El Consell de la República, que iba a ser la gran institución rupturista del país, no ha sido capaz de hacer realidad las esperanzas que creó
Durante estos años, para explicar qué es el Primero de Octubre, alguna vez he utilizado la teoría de la “democracia disruptiva” de Sheldon Wolin.
Según Wolin, en nuestros países la democracia no es real, porque no existe un control verdadero de los ciudadanos sobre el poder político –y mucho menos sobre el económico. Y, en consecuencia, la democracia que tenemos es un ritual más que una realidad.
Pero no siempre. Porque, según explica este politólogo americano, hay unos momentos inesperados de la historia, unas situaciones, en las que una “democracia disruptiva” estalla de repente.
Son momentos –y el Primero de Octubre fue claramente esto– en los que las sociedades toman en sus manos la decisión sobre el propio destino. Y, durante horas o días, priorizan los intereses comunes de toda la población a partir de un hecho que rompe los planes de las élites y va más allá de lo que estas élites quisieran. De un hecho que evidencia la insatisfacción popular con la vida que nos toca vivir y que pone de manifiesto el enorme poder que tiene la gente si lo sabe utilizar.
En relación con esto, el Primero de Octubre no fue sólo el día clave de la independencia de Cataluña. También fue el día del poder popular –si me permiten utilizar esta expresión ‘vintage’–, el día de la democracia disruptiva, según la visión de Wolin, el día en que la gente supo que era poderosa.
El movimiento independentista, y el govern de Cataluña, fueron protagonistas de una auténtica revolución el Primero de Octubre, fueron revolucionarios. Quizás demasiado para una parte de la clase política independentista, que ahora somos conscientes de que no quería ir tan lejos –ni con la independencia, ni con la democracia.
Y, como ocurre en cualquier revolución, después llegó la contrarrevolución, que se concretó en la necesidad de formar “un govern efectivo”, en la negación en el parlamento del resultado de las elecciones convocadas por el 155, en la negativa a investir al president Puigdemont y en la aceptación de la represión como condicionante legal de la vida política.
Por suerte, estaba el exilio. Un exilio que, aunque hubiera querido, no habría podido integrarse en aquella contrarrevolución. Y que levantó una batalla formidable en Europa, sin la que nada se entendería de lo que vivimos hoy.
Fue en este contexto de exilio cuando, hace justo cinco años, el 8 de diciembre de 2018, se presentó en Bruselas el Consell para la República.
Aquel consell quería ser la continuación de la Cataluña revolucionaria del Primero de Octubre. Era el intento de institucionalizar la Cataluña revolucionaria del Primero de Octubre. Era una idea brillante y deslumbrante que, sin embargo y lamentablemente, cinco años después todos podemos constatar que no ha logrado.
Hacer la lista de las razones por las que el Consell no ha sido la república virtual que quería ser haría demasiado largo este artículo. Es clave, sin duda, el boicot que hizo Esquerra Republicana desde el primer minuto –coherente con su papel de fuerza contrarrevolucionaria. Es evidente que el hecho de que no pasara mucho de los cien mil afiliados lo dejó tocado –estaba pensado para llegar a un millón de personas. Quizá ocurrió que era un concepto demasiado avanzado a su tiempo, que mucha gente no entendió. Quizás el exilio no tenía suficiente temple para impulsarlo, contra el interior: hubo un momento, durante la presidencia de Quim Torra, en que se intentó que el Consell tuviera un papel oficial y preeminente, pero no funcionó. O no fue posible. El Cóvid-19, quizás, tan sólo días después del impresionante acto de Perpinyà, fue una mala suerte que quizá rompió una tendencia al alza.
Y después vinieron, propiamente, los errores del Consell. Una identidad republicana que se ha reducido a la anécdota de tener un carnet de bambú que de nada sirve. Un sistema de representación popular y democrática, la Asamblea de Representantes, que ha hecho aguas. Una instrumentalización partidista hacia Junts cada vez más evidente…
Cinco años después, finalmente, creo que ya nadie puede discutir que el Consell no es ni será esa institución robusta que quería ser, nacida de la legitimidad y legalidad del Primero de Octubre. Aquel órgano que quería implantar y prefigurar una república con un modelo diferente de democracia, más rico, más propio del tiempo que vivimos y sobre todo alejado de la forma de hacer de España.
