Ahora que ya se han pactado los presupuestos, la pregunta que se debe hacer es ésta: ¿cuál de los precios a pagar por el Govern de ERC era más caro, cumplir las tres condiciones –de hecho, los acuerdos de legislatura– que ponía Junts en septiembre para seguir en el Govern, o que ahora se haya tenido que humillar hasta tragarse el proyecto Hard Rock, la ampliación del aeropuerto y la B-40?
Desde la fatua que lanzó Albert Batet sobre el Govern presidido por ERC amenazándole con una cuestión de confianza, la política catalana ha ido a la deriva –a no ser que haya que hablar de naufragio–. Cuesta creer que Batet fuera consciente de la gravedad de su desafío y que Junts hubiera calculado bien las consecuencias de abandonar el Govern una semana después. Consecuencias para el partido pero sobre todo para el país. Pagar el precio de la irrelevancia –de cierta irrelevancia– para garantizar la coherencia –o cierta coherencia– no es poco.
En cambio, quien ha sabido aprovechar con astucia –y mala baba– la desavenencia y la debilidad sobrevenida del Govern de ERC han sido Salvador Illa y el PSC. Es la ventaja de hacer política sin tener demasiados escrúpulos: la única coherencia de los socialistas puede resumirse con un “todo por el poder”, y “todo por España” (por no decir la patria). Esta absoluta falta de flexibilidad que les ha permitido imaginarse vencedores en las próximas elecciones y presidir la autonomía ha acentuado más su imagen de dureza que no reforzado su liderazgo. Las condiciones impuestas, sin relación alguna con el presupuesto y sólo con objetivos electoralistas locales, han sido profundamente humillantes para ERC, que sólo se puede consolar imaginando que, a medio plazo, no tendrá que cumplirlas. Y sobre el rendimiento electoral para el PSC, ya hablaremos de ello: el independentismo suele crecer cuando lo humillan…
En cuanto al Govern de ERC, vuelvo a la pregunta inicial. Si bien es conveniente preguntarse si con estos 128 días a la deriva Junts ha ganado algo, lo es aún más preguntarse si el gesto de autoridad del president Aragonés destituyendo a Jordi Puigneró, la pieza fuerte de Junts al Govern, lo ha acabado reforzando. Quizás sí que quitarse a Junts del Govern les aliviaba internamente y tenían muchas ganas, pero añadir Nadal, Campuzano y Ubasart para poder decir “el Govern del 80 por ciento” ya se ha visto que no servía de nada. Treinta y tres son treinta y tres, veinticuatro por ciento de diputados sólo son la cuarta parte.
Visto el final de la partida, el balance de no plegarse a las tres condiciones de Junts –coordinación estratégica independentista; mesa de diálogo limitada a discutir la autodeterminación y la amnistía, y coordinación ERC-Junts en el Congreso de Diputados–, por después doblegarse a tres proyectos que contradicen frontalmente el modelo de país del que hacían bandera, no parece ninguna victoria. Sobre todo si no nos engañamos sobre el carácter más retórico que fáctico de las condiciones que ponía Junts, tan fáciles de capear, como tampoco del carácter populista de las condiciones exigidas por el PSC, tan fáciles de retrasar hasta futuras legislaturas con informes y recursos ambientales, oposición territorial e indolencia administrativa. Ya veremos si a primeros de 2025 –si hasta allí llega el Govern– se ha podido poner algún rótulo que anuncie el inicio de las obras.
Se diga lo que se quiera, estos 128 días a la deriva son la consecuencia palpable de la dificultad de todos los partidos –todos sin excepción– de gestionar el postreferendo. Y demuestra que no hay vuelta atrás. Claro que, haciendo virtud de ello, podríamos cantar con Txarango lo de “Juntos a la deriva. / Que la vida estalle como nosotros dos”. Y quizás sí que hay que esperar a que todo estalle para “reventar todos los relojes” y “empezar de nuevo”. Pero como decía aquella canción de Pau Riba, “Oh, que larga se hace siempre la espera / cuando se espera que venga lo peor”.
ARA
