VILAWEB
Nuria Orriols
Los trucos de Montoro en las balanzas fiscales
El gobierno español ha presentado batalla por las cifras del déficit fiscal. Ayer, finalmente, publicó las cuentas públicas, ideadas por el economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA. Según los cálculos resultantes, el déficit fiscal catalán se rebaja a 8.500 millones de euros -un 4,35% del PIB -, si bien, utilizando el mismo método, la Generalitat calculó que era de 11.000 millones. Marta Espasa, profesora de economía política y hacienda pública de la Universidad de Barcelona, nos indica dónde están las trampas del cuentas del Ministerio de Hacienda español.
Los 8.500 millones de déficit fiscal catalán son la diferencia entre los 9.365 millones de euros que el Estado recaudó en Cataluña y los 910 millones que se gastó, según estos datos. El déficit fiscal de las comunidades autónomas respecto de la administración del Estado se ha calculado mediante el método del flujo del beneficio, y se ha pasado por alto el otro método, el del flujo monetario. La Generalitat, cuando calcula las balanzas fiscales, utiliza ambos métodos.
Datos divergentes con los de la Generalitat
Estos datos, referidos a 2011, contrastan con los que publicó recientemente la Generalitat para el mismo año, que señalaban un déficit de 11.000 millones de euros, un 5,7% del PIB, con el mismo método de cálculo, el de flujo del beneficio. Con el otro método, el del flujo monetario, el déficit fiscal subía hasta 15.000 millones de euros, el 7,7% del PIB.
Un cálculo ‘sospechoso’
Ayer el presidente de la Generalitat Artur Mas dijo en la sesión de control del parlamento que consideraba ‘sospechoso’ que el equipo de Montoro sólo hubiera utilizado un método de cálculo, el que ofrece una cifra más baja del déficit fiscal. ‘Se han olvidado métodos de cálculo por un interés puramente político’, dijo. Por otra parte, el consejero Andreu Mas-Colell explicó: ‘El gobierno español considera que el déficit fiscal de Cataluña, calculado con una metodología carga-beneficio, es de un 25% inferior a la que calculamos desde Cataluña. Por respeto académico, lo analizaremos línea por línea, hipótesis por hipótesis, y explicaremos esta discrepancia’.
¿Qué diferencia hay entre los dos métodos de cálculo?
Hay dos métodos diferentes de cálculo, el de flujo monetario y el de flujo del beneficio. Ambos son plenamente válidos en el ámbito académico, pero responden a preguntas diferentes.
Si queremos saber la diferencia entre el dinero que el Estado recauda de una comunidad autónoma y el gasto que hace, utilizaremos el método del flujo monetario. Así sólo computan como gastos de la administración estatal aquellos que haga en el territorio de la comunidad en cuestión.
En cambio, con el método del flujo del beneficio, se contarán como gastos del Estado en una comunidad autónoma también aquellos que hace en otros territorios. ¿Por qué? Porque con este método se considera que hay servicios centrales del Estado, como los ministerios, que, a pesar de concentrarse en un territorio concreto, benefician a todos los ciudadanos. El ejemplo típico es que, según este método, el Museo del Prado beneficia de la misma manera a todos los ciudadanos del estado español, por más que esté en Madrid y que la actividad económica que genera beneficie a la capital española.
Según la Generalitat, el primer método, el del flujo monetario, explica mejor el impacto del gasto de la administración del Estado en las economías receptoras que este último. En cambio, el equipo que ha elaborado las cuentas presentadas ayer es del parecer contrario. Y ni siquiera presentó las cuentas con el método del flujo monetario.
Los cálculos, sin embargo, a pesar de hechos con el mismo método, presentan diferencias respecto a los de la Generalitat. Por eso salen resultados diferentes: en un caso, 11.000 millones; en otro, 8.500.