Y, curiosamente, ha sido la experiencia que más nos alejaba de las formas españolas; la creación de la Asamblea de Representantes –brillante en la metodología, deslumbrante en la técnica, en la ambición de votar de forma diferente–, el canto del cisne que ha dejado definitivamente embarrada la imagen del Consell, en medio de un galimatías lamentable de acusaciones y de actitudes tóxicas. Por muchas razones, por una mala gestión del proceso por parte del govern, pero también porque hay gente, con un pedigrí independentista de décadas e indiscutible, que en esta vida resulta que se siente más cómoda destruyendo que construyendo…
Por último, además, ahora llega el repentino cambio de guion hacia el diálogo de Junts y el president Puigdemont, que me da la impresión de que dejará el Consell aún más descolocado.
Es posible que todo tenga una lógica. Yo no puedo descartar esto. La historia siempre se cuenta de maravilla desde el futuro. De modo que si el camino negociador que se ha abierto ahora con la presión internacional desemboca en el éxito que todos quisiéramos, seguramente entonces podremos explicar la extraordinaria batalla del exilio –de la que el Consell forma parte– como la fase de presión que logró doblegar a España y la llevó a la mesa de Ginebra.
Pero, volviendo a Wolin, incluso si se acaba cumpliendo la mejor hipótesis, podríamos encontrarnos con la paradoja de que la independencia, la república catalana, se hiciera realidad sin ser un acto disruptivo, de forma que se perdiera esa parte del Primero de Octubre que representa la revolución, en el sentido de la revolución de las clases medias y populares, del retorno a la democracia real, de la revolución de lo común –no de los comunes–, de la revolución del ‘seny’ (la cordura, el sentido común).
Y esto es algo que, personalmente, veo muy peligroso. Viviendo cómo vivimos un momento tan difícil socialmente, tan insoportable. Teniendo como tenemos un govern y un parlamento independentistas tan incapaces y torpes. Dejando que, poco a poco, sean otras las banderas que enarbolan la crítica, y la rebelión, contra un estado de cosas que seis años después aún está peor que no estaba ya en ese momento.
PS1. Ayer publicábamos una entrevista con August Gil Matamala (1), uno de los referentes más sólidos y consistentes del independentismo de hace muchos años. Dice muchas cosas importantes y quisiera destacar ésta: “Uno de los principales defectos del independentismo es su victimismo histórico, esa consideración que siempre hemos sido derrotados y no sabemos entender un hecho o una circunstancia como una victoria. Todo nos parece poco, y como nada es definitivo, como no hemos tenido la victoria definitiva, cualquier cosa nos parece una derrota”. Se la recomiendo mucho. Y también el artículo de Andreu Barnils -“España en el diván”- (2), que es muy complementario.
(1) VILAWEB
Gil Matamala: “Un defecto del independentismo es su victimismo histórico”
Josep Casulleras Nualart
Entrevista al abogado y activista, que valora la amnistía como un éxito político que es necesario aprovechar y pide una renovación de liderazgos en el independentismo
09.12.2023
Hay dos cosas que enfadan especialmente a August Gil Matamala (Barcelona, 1934) en el transcurso de la entrevista que hacemos en su piso, en un espacio luminoso y lleno de libros donde todo tiene un aire reposado e ilustrado. La primera es la incapacidad de una parte del independentismo de saber valorar los logros alcanzados; por ejemplo, la reciente ley de amnistía y la negociación con mediación internacional acordadas. Y la segunda, “esta competición infantil” entre los partidos para ver quién ha logrado qué. Por eso pide una renovación profunda de liderazgos en el independentismo y no ve posible que de la actual negociación con el PSOE pueda salir ningún referendo acordado. “La ruptura de la unidad de España no puede ser sino unilateral”.
