Quizá ustedes, amables lectores, son un poco despistados y no se habían dado cuenta. Pero, según afirman un buen número de políticos, periodistas y opinadores, nuestro país, Cataluña, está viviendo una terrible crispación social, una atmósfera de división y enfrentamiento que nos acerca a la de Bosnia y Herzegovina a principios de 1992, poco antes de que allí estallara la guerra intercomunitaria.
Los hechos concretos que fundamentan un diagnóstico tan dramático son, por ahora, dos. Por un lado, la colleja y después el puñetazo que, adobado con un insulto, recibió el líder socialista Pere Navarro en Terrassa el pasado domingo. Y, por otra, el ataque y el insulto de los que fue víctima en una fecha no precisada el Ministro del PP Jorge Fernández Díaz, en el centro de Barcelona. Ni en un caso ni en otro los agresores han sido identificados, y menos se han aclarado las motivaciones de sus execrables conductas.
En cualquier caso, ¿se trata de situaciones sin precedentes, insólitas a lo largo de la actual etapa democrática? Desgraciadamente, no. A mí ya me gustaría que fuéramos como Suiza o Finlandia, pero no lo somos, e insultar a gritos a los políticos durante sus comparecencias públicas ha sido desde la Transición un deporte con un número creciente de practicantes. Con la expansión de Internet, el deporte del insulto se ha convertido en vicio de minorías tan activas como impunes.
Hace meses que triunfa en el ciberespacio de la ultraderecha española una campaña con el siguiente enunciado: “Derecho a decidir. ¿Es Artur Mas un hijo de puta? Sí. Sí. Sí”. Aquí no se trata de una acción anónima, sino impulsada por partidos legalmente registrados, a los que nadie ha pedido explicaciones ni responsabilidades. Es natural: insultar al presidente de la Generalitat no crea crispación ni tensión alguna. Si él se hubiera quejado, le habrían dicho que recibir insultos va incluido en el sueldo.
¡Ah -dirá alguien-, pero ahora ya no se trata de insultos, sino de agresiones! Pues hablemos de agresiones. Así, de memoria, recuerdo algunas graves sufridas por el presidente Pujol durante sus 23 años de mandato. Un día, en Santa Coloma de Gramenet, unos vecinos furiosos le apedrearon el coche, lo que dio lugar a una escena que se convertiría en mítica. En otra ocasión, unos campesinos indignados -creo recordar que del sector de la avellana- recibieron a pedradas su helicóptero y obligaron al aparato a un peligroso aterrizaje de emergencia. Algunos de sus consejeros también vivieron momentos de riesgo físico: Joaquim Molins, de Política Territorial, se pasó toda una noche en el pueblo de Forès (Tarragona) acosado por encendidos contrarios a la instalación de un vertedero en la zona. Los ejemplos se podrían multiplicar.
En los últimos tiempos, bajo los efectos de la crisis económico-social y en favor del galopante descrédito de la política institucional, las acciones coactivas o directamente violentas contra políticos han ganado en número y en pretendida legitimación. Basta con pensar en el sarampión de los escraches o en el asedio al Parlamento catalán del 15 de junio de 2011.
Y se da una circunstancia curiosa: muchos de los que estos días se rasgan las vestiduras a cuenta de la crispación social provocada -dicen- por el soberanismo, y ven en los incidentes antes descritos “el huevo de la serpiente” -los unionistas de pro, para entendernos-, son los mismos que se mostraban y se muestran de lo más comprensivos y benévolos con los autores de los escraches o con los acosadores de la cámara legislativa de Cataluña. Aunque la semana pasada uno de estos españolistas progres publicaba un artículo inefable pidiendo “indulgencia” para los 20 procesados por los hechos de junio de 2011, minimizando la gravedad y justificando la actitud de los pretendidos indignados por la corrupción de los políticos.
O sea, y en resumen si unas decenas, o unos cientos, o unos miles de activistas, movilizados en nombre del 15-M, o de la lucha contra “el sistema”, o del derecho a la vivienda, rodean el domicilio de un cargo público, o bloquean el funcionamiento del poder legislativo, o insultan, amenazan y agreden a varios parlamentarios, no tiene ninguna importancia, se hace cachondeo de ello y se dice que se trata de “jóvenes desempleados e impecunes, sin perspectivas de un futuro estimulante”. En cambio, si una o dos señoras Marías, en Barcelona o Terrassa, tachan de “hijos de puta” a sendos políticos del PP y del PSC, entonces nos encontramos en la Alemania de 1938 la víspera de la Reichskristallnacht.
Por favor, imagínense por un momento qué habría pasado si grupos organizados de jóvenes independentistas hubiesen atacado a diputados de Ciudadanos, del PP y del PSC, si les hubieran dicho cosas como “sois españolistas y os vamos a matar” y hubieran marcado la espalda de alguno de ellos con spray negro, como le hicieron a Montse Tura en 2011. Seguramente tendríamos los tanques por los cruces y la autonomía suspendida.
¿Crispación social provocada por el soberanismo? Ni siquiera es un wishful thinking, es una simple majadería.
ARA
