones de gasto. En segundo lugar, capacitaría al gobierno de Cataluña para tomar decisiones estratégicas clave que afectan el potencial productivo y el bienestar de sus ciudadanos en un mundo globalizado (políticas de protección social, pensiones, infraestructuras, educación, energía, empleo, investigación, innovación, competencia empresarial, transportes, protección ciudadanos, fiscalidad, lucha contra la corrupción, etc.). No creemos ni estamos diciendo que los dirigentes políticos de una Cataluña independiente serían más capaces que los que ahora toman decisiones en España. Lo que sí creemos es que los catalanes tenemos preferencias e intereses específicos que son diferentes de los españoles y, en este sentido, cualquier política uniformizadora en todo el estado es menos beneficiosa para los ciudadanos de Cataluña que una política diseñada desde Cataluña y teniendo en cuenta los intereses y las preferencias de los catalanes. Un ejemplo de esto es la ley de pobreza energética catalana que prohibía a las empresas de energía cortar el suministro de luz y gas durante los meses de invierno a los hogares con menos recursos, una ley que el Tribunal Constitucional español suspendió porque no se podía permitir que los pobres de unos territorios (como Cataluña) estuvieran protegidos y los de otros territorios (España), no. Otros ejemplos los encontramos en la política de lengua en las escuelas (ley Wert) o en las inversiones en infraestructuras, que tienden a hacerse radialmente y no con criterios económicos que beneficiarían a los catalanes.
10. La independencia constituiría, además, una oportunidad de acabar con estructuras institucionales y económicas ineficientes y para establecer reglas de juego nuevas que permitirían hacer de Cataluña un país atractivo para la creación de riqueza y su disfrute.
11. En este contexto de mayor soberanía política y económica, es indudable también que el gobierno de Cataluña podría hacer frente a las obligaciones propias de un estado de bienestar avanzado, especialmente el sistema de pensiones. Como es bien sabido, el sistema de pensiones actual se alimenta directamente de las cotizaciones de los trabajadores. Tanto por el perfil demográfico como por el mercado de trabajo catalán, estas cotizaciones (y por tanto el pago de pensiones) serían más seguras en Cataluña que en el conjunto de España. Esto es lo que demostramos en nuestro trabajo “La independencia y las pensiones: la mentira más innoble” ( http://wilson.cat/ca/comunicats-conjunts/item/213) .
Costes de transición
12. Es normal preguntarse si los costes de la transición a un Estado propio podrían ser más altos que los beneficios que se disfrutarían una vez ese Estado fuera plenamente reconocido y operara como cualquier otro país normal en el marco de la UE y dentro de la área del euro, y generar un balance neto negativo. En este sentido creemos adecuadas las siguientes consideraciones:
A) Si hay voluntad política, no hay ninguna razón objetiva que impida la continuidad de facto de las relaciones económicas y financieras con el resto de Europa, en todos los ámbitos. Esta continuidad es en el interés económico de todas las partes implicadas y su coste sería mínimo.
B) Cualquier impedimento significativo a esta continuidad sería por tanto el resultado de una decisión política deliberada, y podría representar costes económicos significativos para todas las partes. La única motivación sería la de castigar a los catalanes por querer cambiar, de forma democrática y pacífica, su marco político. Huelga decir que el Estado español sería el más perjudicado, ya que difícilmente se podría producir una negociación de buena fe sobre el reparto de la deuda del Estado español en un contexto de intransigencia y hostilidad política.
13. Hechas estas consideraciones generales, hay que considerar tres ámbitos fundamentales: los flujos comerciales con España, el mantenimiento del euro, y la pertenencia a la Unión Europea.
14. Cataluña vende al resto de España un 19% de lo que produce. Un proceso de independencia podría reducir el comercio entre Cataluña y el resto de España a corto plazo debido a un boicot deliberado de los productos catalanes. ¿Qué efectos tendría esto para la economía de Cataluña? A la hora de calcular los efectos comerciales de la independencia a menudo se olvidan cuatro factores fundamentales. Primero, hay que imaginar que habría una mayor propensión al boicot para los bienes de consumo que para los bienes de capital o intermedios y los datos de exportaciones catalanas muestran que sólo un tercio (1/3) de las exportaciones catalanas están asociadas con bienes de consumo . Segundo, se hace difícil pensar que los consumidores y empresas españolas hicieran boicot a las empresas multinacionales localizadas en Cataluña (que aportan un 40% de la facturación manufacturera catalana) porque sería difícil distinguir si los productos de estas empresas provienen de Cataluña o de otros lugares y que los mismos españoles no querrían perjudicar las empresas de sus socios europeos. Tercero, un boicot de productos catalanes tendría consecuencias gravísimas para la economía española y por tanto, llegado el momento, sería muy costoso para el resto de España llevarlo a cabo. Cuarto, los bienes catalanes que no se pudieran vender en el resto de España no se echarán a la basura, sino que se redirijan (ciertamente a precios reducidos o con costes más elevados) a mercados alternativos. En base a estos factores, en nuestro comunicado “Dos más dos son mil. Los efectos comerciales de la independencia” (http://www.wilson.cat/ca/comunicats-conjunts/item/215-dos-més-dos-són-mil-els-efectes-comercials-de-la-independència.html) calculamos que los efectos comerciales de la independencia difícilmente superarían el 1% del PIB catalán.