Su diagnóstico es crudo y duro, claro y profundo. Y lo hace con el conocimiento de haberlas vistas de todos colores, de haber pisado el Tribunal de Orden Público franquista defendiendo sindicalistas y su sucesor, la Audiencia española, defendiendo independentistas. Sabe de qué pie calza el Estado español, y ve una fractura. El independentismo ahora puede recuperar terreno, a raíz de una carambola electoral, pero debe saber aprovecharlo. Para que vuelva a tener fuerza suficiente para cuando llegue la próxima crisis, para cuando sea el momento.
— ¿La ley de amnistía es una victoria del independentismo?
— Yo creo que sí, sopesando los pros y los contras. Tiene aspectos que pueden considerarse un éxito y otros que pueden considerarse como una cesión por parte del independentismo. Pero valorando ambas cosas, haría una interpretación positiva. Ya dije que he defendido siempre la movilización en favor de la amnistía porque tiene un componente muy fuerte de legitimación. Y me ratifico.
— Con este texto acordado, ¿esto sigue siendo así?
— En cierto modo sí. Es importante entender qué significa una amnistía y, sobre todo, diferenciarla de un indulto, porque entonces veremos que tiene un carácter de legitimación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice en una sentencia de 2021, exactamente, que la función de la amnistía es desnudar del carácter delictivo los hechos a los que se aplica. El indulto es perdonar un delito que se considera que sigue existiendo. La amnistía parte de una ley que ha sido deliberada, debatida y aprobada por el poder legislativo, que hace esto: unos hechos que en su día el poder judicial consideró que eran delictivos, pierden ese carácter. Si esto no se considera una victoria por el independentismo…
— Pero existe un independentismo que no lo ve así.
— Uno de los principales defectos del independentismo es su victimismo histórico, esa consideración de que siempre hemos sido derrotados y no sabemos entender un hecho o una circunstancia como una victoria. Todo nos parece poco, y como nada es definitivo, como no hemos tenido la victoria definitiva, cualquier cosa nos parece una derrota. Y eso, por supuesto, dentro de un proceso histórico, como es la lucha independentista, es una concepción totalmente negativa.
— En esta ley de amnistía el Estado español no reconoce explícitamente ningún error en la represión.
— Sería esperar mucho de un Estado que hiciera esto. Una ley de amnistía tampoco es una ley de rendición incondicional, en la que una de las partes ha obtenido una victoria total. Puesto que es pactada, no se puede esperar eso de una ley de amnistía. Fíjense que la amnistía del año 1977, que es amplísima, porque decía “todos los hechos de intencionalidad política”, no hacía tampoco ese acto de contrición que me pedía. No reconoce que quienes lucharon contra Franco y que eran amnistiados tenían toda la razón del mundo. No habla de la dictadura ni de los crímenes del franquismo; por el contrario, exonera de toda responsabilidad de los hechos que podrían ser considerados delictivos.
— La amnistía de 1977 no tenía ni preámbulo; ésta, sí, y la justificación no encaja con el relato independentista.
— En esta ley existen elementos absolutamente contradictorios, evidentemente, pero es el resultado del pacto. Ahora, decir que hay unos hechos que se amnistían, en sí mismo, tal y como lo entendemos jurídicamente, ya es un reconocimiento de que, al menos, la represión de estos hechos no era legítima.
— ¿Qué le parece que incluyan a los policías?
— Creo que tal y como se ha planteado la amnistía era inevitable, porque si los hechos que se amnistían son todos aquellos que hacen referencia a actuaciones vinculadas al proceso independentista, dentro de un marco temporal… Evidentemente, aquí hay cierta diferencia con la amnistía del año 1977.
— ¿En qué sentido?