Hipótesis arbitrarias
La profesora Marta Espasa explica que el método del flujo del beneficio sirve para calcular a quién beneficia el gasto público, y por tanto, deben establecerse criterios para cada programa de gasto que hace la administración del Estado, para saber cómo valorarla. Por ejemplo, el Museo del Prado, ¿a quién beneficia? Se pueden establecer hipótesis diferentes para calcularlo, dice Espasa: ‘a los que viven más cerca’, ‘a todos los ciudadanos’ o ‘según la renta’, porque hay estudios que demuestran que las personas con más poder adquisitivo gastan más en bienes culturales. ¿Qué criterio se puede elegir? El que se crea conveniente.
‘La hipótesis es arbitraria’, dice, pues la computación del gasto depende de los criterios adoptados, salvo las transferencias directas, como las pensiones. En cambio, el flujo monetario, explica, ‘es mucho más objetivo’, porque se contabiliza el gasto allí donde se hace.
Si la administración del Estado invierte una cantidad en Cataluña, con el método del flujo monetario este gasto se imputa a Cataluña; por el contrario, con el del flujo del beneficio esta imputación se calcula según el criterio establecido previamente en el programa de gasto para valorar a quién beneficia, dejando de lado la comunidad autónoma receptora.
‘Yo, esto, no lo había visto nunca’
Marta Espasa explica que una de las novedades de las cuentas públicas territorializadas es que los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales se incorporan a los ingresos de la administración central. Por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, IBI de los ayuntamientos, sucesiones, patrimonio y vehículos.
‘Yo eso no lo he visto nunca’, dice Espasa. De esta manera, el gobierno español ‘desdibuja la balanza fiscal; por eso no habla de ella, estrictamente, sino que las llama cuentas públicas territorializadas’.
La neutralización del déficit
Los ingresos que recauda la administración del Estado no alcanzan a cubrir todos los gastos; por tanto, hay un déficit -la diferencia entre los gastos y los ingresos- que se financia a través del endeudamiento. ¿Qué es neutralizar? Tener en cuenta esta variable. Espasa explica que tanto la Generalitat como el Estado han neutralizado en el cálculo de las balanzas fiscales, pero los criterios que han utilizado a la hora de calcular la parte de la deuda que asume Cataluña son diferentes.
Por una parte, según el Departamento de Economía se debe considerar que los catalanes asumen su parte de la deuda de la administración del Estado según la participación en el conjunto de ingresos (un 18%). ‘Está claro que la deuda se deberá pagar a través de impuestos futuros’, dice Espasa. Y, por otra parte, el gobierno español distribuye la asunción de esta deuda según criterios de población (16% con respecto Cataluña).
La trampa de los impuestos que pagan los turistas
Otra de las paradojas que señala Espasa es que las cuentas de Hacienda no incluyen los impuestos pagados por los turistas -básicamente IVA e impuestos especiales- como ingresos provenientes de las comunidades autónomas. Esto afecta especialmente a Cataluña, al País Valenciano y a las Islas.
Es decir, los impuestos que pagan los turistas en Barcelona, por ejemplo, no se asignan como ingreso proveniente de Cataluña, sino que lo distribuyen equitativamente en todo el territorio. ¿Por qué razón? Estos impuestos no los pagan los residentes. Espasa lo daría por bueno si este ajuste también se aplicara en los gastos. Y pone un ejemplo: de la inversión que puede hacer el Estado en el aeropuerto del Prat, una parte también beneficia a los turistas, y esto no lo descuentan de los gastos que recibe Cataluña.
En definitiva, explica Marta Espasa, con estos ajustes, en el cálculo del gobierno español se disminuye el total de ingresos que salen de Cataluña, porque el déficit fiscal sea menor.
Vicent Partal
Un incendio para apagar un fuego
Ayer asistimos a un insólito espectáculo de matemática recreativa y de torpeza política vez. La sociedad catalana hace años que ha ganado la batalla de la denuncia del déficit fiscal. Sólo los extremismos más intransigentes se empeñan todavía en considerar apropiado el drenaje fiscal de nuestro dinero por parte de España. Pero la inmensa mayoría de la población sabe que no hay ninguna justificación posible para una maniobra económica que rebasa cualquier límite. Sobre todo porque empobrece de manera indiscutible a quienes más contribuimos a la riqueza general.
