Así llegaron los piratas a su refugio en la costa con el botín a buen recaudo. Era el momento que esperaba la oposición para ponerle la proa al Gobierno, cantarle las cuarenta y declararle fallido. Pasados unos días en los que hemos visto a unos hinchar la vena lamentando la renuncia a un abordaje a sangre y fuego, y oído a otros proponer la reconversión de los infantes de marina en atuneros, tal vez no haya nada nuevo que decir pero sí algunas cosas a las que dar un par de vueltas.
Se nos pidió ser discretos mientras el Alakrana estuviera cautivo para no ponerle las cosas más difíciles al Gobierno. Una vez todos a salvo, puede ser el momento de decir que para ese viaje no hacían falta alforjas. Los piratas son los primeros interesados en no causar víctimas. De hecho, no las ha habido nunca, una vez iniciadas las negociaciones, en ninguno de los innumerables secuestros en el Índico. Y siendo el final que todos deseábamos, y lo único que podemos celebrar, conviene no perder la perspectiva: también era el final que deseaban los piratas. Liberar a los rehenes pagando el rescate no tiene mucho mérito; resuelve el problema principal, pero deja muchas preguntas en el aire sobre ese Estado de Derecho que nos da tanto que hablar.
Hemos asistido estos días a múltiples intentos de justificar por qué en otras ocasiones el Estado de Derecho obstaculiza, o rechaza, el pago, y en ésta lo patrocina. No han conseguido convencerme. Observo que mientras en unos casos salvar la vida amenazada es el valor supremo por encima de todo (“mi primera obligación”, en palabras de Zapatero), en otros cede ante una alegada razón de Estado como valor superior que, por lo visto, no lo es siempre. Tocaba pagar si no había otra manera de rescatar a la tripulación, pero canta mucho el vaivén entre los principios y el pragmatismo según de qué chantaje se trate. Y también que frente al interés que ha habido en otros procesos de negociación en sacar a las víctimas a la calle, se las haya querido tener en éste calladitas y en casa.
Me adelanto a la réplica archisabida: no son procesos comparables. Respondo: estoy cansado de ver que quienes más se empeñan en negar al llamado “problema vasco” cualquier especificidad que no sea la mera intromisión de una banda terrorista, son también los más empeñados en administrar un trato singular y diferente a cuanto tiene relación con dicho conflicto. Si se apela a la experiencia de Irlanda o Suráfrica para sentar las bases de un proceso de paz, se descarta inmediatamente que pueda servir de precedente: “No tienen nada que ver”. Si se trata de resolver un secuestro, de permitir o perseguir el pago del rescate, se aplican en el caso vasco normas y criterios de los que se prescinde en los demás. Por lo visto, pagar por el Alakrana no es financiar el crimen de la piratería.
También en relación a la justicia hay una actitud específica y singular. Para el conflicto vasco el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se resume en garantizar el imperio de la ley. No ocurre así en otros casos. En este secuestro se ha pedido a los jueces que hicieran lo contrario: ingeniárselas para eludir la ley. Quien crea que exagero, lea el editorial de El País del martes pasado. El título dice ya mucho: “Eliminar el obstáculo”. Pero el texto añade más al insinuar la razón del fiscal para no imputar por asociación ilegal a los dos piratas detenidos: les creyó cuando dijeron que eran meros ojeadores. Los cientos de vascos acusados en
Ignoro a qué conclusiones llegarán el lehendakari López y su Gobierno sobre su papel en esta odisea. Lo que sí aventuro es que la imagen de los piratas cantando al contar el botín puesto en sus manos con la aquiescencia del Estado de Derecho que gobierna su mismo partido, dará que pensar a quienes hace poco organizaron un acto de desagravio a los empresarios chantajeados por ETA que excluía a los que hicieron lo mismo que el Gobierno de España: pagar.