— La del año 1977 establecía dos períodos temporales de aplicación. El primero era sobre todos los hechos anteriores al 15 de diciembre de 1976, incluyéndose todos los hechos de intencionalidad política; es donde se acogió a toda la criminalidad franquista. Pero había una segunda amnistía que abarcaba del 15 de diciembre de 1976 hasta el 15 de junio de 1977 y que se aplicaba a todos los hechos de intencionalidad política fuera cual fuese su consecuencia, incluso incluyendo muertes, o sea, hechos gravísimos, siempre que tuvieran como finalidad el establecimiento de las libertades democráticas. Esto permitió amnistiar, por ejemplo, una gran cantidad de delitos de ETA.
— La actual amnistía pudo incluir activistas y políticos españolistas, pero fueron a buscar policías para ser amnistiados.
— La amnistía habría podido establecer claramente esta distinción, que afecta tan sólo a quienes lucharon políticamente dentro del contexto del proceso, fueran por un lado u otro, y dejar fuera todas las actuaciones que implicaran otro tipo de responsabilidad penal, tales como lesiones o tortura o malos tratos. Es una de las contradicciones de la ley.
— Dice que era inevitable.
— ¿Se habría podido evitar? En ese doble aspecto que yo señalaba la ley implica elementos muy positivos de legitimación y otros que, en cambio, actúan en sentido contrario. Si entendemos que se legitiman con la amnistía unos determinados hechos debería quedar excluida la represión posterior de estos hechos. Evidentemente es una contradicción, y es un elemento que debemos situar en la parte negativa.
– Es un precio político.
— Es la parte de cesión. Y a efectos prácticos todos sabemos que ningún policía en el fondo llegaría, con o sin amnistía, a ser condenado o a sufrir las consecuencias de sus hechos, salvo en algún caso muy concreto. Y al final lo que se pierde es muy poco en relación a lo que se gana.
— ¿Qué más le preocupa?
— La cuestión más preocupante es cuando aparece en la justificación de la aplicación de la amnistía una apología de la constitución; cuando se señala que toda la aplicación de esta ley se realiza dentro del marco de la constitución de 1978 como constitución que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, etc. Existe una contradicción intrínseca entre el hecho de amnistiar unos hechos que se suponía que iban contra la constitución y decir que esta misma constitución es en términos indiscutibles –porque no se pone en duda ni la aplicación ni el propio contenido– perfectamente inatacable, que todo debe hacerse dentro de este marco constitucional.
— ¿Qué consecuencias puede tener esto?
— La exposición de motivos es siempre interpretable. La justificación de la ley tiene gran importancia política, y el independentismo debería aprovechar la parte que se considera que es una victoria y mantener sus posiciones. Ahora, la amnistía tiene bastante bien atada la parte dispositiva: cuando pasamos al articulado de la ley, los dieciséis artículos que contiene están muy bien trabajados y se ha hecho un esfuerzo muy considerable de acotar bien y de no dejar demasiado margen a la interpretación judicial. Porque las consecuencias prácticas vendrán derivadas de la forma en que los tribunales la aplicarán. Éste es otro problema: la actitud absolutamente de rebeldía y de contestación que toma el poder judicial.
— ¿Esperaba esta reacción furibunda?
— Sí, y me da más motivos para interpretar la ley como éxito; los ha puesto a parir. Se sienten deslegitimados, cuando consideraban que habían hecho su trabajo con perfecta normalidad y aplicando una legalidad a unos hechos que podían subsumirse en los tipos delictivos que se juzgaron, y ahora resulta que no. Se sienten profundamente heridos, porque da un varapalo clarísimo al poder legislativo. Y ahí ellos se equivocan. Si fuera un acto del ejecutivo, podrían sentirse heridos, pero de un acto que es legislativo… ¿Cómo se atreven a interferir en la voluntad del parlamento, que es la expresión única de la soberanía popular, órgano democrático por excelencia?
— ¿Intentan un golpe de estado judicial?
— No sé qué intentan, pero de momento consiguen promover un trastorno en la opinión pública, en los medios. Y creo que es otro elemento que el independentismo debería considerar positivo: la ley de amnistía causa una fractura en el mundo que debe considerar que es el de su adversario. En el Estado.