Entendámonos: el Estado no publicaría nunca las balanzas fiscales si no fuera para tratar de combatir, con una mentira estadística, el trabajo realizado durante años por la sociedad catalana. Los académicos y los políticos catalanes han hecho inevitable un ejercicio que el Estado se hubiera querido ahorrar. Y, aunque han hecho tantas trampas como han sabido, no han podido negar la evidencia.
Lo más curioso es que en Madrid están contentos porque creen haber demostrado que no nos roban tanto como decimos que nos roban -y ya me perdonaréis la expresión, pero nos roban-. Y no es tan solo eso. Hay algo más increíble, porque en Madrid han cometido un error mucho más grave: para decir que no roban a Cataluña tanto como nosotros decimos reconocen también de manera oficial que roban al País Valenciano y a las Islas. ¡Fantástico! Han originado un incendio para intentar apagar un fuego. Simplemente brillante.
Tan brillante que los presidentes de la Generalitat y del Gobierno de las Islas Baleares, miembros acreditados y conspicuos del PP, han tenido que poner el grito en el cielo. ¡Incluso ellos! Fabra dice que el comportamiento de España hacia la Generalitat es injusto y Bauzá exige que el Estado trate dignamente a las Islas. Quién lo iba a decir…
La sociedad valenciana, sobre todo, vive un proceso de cambio acelerado. Los empresarios apuntan directamente a Madrid como causa de todos los males y piden concordia con Cataluña. El PP se hunde electoralmente. El nacionalismo vive un momento dulce y entra con fuerza en todas las instituciones. Y, en medio de este panorama, España nos hace el favor de explicar de manera oficial que nos discrimina y nos saquea. Concretamente, a cada valenciano el Estado le roba 394 euros al año, a cada mallorquín, menorquín o ibicenco 1.329 euros y a cada ciudadano del Principado 1.119. ¡Eh!, esto incluso con sus cálculos tramposos.
Puede que el famoso dique del que tanto habla Fabra se esboce mejor de lo que pensábamos. De momento desde Madrid parecen empeñados en conseguirlo…
EL PUNT – AVUI
Ni haciendo trampas
Vicent Sanchis Llacer
Rajoy no gana ni marcando los ases. El presidente del gobierno español redactó las cláusulas secretas de un concurso para buscar el analista en hacienda pública más españolista de la Vía Láctea. Y lo encontró. En las páginas del periódico antiguo crisol y luz de la caballería progresista española -ahora rendido y desarmado al presidente- sus asesores leyeron los artículos de Ángel de la Fuente, el león de Gijón. La ira desbocada en las colaboraciones del economista publicadas en El País se explicita en títulos como “Las cuentas de la lechera”, “Cisne negro o pollo del montón”, “La gota malaya de las balanzas fiscales”, “Cataluña y Europa: una de cowboys” o “El expolio como verdad revelada”. Rajoy los devoró y pensó que había encontrado el martillo de herejes definitivo. Ángel de la Fuente es a las balanzas fiscales lo que Pío Moa es a la historia de España. Un fenómeno. Aunque a De la Fuente no se le conoce la militancia en el GRAPO. Durante meses, pues, y subvencionado por el Estado, el economista se ha dedicado a marear las balanzas fiscales, a las que ha aplicado el sistema inventado en Copenhague denominado “cuentas territoriales”. Todo para desolar la tierra… de demás. Pero, al final, el mamut ha parido una araña y resulta que las conclusiones del equipo de Ángel de la Fuente son casi las mismas que las que publica la Generalitat siguiendo el sistema de carga y beneficio. Carga contra Cataluña y beneficio de Madrid. Señor Rajoy, ¡búsquese otro! ¿Quizás Pío Moa?
