Mi visita actual a Israel ha coincidido con un período de agitación política sin precedentes. Se ha comenzado a adoptar un paquete de leyes del gobierno radical de derecha para restarle influencia al poder judicial, y esto lleva a muchos a temer que la robusta democracia liberal de este gran país se esté erosionando.
Dado que Israel no tiene una constitución escrita formal, es crucial que mantenga una Corte Suprema y un poder judicial independientes. Eso, después de todo, es lo que hace que una democracia sea liberal -no solo elecciones libres y justas, sino también un estado de derecho, protecciones de las minorías y controles y contrapesos apropiados sobre el poder ejecutivo y legislativo.
Las “reformas” del gobierno gradualmente llevarán a Israel a convertirse en una democracia no liberal del tipo que uno encuentra en Turquía y Hungría. El daño a largo plazo en materia económica podría ser tan severo que, si el golpe judicial de la coalición de gobierno continúa, este país que se jacta de ser una “nación de startups” podría convertirse en una “nación fracasada” con perspectivas económicas en franco deterioro.
La oposición a las “reformas” comprende no solo a la mitad de la población de izquierda y de centroizquierda, sino también a muchos dentro del gobernante Partido Likud conservador. También incluye a los segmentos más dinámicos de la economía israelí: las empresas tecnológicas que representan el 50% de las exportaciones, el 25% de los ingresos gubernamentales, 400.000 empleos bien remunerados y más del 20% del PIB (si se consideran sus efectos en otros sectores).
La mayoría de los líderes y trabajadores tecnológicos de Israel son liberales seculares, y muchos hoy están planeando trasladar sus operaciones al exterior con el tiempo. Esto es muy fácil de hacer, porque utilizan poco capital físico y dependen más del conocimiento, de activos intangibles y de trabajadores expertos en tecnología sumamente móviles.
Al mismo tiempo, las empresas extranjeras de capital riesgo se han abstenido de hacer nuevas inversiones en Israel, y hasta muchos ciudadanos comunes están considerando sacar sus ahorros del país. Las “reformas” también, probablemente, desalienten a muchos judíos en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo de mudarse a Israel o jubilarse en el país -y muchos israelíes que están trabajando o estudiando en el exterior pueden decidir no regresar-. Pero lo más alarmante es que la agenda del gobierno inclusive está poniendo en riesgo la seguridad de Israel. La CNN reportó que “miles de reservistas militares israelíes -la columna vertebral del ejército israelí- están amenazando con no presentarse a trabajar” en señal de protesta.
La composición de estas protestas es importante porque los hombres ultraortodoxos extremos que respaldan a la coalición gobernante no sirven en las fuerzas armadas, no estudian temas científicos, no son miembros importantes de la fuerza laboral y prácticamente no pagan impuestos. Por el contrario, reciben grandes transferencias que crecen con el tamaño de sus familias.
Si Israel tuviera un sistema apropiado y justo de transferencias financiado por una tributación progresiva, se instaría a los beneficiarios a participar en el servicio civil (si no el militar), realizar programas de estudio rentables, sumarse a la fuerza laboral y, en consecuencia, pagar impuestos. Hay muchos miembros del Likud que respaldarían estas reformas sensatas. Pero, tal como están las cosas, la mayoría de los ultraortodoxos están atrapados en un ciclo de pobreza y dependencia del estado.
Israel también está dividido económicamente entre compañías tecnológicas y otras empresas de tamaño grande y mediano, por un lado, y gobiernos locales y empresas más pequeñas, por el otro. Si bien el primer grupo, por lo general, no se caracteriza por la corrupción, el segundo está plagado de sobornos y nepotismo en los permisos de construcción, las operaciones comerciales y otras actividades reguladas localmente. Peor aún, otras reformas propuestas tendrían el efecto de reemplazar a los empleados públicos capaces por lacayos corruptos e incompetentes, lo que priva a la economía aún más de dinamismo e innovación.
Los planes del gobierno, por lo tanto, son una bomba de tiempo, porque las agencias de calificación pronto podrían considerar apropiado bajarle la calificación a la solvencia crediticia de Israel. Si las empresas tecnológicas y otras se trasladan al exterior, la base de ingresos del gobierno se reducirá, haciendo que los crecientes pagos de transferencias a los ultraortodoxos resulten insostenibles.
Con el tiempo, un deterioro de la perspectiva fiscal y de deuda pública, combinado con la erosión del estado de derecho, incrementará la tentación actual de desafiar la independencia del banco central, de manera que se puedan monetizar los crecientes déficits. Si Israel emprende este camino, el desenlace será predecible. Basta con ver lo que está sucediendo en la autocrática Turquía, donde se espera que la inflación llegue al 58% este año.
Todos estos factores afectarán negativamente el crecimiento y quizá conduzcan, llegado el caso, a un estancamiento económico y hasta una eventual recesión. Las más perjudicadas serán las comunidades pobres extremistas que piden a gritos las reformas legales radicales del gobierno. Si se produce una caída del marcado, los costos de las tasas de interés para los sectores público y privado aumentarán y una caída de la moneda alimentará la inflación, que ya está en alza.
Israel bien puede necesitar algunas reformas judiciales. Pero, dada la falta de una constitución formal, estos cambios necesitarían contar con el respaldo de una amplia coalición de fuerzas, no una mayoría parlamentaria estrecha que esté controlada por partidos antidemocráticos y teocráticos extremistas. Es de esperar que el Likud y su líder, el primer ministro Benjamin Netanyahu, reconozcan que están minando no solo la democracia de Israel sino también su economía, su mercado laboral, la riqueza nacional y su seguridad.
El daño recién acaba de comenzar, de manera que todavía hay tiempo para revertir el curso. Pero si la coalición gobernante sigue sancionando leyes extremas en los próximos tres años y medio de su mandato, la “nación de startups” se parará por completo.
Nouriel Roubini, Professor Emeritus of Economics at New York University’s Stern School of Business, is Chief Economist at Atlas Capital Team, CEO of Roubini Macro Associates, Co-Founder of TheBoomBust.com, and author of MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them (Little, Brown and Company, 2022). He is a former senior economist for international affairs in the White House’s Council of Economic Advisers during the Clinton Administration and has worked for the International Monetary Fund, the US Federal Reserve, and the World Bank. His website is NourielRoubini.com, and he is the host of NourielToday.com.
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