— ¿Le preocupa la forma en que se manifiestan la derecha y la extrema derecha?
— Claro que es preocupante. Cuando se dice que la extrema derecha ha crecido gracias al proceso independentista catalán es cierto, pero ¿es que no estaba, esa extrema derecha, antes? ¿No existía esa derecha que toda ella es extrema? Es evidente que toda acción provoca una reacción. Esto es inevitable. Es preocupante que lleguen a ganar las próximas elecciones y provocar una situación de crisis, claro. Porque si Sánchez se rinde y se pliega y convoca nuevas elecciones puede ganar la derecha y la extrema derecha. Es clarísimo, porque hablamos de España, de una sociedad que no entiende nada de lo que ocurre aquí, que profundamente no lo entiende; existe una mayoría clara contra la amnistía y contra las reivindicaciones catalanas y contra la independencia. Es un proceso de lucha, y lo que importa ahora es cómo el independentismo puede aprovechar lo que yo considero un éxito político como un elemento para fortalecerse.
— ¿Y ha empezado a aprovecharlo bien el independentismo?
— No, no.
— ¿Por qué?
— Porque tenemos a dos protagonistas del independentismo que se dedican a hacerse la puñeta. Esta pugna de “yo soy quien ha conseguido la amnistía”, “no, que la he conseguido yo” es francamente patética. Esto forma parte de un problema más amplio de cómo el independentismo es capaz de perder por problemas internos, es capaz de no aprovechar las victorias, que ahora han venido de carambola. La amnistía no la ha logrado la movilización del independentismo ni la movilización popular, sino una carambola derivada de las elecciones. Los logros políticos muchas veces derivan de circunstancias y carambolas absolutamente coyunturales, esto es la historia de la política. Sigue siendo un éxito, un triunfo, aunque nos hubiera gustado que se hubiera conseguido por medio de una movilización. Pero precisamente la falta de estrategia o visión política de los partidos independentistas han hecho inviable la movilización.
— ¿Los partidos han pedido la amnistía porque la carambola electoral se lo permitía y porque sus dirigentes amenazados la necesitaban?
— Claro.
— ¿Por egoísmo?
— No, tampoco quiero hablar de egoísmo ni que parezca que la amnistía es porque afecta a unas personas determinadas. No creo que sea tan mezquina, la política catalana. Creo que ha sido un acierto básicamente de la actitud de Puigdemont. Su posición de aguantar, de decir que ahora que se nos da la posibilidad de ser decisivos no vamos a rebajar y al menos planteamos el tema de la amnistía, me parece oportuno y bien pensado políticamente. El poner la reivindicación de la amnistía sobre la mesa como un elemento absolutamente indispensable para conseguir nuestros votos. Me parece legítimo, y no ir más allá y no pedir todo, porque pedir todo es imposible. En cambio, pedir algo muy difícil de conseguir y aprovechar esta oportunidad para llevarlo a cabo y conseguirlo.
— ERC dice que ellos ya hace tiempo que pedían la amnistía.
— Eso es patético. ¿La piden? ¿Pero qué hicieron? ¿Pedirla? ¿Dónde, cuándo? Sí, es un eslogan, también pedimos la sociedad sin clases y el fin de la explotación de la humanidad. Esto son eslóganes, son frases, son mítines, “pedimos una amnistía”. Pero cuando has terminado de decirlo, ¿qué haces, qué organizas, en qué trabajas, a quién acudes, qué medios pones a disposición de no sé quién para sacar adelante una campaña, una movilización?
— Y el hecho de empezar una negociación con el PSOE con mediación internacional, ¿no es positivo?
— Lo positivo es reconocer la legitimidad del proceso, de sus orígenes hasta su final en el exilio. Esto es muy importante políticamente. Situar esta negociación en estos términos, hacerla donde se hace y conseguir la presencia de unos elementos de mediación o de verificación es otro éxito indiscutible en sí mismo. Legitima el proceso y sobre todo tiene una importancia internacional. El independentismo siempre ha pretendido internacionalizar el proceso, que se convirtiera en un tema de debate internacional y hacer intervenir en la resolución del conflicto a los países más cercanos. Esto es lo que se ha conseguido.