EL TEMPS
Paluzie: “Las balanzas fiscales están distorsionadas por una concepción unitarista del Estado”
Violeta Tena
Elisenda Paluzie es decana de la facultad de economía y empresa de la Universidad de Barcelona. En esta entrevista habla de las trampas de las balanzas fiscales presentadas por el ministerio de Hacienda
– Las balanzas fiscales presentadas hoy cifran en 8.455 millones de euros el déficit fiscal de Cataluña; 2.018, el del País Valenciano; y 1.438, el de las Islas. Como economista, ¿qué valoración hace de estos datos?
– Lo primero que hay que decir es que el Estado no ha respetado el consenso al que llegaron los expertos en 2008 y que provocó la publicación de las balanzas fiscales por parte del Instituto de Estudios Fiscales con los dos métodos conocidos y aceptados, que son el de carga-beneficio y el de flujo monetario. La Generalitat, en su cálculo de las balanzas fiscales sí tuvo en cuenta ambas metodologías.
En este caso, sólo se ha calculado mediante el método carga-beneficio y se ha hecho así con toda la intencionalidad política porque este método, como que distribuye los gastos de los servicios centrales de Madrid de manera homogénea entre todas las comunidades autónomas, automáticamente aumenta el déficit fiscal de Madrid y disminuye el del resto de las comunidades autónomas.
Además, en el cálculo de este método, parece que obliga a hacer muchos supuestos para decidir cómo beneficia el gasto a cada uno, se han introducido cambios metodológicos importantes respecto del modelo anterior. Una de las cosas más llamativos es que el IVA de los turistas y de las exportaciones no se atribuyen a las comunidades autónomas a donde han llegado los turistas o donde se han generado estas exportaciones, sino que lo distribuye en función de la población entre todas las comunidades autónomas. Lo que esto provoca es la reducción del déficit fiscal de Cataluña, País Valenciano y las Islas que son muy turísticas y, en el caso de las dos primeras, también muy exportadoras.
– Esto, pues, ¿explica que la Generalitat de Cataluña, con el mismo sistema de cálculo de carga-beneficio, obtuviera un déficit de 11.000 millones de euros, mientras que ahora, el profesor Ángel de la Fuente lo ha cifrado en 8.455 millones?
– Sí, los cambios metodológicos en el propio método explican esta diferencia. Seguramente hay otros cambios, pero todavía no he tenido tiempo de analizarlo en profundidad.
– ¿Pero tiene sentido introducir estos cambios?
– No, los cambios responden a una concepción política unitarista del Estado.
– ¿Son unas balanzas fiscales distorsionadas, pues?
– Sí, distorsionadas por una concepción unitarista del Estado.
– ¿Están, pues, deslegitimadas?
– El hecho de que entre los expertos siempre haya habido consenso sobre la necesidad de calcular las balanzas fiscales a través de dos métodos y que aquí hayan decidido sólo utilizar un método, deslegitima unas balanzas que sólo ofrecen una visión parcial de los flujos interterritoriales.
– La prensa de Madrid está apresurando a poner el foco sobre el hecho de que el déficit de Madrid duplica el del Principado.
– Este resultado es lógico con la metodología que se ha empleado. Si imputa a todas las comunidades autónomas los sueldos de los funcionarios de la administración de Madrid, automáticamente el déficit fiscal de Madrid se dispara porque hay una parte del gasto público que impacta sobre la actividad económica, el consumo y el dinamismo económico de Madrid pero que no se contabiliza adecuadamente.
– El portavoz de CiU en el Parlamento ha hablado de “cocina de datos”. ¿Está de acuerdo?
– Sí, es lo que te decía. El método carga-beneficio implica una cocina técnica porque tienes que definir una serie de hipótesis para definir cómo imputar el beneficio de un gasto. Es especialmente llamativo el ejemplo del Prado. En la anterior presentación de los datos de balanzas fiscales se utilizó mucho como ejemplo de las deficiencias del método carga-beneficio. En esta ocasión, en cambio, se ha introducido una corrección por la que el 75% del gasto se atribuye a Madrid y el otro 25% se reparte entre el resto de las comunidades.
– Se ha mostrado partidaria de que los catalanes superen el debate sobre las balanzas fiscales. ¿Qué quiere decir con esto?
