Que se descubriera que el catedrático de derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, Andrés Betancor, cobrara un sueldo como asesor de Ciudadanos mientras era miembro de la Junta Electoral Central y fallaba en contra de los candidatos independentistas constata nuevamente la baja calidad de la democracia en el Reino de España, puede tener repercusiones penales y en condiciones normales alteraría el desenlace de la causa contra el president Quim Torra en la medida en que las decisiones de la JEC con el voto de Betancor son el origen de la inhabilitación que pesa sobre el máximo representante de la Generalitat.
En el mundo independentista, además, el asunto Betancor ha supuesto una cierta consternación, en la medida en que se ha revelado que en la cúpula universitaria catalana hay profesores encarnizadamente unionistas, lo que contrasta con la mayoría independentista que domina el Parlamento y en la sociedad. Esto, sin embargo, para los que trabajamos en la universidad no ha sido ninguna sorpresa. Hay que recordar que los profesores funcionarios que integran el estamento superior académico, los catedráticos, son cuerpos de ámbito estatal (los ‘Cuerpos Nacionales del Estado’ que destacaba la ley de universidades española). El acceso de Betancor a la plaza en la Universidad Pompeu Fabra se produjo teniendo en cuenta este contexto: el tribunal que lo propuso estaba compuesto de cinco miembros, tres de los cuales eran del resto del Estado, que fueron precisamente aquellos que, tras una serie de maniobras propiciadas por el suegro del interesado, el entonces presidente del Tribunal Constitucional español, Manuel Jiménez de Parga, decidieron a favor de Betancor en detrimento de la candidata catalana. Incluso siendo el caso del acceso a la cátedra de Betancor uno de los más escandalosos en términos de influencia de la academia española en la elección de los profesores funcionarios en Cataluña (y de nepotismo), cabe decir que, en general, los elementos de centralización del proceso propician, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades que son los más permeables a aspectos ideológicos, que haya un sesgo favorable al ‘statu quo’ político entre el colectivo que nos ocupa.
La condición de los catedráticos funcionarios como ‘Cuerpos Nacionales del Estado’ hace que a menudo se encuentren cercanos al resto de cuadros de la administración del Estado en Cataluña hostiles al proceso (como notoriamente ha sucedido con los miembros del poder judicial en Cataluña) y explica la tibieza por parte de los estamentos universitarios superiores en la denuncia de la represión. En septiembre de 2019, en el inicio del presente curso académico, tuvimos una buena muestra de la contrariedad que el proceso catalán de emancipación nacional suscita entre la élite académica catalana cuando los rectores de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma frenaron una declaración conjunta de todos los centros en la que se reclamaba la libertad de los presos.
La pregunta, en la situación en la que nos encontramos y como, por otra parte, ya comprobamos otoño de 2017, es cómo se podrá avanzar hacia la República catalana con unas estructuras universitarias tan opuestas al pulso mayoritario que discurre por el país; una pregunta que, de hecho, se puede extender al conjunto del personal funcionario, también al dependiente de la Generalitat, en este último caso más temeroso de un castigo propiciado desde el aparato del Estado español que contrario a la posición sostenida por el gobierno catalán. Pero la primera evidencia con la que contamos es la de las enormes dificultades de remover a un miembro del estamento de catedráticos funcionarios incluso cuando se cometen las graves irregularidades que Betancor parece haber perpetrado. La Universidad Pompeu Fabra le ha abierto un expediente que ya veremos hasta dónde llegará. La fiscalía española, de momento y como era previsible, continúa inoperante.
EL PUNT-AVUI