15. Ningún hay artículos de los Tratados europeos determina la expulsión de la UE en caso de constitución de un nuevo Estado por parte de un territorio que ya forma parte de la UE. De hecho, hay que recordar que los propios Tratados, en su artículo 50, exigen un proceso de negociación y el consenso de las partes implicadas para permitir un estado miembro de la UE salir de la Unión, con el objetivo de minimizar los costes de esta separación para las partes. Por tanto, la decisión sobre el tratamiento en Cataluña será política. Las decisiones políticas de la UE se han caracterizado por su pragmatismo, es decir, para intentar garantizar lo mejor posible la continuidad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos europeos y preservar en la medida de lo posible la estabilidad económica y financiera. Durante la crisis reciente, incluso han llegado a violar algunas de las normas básicas de los Tratados europeos, como el principio de “no rescate” y el de “no monetización de la deuda,” a fin de evitar el colapso financiero de algunos países miembros, que habría tenido consecuencias graves en el resto de Europa. La resolución del reciente episodio griego, tras las amenazas de expulsión del euro si el “no” triunfaba el referéndum, es otro buen ejemplo.
16. En el caso de Cataluña, la UE podría garantizar la continuidad de los derechos y obligaciones económicas de los ciudadanos catalanes y de aquellos con los que se relacionan económicamente (y, específicamente, la libre circulación de mercancías, personas y capitales) sin tener que vulnerar ningún tratado.
17. Lo mismo podemos decir del euro, que podría seguir siendo utilizado en Cataluña, garantizando la continuidad del actual régimen de supervisión y acceso a la liquidez del sistema bancario, mediante un acuerdo monetario como el que tienen Mónaco y otros microestados , pero adaptado a las circunstancias específicas del caso catalán, que incluyen el hecho de que ha adoptado el euro desde sus inicios y del deseo de formar parte eventualmente del Eurosistema como miembro de pleno derecho (y, como tal, de participar en sus instituciones). Este acuerdo debería garantizar plenamente la estabilidad financiera, en el interés de todas las partes, incluida la española, teniendo en cuenta que Cataluña representa una parte muy importante del mercado de varias entidades financieras sistémicas, así como de la acumulación de grandes cantidades de deuda pública del Estado español por parte de estas entidades durante estos últimos años. De hecho sería suficiente, desde un punto de vista formal, seguir tratando a Cataluña como parte de España durante el período de transición y formalizar el reconocimiento del nuevo Estado y su adhesión de forma simultánea. Alternativamente, Cataluña podría quedar “formalmente” fuera de la UE transitoriamente, pero estableciendo un acuerdo que garantizara la continuidad de las relaciones económicas, financieras y monetarias durante la transición. No hay ninguna norma ni principio legal en los Tratados europeos que impidan esta vía, que claramente sería la que protegería mejor los intereses de todas las partes implicadas, incluidos los de las empresas y bancos españoles, así como las numerosas multinacionales (muchas europeas) con intereses significativos en Cataluña.
18. Cualquier coste eventual de la transición al Estado propio sería, por definición, temporal. Los beneficios arriba mencionados serían, en cambio, permanentes. Por tanto, el balance neto de la independencia de Cataluña en el terreno económico es función, en último término, del peso que nosotros, los que tenemos que decidir ahora, damos a nuestro futuro y al de nuestros hijos. Si este peso es significativo, pensamos que la independencia de Cataluña será buena para nuestro país, también en el ámbito económico.
Los miembros del Colectivo Wilson analizamos y contrastamos trabajos, estudios y afirmaciones presentadas en diferentes medios y a difundir nuestra opinión en nuestra página web (www.wilson.cat) y en nuestra cuenta de Twitter (col_wilson).
Pol Antràs, Doctor por el MIT y Catedrático de Harvard University
Carles Boix, Doctor por Harvard University y Catedrático de Princeton University
Jordi Galí, Doctor por el MIT y director del Centro de Investigación en Economía Internacional
Gerard Padrón y Miguel, Doctor por el MIT y Catedrático de la London School of Economics
Xavier Sala i Martin, Doctor por Harvard University y Catedrático de Columbia University
Jaume Ventura, Doctor por Harvard University e Investigador Senior en el Centro de Investigación en Economía Internacional