– Si quisiéramos seguir formando parte del Estado, tendría sentido preocuparse por cuánto recibimos de más o de menos por parte del Estado. Pero en estos momentos, Cataluña tiene planteado un referéndum de autodeterminación que plantea la independencia. Entonces, los planteamientos deben ser diferentes. Hay que pensar en un modelo en el que todos los impuestos que se generen en Cataluña se queden en Cataluña y donde los gastos se realicen dentro del territorio.
ARA
Ocultar un déficit descomunal
XAVIER SALA I MARTÍN Catedrático de Economía, Univ.. de Columbia
Finalmente, el ministro Montoro y su empleado Ángel de la Fuente, exinvestigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Autónoma de Barcelona, han publicado sus “cuentas territorializadas”. Tras una primera lectura, estas son mis reacciones.
Primera. Es una vergüenza que el ministro esconda los datos que deberían ser de propiedad pública y no las publique para que los economistas puedan hacer los cálculos de las balanzas que más les gusten, incluyendo los métodos científicos que se han utilizado durante años. Ocultar los datos y sólo publicar unas “cuentas territorializadas” totalmente cocinadas por economistas afines es una vergüenza intelectual. En los países democráticos los datos son de los ciudadanos, y no del ministro o del rey, y los exacadémicos respetados no deberían participar en esta ocultación.
Segunda. Ya he dicho mil veces que no hay balanzas fiscales buenas y balanzas fiscales malas. Cada una es la respuesta correcta a una pregunta concreta.
Tercera. Una vez visto lo que han hecho De La Fuente y compañía, la pregunta a la que responden sus cuentas es: “¿Si Cataluña fuera independiente, cuánto dinero neto adicional tendría la Generalitat una vez tenidos en cuenta todos los nuevos gastos que tendría que pagar y que hasta ahora hacía el gobierno central?” Respuesta: 8.455 millones de euros. ¡No está mal! Es relevante saber que en una Cataluña independiente la Generalitat dejaría de estar ahogada y dejaría de sufrir para pagar la sanidad y la educación. Gracias, ex De La Fuente, por la información.
Cuarta. Como sabemos que De La Fuente y sus ayudantes han hecho todo lo posible para hacer que el dato del déficit fuera lo más pequeña posible (ya confesó Montoro que el objetivo de estas cuentas era político: ¡no dar munición al soberanismo catalán!), sabemos que el superávit de la Generalitat independiente seguramente sería muy superior a estos 8.455 millones.
Quinta. Con la independencia, el dinero adicional que tendrá la Generalitat no es el dinero adicional que tendrá Cataluña. La razón es que habrá muchos gastos que hará la Generalitat y que antes hacía el gobierno de Madrid, gastos que antes se hacían en España ya partir de ahora se harán en Cataluña. La respuesta a la pregunta “¿Y cuánto dinero adicional tendrá Cataluña como país en caso de independencia?” Es “el saldo de la balanza fiscal calculada por el método del flujo monetario”. Como De La Fuente no ha hecho estos cálculos (y aquí es donde aquel economista honesto y respetable que era Ángel deja de tener respetabilidad, porque un académico como él no debería participar en programas de ocultación de datos), podemos utilizar los datos de la Generalitat: si Cataluña fuera independiente, su PIB aumentaría en 16.000 millones de euros porque todos los impuestos que, estando en España, marchan de Cataluña se quedarían en el país.