— ¿A pesar de haber empezado con esta división dentro del independentismo?
— De momento funciona algo. Funciona lo suficiente para que el tema sea interesante internacionalmente. El error que han cometido, en mi opinión, las derechas y el PP es haber intentado internacionalizar el conflicto catalán.
– Llevar la batalla a Europa.
— Es lo que pretendía el independentismo y que lo logró muy poco, en cierto modo también gracias a Puigdemont y sus batallas judiciales. Pero en pequeña medida. Y ahora esto lo pone a debate en instituciones como el Parlamento Europeo, y puede salirles muy caro. Creo que es un fallo político de la derecha.
— ¿Puede pensarse que de esta negociación saldrá un referéndum acordado con el gobierno español?
— Creo que no, no es posible. No es posible en ese momento. Y aquí me parece que debemos ser muy claros: debemos esperar otra crisis, otro momento. Soy muy escéptico que de todo esto salga gran cosa. Pero entiendo que existe una posibilidad para el independentismo de dar un salto cualitativo importante en cuanto a la consolidación. Toda esta crisis que se ha creado, bastante inesperada, podría ser un elemento importante de consolidación, si pudiera interpretarse como un éxito en el sentido que ahora decíamos; en el sentido real de la palabra, obtener metas, victorias, que son parciales, pero que consolidan un movimiento y un proceso. Y ahí es donde la responsabilidad de los políticos actuales es enorme. Creo que es aquí donde fallan y creo que fallarán.
— ¿Es una buena oportunidad para recuperar terreno por parte del independentismo pero no para ejercer la autodeterminación?
— La ruptura de la unidad de España, yo entiendo que no puede ser sino unilateral. De verdad, ¿eh? Es lo que pienso ahora. Pienso, por tanto, que la independencia… la veo así, un poco [hace la visera con la mano y alarga el brazo].
— ¿Lejos?
— Y resultado de otra situación de crisis, que ahora no puedo imaginar, donde debe haber una movilización. No puede resultar de una carambola. La carambola electoral, los siete votos que faltaban para la investidura, ha dado más de lo previsible, y creo que deberíamos felicitarnos de lo logrado. Pensar que la independencia puede venir de un diálogo con el Estado español lo veo imposible a medio plazo. Creo que el momento sería de cerrar filas y no de esta competición infantil de atribución de méritos. Y algo que ya le decía el mes de agosto: es necesario un cambio de liderazgos. Es clarísimo. Una renovación a fondo de liderazgos.
— ¿En todos los partidos?
— En todos.
— ¿Por qué arrastran la mochila de los condicionantes de la represión?
— Y por esas peleas, esos celos, esa competición, esa descalificación del contrario… ¿Qué es esto?
— ¿La renovación de liderazgos también debería aplicarse a Puigdemont y Junqueras?
— Puigdemont me da la impresión de que se ve en el Parlamento Europeo. A mí me llega que una vez amnistiado no piensa presentarse a las elecciones catalanas para ser presidente de la Generalitat, para recuperar el sitio. Es una impresión personal y una especulación mía, pero lo veo perfectamente instalado en la política internacional, y llevando un liderazgo en el mundo internacional que puede ser muy positivo, porque un señor perseguido por la justicia, a quien se le ha quitado la inmunidad de diputado del Parlamento Europeo, que queda pendiente de una orden de detención, que haya logrado mantener bastante el tipo, que haya aguantado hasta ahora, me parece que, al menos a título personal y político, merece cierto respeto, independientemente de las ideas que pueda tener, sociales, económicas y deportivas.
— ¿Con esta amnistía es posible que vuelva pronto del exilio?
