Ya basta de decir que el independentismo ha dividido a la sociedad catalana, y que es el unionismo españolista quien debe salvarnos. De hecho, del unionismo españolista todavía podría decirse con más propiedad que ha sido una fuente de división social, política, económica, cultural y lingüística en Cataluña. Y la más poderosa, porque se vale de todo un Estado. Una fuerza divisiva larga en el tiempo, pero que en los últimos años ha recurrido a la explícita coacción unilateral del artículo 155 y la acción represiva policial y judicial.
Y, sin embargo, el unionismo en Cataluña no sólo existe de hecho, sino que tiene derecho a existir desde un punto de vista democrático. E incluso más vale que esté políticamente canalizado por partidos de vocación democrática. Hablo de los partidos que consideran que Cataluña forma parte de la nación española, tanto si lo justifican con razones instrumentales –“nos conviene ser españoles”–, como si lo hacen con razones identitarias y esencialistas –“somos españoles, nos guste o no nos guste”.
El actual unionismo españolista en Cataluña –y en el resto de Países Catalanes– tiene su origen tanto en vínculos históricos de dominación militar y política como en los intensos procesos migratorios del siglo XX. Y en la actual sociedad catalana, vistos los intereses económicos y los vínculos culturales y emocionales que se derivan de todo ello, bastantes catalanes no saben imaginarse fuera del marco estatal español. Esto explica la existencia del sesgo nacional de la realidad política entre quienes se quieren nacionalmente españoles, junto a quienes se quieren nacionalmente catalanes y de quienes no se sienten implicados por esta disyuntiva y que tanto les da una cosa como la otra.
Por consiguiente, la sociedad catalana, como cualquier otra sociedad avanzada, es una sociedad políticamente dividida. Que la división no sea sólo ideológica sino también nacional, democráticamente nada cambia. Cataluña está dividida, formalmente y como mínimo, entre derechas e izquierdas. Pero también lo está en las dos lealtades nacionales que por el momento se han expresado a través de sus partidos. Y es en el espacio deliberativo parlamentario donde la lealtad nacional española y la lealtad nacional catalana deben dirimir tal división.
Ahora bien, lo democráticamente inaceptable es que el PSC quiera erigirse, con una superioridad moral que repugna, en el garante de una única unidad social posible. Que sus dirigentes pretendan que la amnistía es un gesto de perdón en favor de la unidad de los catalanes es políticamente insultante. Primero, porque la ley de amnistía –esto sí que ha sido un pasar página espectacular de los socialistas– es resultado de su necesidad perentoria de conservar el gobierno de España, y no de actitud benevolente alguna. Pero, sobre todo, porque la amnistía, a lo sumo y yendo bien, supondrá la mínima restitución necesaria para poder retomar la deliberación política democrática que el PP, con el apoyo del PSOE, reventó con la aplicación del artículo 155.
Si existe un tipo de autoritarismo absolutamente despreciable es el que se ejerce desde la condescendencia, mucho peor que el autoritarismo a cara descubierta, porque se ejerce con disimulo y engaño. Que el PSC se presente como el garante de la concordia, el “reencuentro” y la reparación de la herida democrática que ellos contribuyeron a abrir, es deshonesto. Que pretendan perdonar la vida al independentismo acusándole de una pretendida división que, con recursos ilegítimos, el Estado azuzó para combatirlo, es infame. ¿Que quizá sea necesario recordar al presidente Sánchez, a Salvador Illa o a Núria Parlon que, entre otros, es Aznar quien se jacta de dividir a los catalanes, que venimos del “a por ellos”, de toda la información falsaria de los medios españoles cegados por la defensa de la unidad de la patria, del infecto discurso de su rey el 3 de octubre de 2017, del aval a la guerra judicial patriótica o del hecho de mirar hacia otro lado ante los casos de espionaje y la acción de las cloacas del Estado?
Que el unionismo quiera participar de la deliberación democrática en Cataluña ya he dicho que no sólo es legítimo, sino conveniente. Pero, por favor, que abandone su arrogancia moral. Ya no digo que reconozca la gran parte de culpa que ha tenido en la exacerbación de una división y crispación civil que nunca debió abandonar el hemiciclo del Parlamento. Solo digo que si el PSC tiene algo que decir a los catalanes, lo haga con propuestas de gobierno y, si lo desea, apelando a los sentimientos identitarios y nacionales españoles. Pero que no nos venga a perdonar la vida a quienes no lo compartimos.
ARA