Sexta. Los cálculos de De La Fuente y sus colegas suponen que los gastos públicos no territorializables y que se hacen en Madrid benefician a todos los ciudadanos de la misma manera. ¿Nos beneficia mucho, a los catalanes, el Museo del Prado? ¿Nos beneficia al igual que a los madrileños (que son los que viven al lado del museo y lo pueden visitar con más frecuencia) o a los extremeños? ¿Y el salario del rey? ¿Beneficia igual a un monárquico que a un republicano? ¿Y el salario de Wert? ¿Beneficia igual a los españoles que quieren que la escolarización en Cataluña se haga totalmente en castellano que a los catalanes que quieren que la escolarización se haga en catalán? La verdad es que es casi imposible de saber a quién beneficia cada euro gastado por el Estado. Y, como es difícil, De La Fuente hace un supuesto tan valiente como arbitrario: dice que todo el gasto público beneficia a todos los ciudadanos de la misma manera. Claramente este es un supuesto gratuito, ya que el salario del rey no puede nunca beneficiar de la misma manera a un republicano que a un monárquico y el salario de un ministro que ataca la lengua catalana no puede beneficiar igual a los catalanes que a los no catalanes. Pero si hacemos como De La Fuente y suponemos que el gasto público beneficia a todos los ciudadanos por igual, entonces el 16% de todo el gasto que se hace en España se hace en beneficio de los catalanes, ya que Cataluña tiene el 16% de la población española. Que quede claro que este es un supuesto arbitrario aunque De La Fuente le quiera dar una naturaleza científica imparcial que no tiene. Igual de científico sería decir que los gastos que no benefician a los catalanes (como el salario de los ministros Montoro o Wert) no deberían ser imputados a Cataluña.
Séptima. Las cuentas de Madrid son un chiste. Decir, como ha hecho el presidente de esa comunidad, que Madrid sale “el doble de perjudicado” que Cataluña por el sistema fiscal español es una farsa. Como ya he dicho, los cálculos de De La Fuente asignan la mayor parte de los gastos que se hacen en Madrid a las otras comunidades. No importa que estos gastos se hagan en Madrid, generen negocio en Madrid y tengan un impacto macroeconómico en Madrid. La realidad es que, según De La Fuente, el 85% de estos gastos se hacen “para los no madrileños” y, por tanto, no se asignan a Madrid aunque se hacen en Madrid. Y, claro, si los madrileños pagan los impuestos que les corresponden y, en cambio, el 85% de los gastos que se hacen en Madrid los asignamos a las otras comunidades, nos sale que Madrid paga mucho y recibe poco. ¿Resultado? Un déficit de la balanza fiscal gigantesco, lo que lleva al conjunto de madrileños a decir ¡que los más perjudicados son ellos! Esto es una gran mentira.
Es como si un grupo de 17 amigos organizamos una fiesta en tu restaurante. Nos cobras a todos en proporción a nuestra renta y, como tú, el propietario del restaurante, eres el más rico, eres el que pagas más. El amigo catalán es el segundo más rico y, por tanto, el segundo que paga más. Y así sucesivamente. Si sólo miramos cuánto paga cada uno sin tener en cuenta el negocio que se hace con la fiesta, saldrá que tú, el propietario del restaurante, eres el que paga más. Esto es contablemente cierto. Pero lo que no puedes hacer es decir que eres el más generoso y solidario, porque, aparte de lo que pagas, tú estás haciendo un negocio descomunal con la fiesta. Si tuviéramos en cuenta que este negocio se hace en tu restaurante (y esto es lo que hace el método del flujo monetario que De la Fuente y Montoro ocultan), resulta que ya no eres tan generoso. Pues al déficit de Madrid le pasa exactamente lo mismo: De La Fuente dice que el 85% del salario de Wert se asignará al resto de los españoles aunque, en realidad, se gasta en Madrid y beneficia a sus restaurantes y negocios.
Poner el déficit de Madrid como si fuera comparable al resto parece hecho sólo para poder decir que el déficit catalán no es tan grande como dicen. De hecho, esta ha sido la reacción de la prensa afín. Pero, entre las comunidades que no hacen negocio con la fiesta de la capitalidad, los datos de De la Fuente confirman que Cataluña es la más perjudicada de España, con un déficit cuatro veces mayor que la segunda, el País Valenciano, y casi seis veces mayor que la tercera, Baleares.
Resumiendo: desde el punto de vista fiscal y económico, España sigue siendo un mal negocio para Cataluña y esta realidad no cambia con la publicación de la balanza fiscal de Montoro y De La Fuente. Lo único que cambia con esta publicación es que ahora ya podemos constatar la deshonestidad intelectual de quien hace todo lo posible para ocultar un déficit descomunal.