— Primero está el proceso legislativo, que puede tener una vida de meses, relativamente rápida. Y después debemos ver los efectos que puedan tener los recursos en el Tribunal Constitucional. En principio, un recurso de inconstitucionalidad no suspende la aplicación de la ley. Pero debido a una absolutamente increíble reforma de la ley del TC que realizó el gobierno de Rajoy en pleno proceso, de modificación de las competencias del tribunal, le daba una capacidad de establecer unas medidas cautelares amplísimas. Cuando el PP presente su recurso pedirá al tribunal una cautelar para que suspenda la aplicación de la ley… ¿Qué hará el Constitucional? En principio debemos suponer que la actual composición del tribunal no será tan antijurídica. El Tribunal Constitucional no puede tener estas facultades de interferir; tiene un papel a posteriori, de revisión de la ley.
— Pero si quien presenta el recurso es un juez, sí tendría efectos suspensivos, ¿no?
— ¿Sobre la aplicación de una ley orgánica aprobada por el parlamento? Considero que no está dentro de estas facultades, pero es objeto de debate. Es el Tribunal Constitucional quien debe decidirlo, y yo no me lo esperaría… Bien, del Tribunal Constitucional anterior me lo puedo esperar todo; del actual, me parece improbable. No es descartable, por supuesto. Pero es que no hay ningún motivo de inconstitucionalidad, pueden alegar lo que quieran, pero no es contrario a la constitución. Si la constitución de 1978 hubiera dicho que quedan prohibidas las amnistías, debería haberse derogado la ley de amnistía de 1977, y se habrían derrumbado todos los acuerdos de la transición. No lo dijo porque no podía decirlo, porque la ley de amnistía de 1977 sigue vigente. Un Tribunal Constitucional moderadamente decente y con una idea jurídica clara no puede considerar inconstitucional una ley de amnistía, tal y como se ha redactado.
— Otra cosa es si esa rebelión judicial…
— Supongamos que la ley de amnistía se aprueba; debe aplicarse en dos meses.
— ¿Y qué ocurre con los jueces que no la apliquen, o que la apliquen incorrectamente?
— Habrá que recurrir. Caso por caso. Por ejemplo, en el caso de Puigdemont, existe la causa de García-Castellón en la Audiencia Nacional. Bien, y la del Supremo, también. En la del Supremo la amnistía es inevitable.
— ¿La de García-Castellón es peligrosa?
— Es una causa por terrorismo. La ley de amnistía excluye explícitamente las causas de terrorismo ya sentenciadas, que exista condena.
— Y esto vale tanto por la causa del Tsunami como la de los CDR de la operación Judas.
— Claro, por mucho que se les haya aplicado la ley antiterrorista, la ley de amnistía dice claramente que la única excepción serán los condenados en firme. Todas estas causas es imposible que no entren en la amnistía. Normalmente, si no hay ninguna catástrofe judicial, algo muy grave de rebelión judicial, en el curso del próximo año Puigdemont debería estar amnistiado.
— ¿Y si hay casos graves de rebelión judicial? ¿Deberían ser perseguidos por prevaricación? ¿Es posible que ocurra esto en el Estado español?
— Nunca ha pasado, pero está claro que algún día debería hacerse. Y si tan flamencos y tan gallitos se ponen los jueces, el gobierno español actual se juega la subsistencia. Un gobierno no puede soportar una rebelión de los jueces de esa naturaleza sin hacer nada. Y debería empezar a actuar. Pero, ¿cómo se actúa contra los jueces?
— ¿Las comisiones de investigación que deben crearse en el congreso español pueden servir de algo?
— Eso no… Es el gran problema. Pero es el problema de la fiscalía. ¿La fiscalía qué papel debe jugar? Es la única que puede abrir un procedimiento por prevaricación. Tú puedes querellarte contra un juez por prevaricación, pero tus posibilidades son nulas. Debe ser la fiscalía; es quien tiene suficientes facultades para sacar adelante un procedimiento aunque los jueces pongan muchas pegas. Por tanto, no podemos cantar victoria en nada. Y debemos saber aprovechar las victorias en la medida en que lo son.
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