LA VISIÓN DEL PROPIO AUTOR, ANGEL DE LA FUENTE
¿Qué dicen las cuentas territorializadas?
Ángel de la Fuente
El País
Llevo seis meses librando una batalla complicada. Periodista al que pillo por banda, periodista al que intento convencer de que el día que se publiquen las benditas Cuentas Territorializadas (CT) la noticia no deberían ser los muchos miles de millones a los que ascienden los déficits fiscales de Madrid y Cataluña, sino los pocos motivos justificados de queja que hay detrás de tantos ceros. Si de lo que se trata es de épater al personal, el titular correcto no sería España nos roba a los catalanes y madrileños, sino Los gobiernos regionales de Madrid y Cataluña tienen más cuento que Calleja. Si podemos ser un poco más didácticos, bastaría con Las cuentas territorializadas revelan problemas de equidad territorial de una magnitud manejable.
Puesto que no estoy muy seguro del éxito de mis esfuerzos, déjenme que haga un último intento de convencerles de que los saldos fiscales regionales no son para nada un buen indicador de la existencia de sangrantes injusticias en el reparto de los recursos públicos —y menos aún una razón convincente para liarnos a tortas, como quisieran algunos de nuestros bien amados líderes regionales.
El saldo fiscal de un territorio con la Administración Central (AC) es la diferencia entre lo que sus residentes reciben de esa Administración y los impuestos que soportan para financiarla. Esta cifra generalmente se ajusta de una forma que neutraliza los efectos del saldo presupuestario de la AC y hace que los saldos fiscales de las distintas regiones sumen a cero, lo que nos da una idea más clara de la dirección y magnitud de los flujos redistributivos.
El problema con los saldos fiscales, neutralizados o no, es que son el resultado de sumar y restar un montón de cosas muy distintas. En el cálculo entran, revueltos y en tropel, todos los impuestos, tasas y otros ingresos estatales, el gasto en bienes públicos puros como la defensa o las relaciones exteriores, las pensiones y prestaciones por desempleo, las subvenciones a empresas y sectores, la inversión en infraestructuras y la financiación de las Administraciones territoriales, que luego pagan servicios como la sanidad y la educación. Algunas de estas partidas, y en especial las dos últimas, sí que responden a una lógica territorial, pero el resto no: algunas cosas son servicios que nos benefician a todos por igual con independencia de dónde se localicen las instalaciones pertinentes (por ejemplo, las embajadas o las bases navales) y otras se reparten de acuerdo con criterios individuales o sectoriales y no territoriales. Así por ejemplo, las ayudas a la agricultura están ligadas a la producción de ciertas cosechas, mientras que las pensiones o los impuestos se reparten en función de las circunstancias económicas de los ciudadanos, sin que ni en un caso ni en el otro sea relevante el lugar de residencia de los implicados.
¿Está o no bien repartida la tarta pública? Parece bastante claro que los saldos fiscales regionales no son un buen instrumento para responder a esta pregunta porque, en realidad, no hay una tarta sino muchas, y cada una de ellas ha de repartirse con criterios diferentes. Una forma más satisfactoria de abordar el problema consiste en clasificar los gastos e ingresos públicos en partidas de naturaleza similar (impuestos, prestaciones sociales, financiación regional, inversión en infraestructuras, servicios generales, etcétera) y analizar cada una por separado. En muchos casos resulta obvio que el problema no tiene nada que ver con el territorio. Hay mucho que hablar sobre si los impuestos deberían ser más o menos altos o más o menos progresivos y las pensiones más o menos generosas o más o menos contributivas, pero sería un disparate diseñar el sistema impositivo y de protección social pensando en sus efectos sobre los territorios, en vez de sobre los individuos. Mientras se aplique un criterio uniforme en todo el país, de forma que dos ciudadanos en las mismas circunstancias económicas y familiares paguen o reciban lo mismo con independencia de la región en la que residen, el sistema podrá ser bueno o malo, pero no genera un problema de inequidad territorial.
Así pues, los saldos fiscales agregados no nos sirven para hablar de equidad porque incluyen muchas partidas en cuyo reparto el criterio territorial no es relevante. Si una región presenta un déficit abultado solo porque su elevado nivel de renta hace que sus residentes paguen muchos impuestos, es difícil argumentar que existe maltrato fiscal. De la misma forma, si una región envejecida presenta un saldo positivo solo como resultado de unos elevados ingresos por pensiones, es complicado hablar de privilegios. Lo que ambos ejemplos sugieren es que si lo que nos preocupa es la equidad territorial, deberíamos concentrarnos en aquellas partidas que responden a una lógica territorial y excluir del análisis a aquellas otras que responden a otros criterios. Si insistimos en trabajar con saldos fiscales, necesitamos un concepto de saldo fiscal que se pueda descomponer aditivamente de una forma que nos permita calcular la contribución de cada grupo de programas al saldo total y quedarnos con aquella parte del mismo que pudiera resultar problemática desde la óptica que nos interesa.
Esto es lo que se intenta hacer en las cuentas territorializadas que ayer publicó el Ministerio de Hacienda: agrupar las partidas de gasto e ingreso en categorías de acuerdo con la lógica que las motiva; analizar la distribución territorial de cada una de ellas; y cuantificar sus respectivas contribuciones a los saldos fiscales regionales. Esto último se logra explotando la equivalencia que existe entre saldos neutralizados y saldos relativos. Bajo ciertos supuestos, una región tendrá un saldo neutralizado positivo si y solo si está mejor tratada que la media, en el sentido de que paga menos impuestos y/o recibe un mayor gasto por habitante. Puesto que este segundo criterio se puede aplicar programa a programa para calcular el saldo relativo generado por cada uno de ellos, y dado que tales saldos parciales suman al agregado, resulta sencillo descomponer los saldos fiscales regionales para ver de dónde provienen estos con el grado de detalle que se quiera.
Esto es importante porque, en última instancia, nos permite descomponer los saldos fiscales regionales en dos partes: una que no debería preocuparnos porque no es más que el resultado de aplicar reglas de tributación y de reparto uniformes a poblaciones con distintas características demográficas y económicas; y otra que sí debería hacerlo por cuanto podría reflejar diferencias de trato entre individuos similares, que atentarían tanto contra nociones básicas de equidad horizontal como contra el principio constitucional de igualdad.
La buena noticia de las cuentas territorializadas es que el componente potencialmente preocupante de los saldos fiscales regionales es de un tamaño manejable. Aproximadamente dos tercios de tales saldos se deben simplemente a que en los territorios más ricos se pagan más impuestos por habitante que en los pobres. El tercio restante proviene de la distribución del gasto público y aquí sí que hemos encontrado indicios de cosas preocupantes, aunque de una magnitud modesta.
Los problemas se concentran en lo que se denomina en las CT el gasto territorializable, esto es, en aquellos programas presupuestarios que financian servicios o prestaciones a los que los ciudadanos tienen acceso en función de su lugar de residencia. Dentro de este apartado, hemos constatado que existen diferencias notables entre unas regiones y otras en materia de financiación regional y que se dedica un volumen importante de recursos a diversos programas de ayudas regionales (entre los que habría que incluir las rebajas tributarias de las que disfrutan ciertos territorios) cuya efectividad convendría valorar.
El volumen agregado de los saldos fiscales generados por las partidas cuya distribución es potencialmente cuestionable desde el punto de vista de la equidad se sitúa en torno a los 11.400 millones de euros, de lo que más de la mitad proviene del desigual reparto de la financiación autonómica. Puesto que estamos hablando, como máximo, de reasignar de una forma más razonable el equivalente de un 1,1% del PIB nacional, la tarea no debería ser imposible. Pero convendría ponerse a ello, cuanto antes mejor.
Ángel de la Fuente (FEDEA y CSIC) es uno de los autores del nuevo Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, publicado ayer por el Ministerio de Hacienda. Para un análisis más detallado, véase: http://documentos.fedea.net/pubs/ eee/eee2014-03.pdf
