En España nunca existe legalidad. No hay sino triunfadores y vencidos.
Josep Pla, 13 de diciembre de 1934
Cuando Pla escribía esta sentencia, asistía al inicio del proceso contra Companys. Supongo que el momento la hacía en cierto modo obvia. Si Companys y su govern hubieran tenido éxito con la proclamación de la república catalana dentro de la federación ibérica, quienes habrían sido juzgados quizás habrían sido otros. En todo caso, la sentencia de Josep Pla nos ayuda a entender a qué nos enfrentamos hoy y es que en el Estado español la ley no es más que otra arma para continuar la represión de una forma menos incruenta que en otras épocas.
Por eso a pesar de que Zapatero derogó del código penal el supuesto delito de organizar referendos, todos los políticos españoles tenían claro que el 1-O merecía prisión. Al igual que pese a que el propio Felipe González (¡el de los GAL!) aceptara derogar en su momento declarar la independencia de forma pacífica como delito, los jueces y fiscales españoles tenían clarísimo que el 27-O sería punible a toda costa. Las acusaciones de sedición, rebelión o malversación de fondos no han sido más que la herramienta que han encontrado para perseguir al govern del 1-O, los líderes de las entidades y muchos de los que lo hicieron posible o lo han defendido. Estos delitos han sido un mazo útil para el golpe represivo, pero si no existieran, hubiesen utilizado otros.
Por eso es tan absurdo el debate en el que nos ha puesto la cúpula de ERC con la supuesta reforma de la sedición. Porque es un debate inútil.
En primer lugar, porque creer que porque hayan eliminado un delito no meterán más independentistas en prisión no tiene sentido. Como decía, ya se eliminó el delito de los referendos y cuando fue necesario sacaron del cajón la sedición. La próxima vez harán lo mismo con los desórdenes agravados, por agravar o lo que sea necesario.
En segundo lugar, porque el propósito de todo partido independentista no debe ser la reforma del Estado del que se quiere separar, sino la exposición pública de todos sus rasgos autoritarios que acompañe a una estrategia para separarse de él.
Maquillar el código penal con esta reforma sólo conseguirá que el Estado español dé una mejor imagen hacia Europa, que aún no ha entendido que el problema principal no es la independencia de los jueces sino su autoritarismo. Los jueces (post)franquistas ya se encargarán de encarcelar a independentistas con este cambio legal, y encima ahora podrán hacerlo con un artículo que, a diferencia de la sedición, superficialmente parecerá más europeo.
Por si fuera poco, tal y como decía ayer el conseller Comín, el cambio propuesto amplia la base de la represión para todos los independentistas. Es decir, que además es más probable que mi madre, tu hijo, su pareja o cualquiera de nosotros acabe ante el juez con la gentileza de los afinadores fiscales.
Por último, una obviedad. No hace falta ni entrar a discutir una norma cuyo objetivo es encarcelar más fácilmente al líder en el exilio del movimiento independentista, el President Puigdemont y que considera que los hechos de Octubre son un crimen penal. Se vota en contra y fuera.
¿Cuál es el problema de fondo? En primer lugar, que una parte del independentismo, liderado por la cúpula de ERC, todavía cree y respalda la trampa de las dos Españas. El PSOE bueno, vs. el PP malo. No seré yo quien defienda al PP (un partido de raíz franquista y catalanófoba) pero tampoco sé si es la mejor idea del mundo confiar a ciegas nuestros derechos civiles en una gente que ha puesto como ministro de interior a un señor condenado seis veces en los tribunales europeos por no investigar torturas y que ha perseguido el exilio con la misma intensidad (y odio) con que lo hacen los populares.
En segundo lugar, y más importante. Tal y como dijo Lesmes en la apertura del año judicial de 2017, justo unas semanas antes del referéndum: ‘el estado de derecho en España se fundamenta en la unidad de la nación’.
Claramente, los catalanes no escuchamos, porque si escucháramos lo tendríamos todo bastante más claro. Lo que dijo Lesmes, que es lo que ha pasado durante estos cinco años, es que en España la unidad del Estado está por encima de la democracia y de los derechos fundamentales, y que por tanto cualquier acción (represiva o no) que tenga como objetivo la defensa de la unidad de España será considerada como legal.
Por eso ningún policía ha sido condenado.Por eso, no importa que el código penal español diga que interferir las comunicaciones de terceros (¡Hola Pegasus!) sin permiso judicial puede acarrear un castigo de hasta 4 años de cárcel. Y por eso no importaba que los “delitos” de hacer referendos o declarar la independencia ya no existieran, todo el mundo fue acusado de rebelión y sedición y encarcelado sin miramientos, y cuesta abajo.
Y es que el problema de fondo, el elefante en la habitación, es que la base legal de todo el edificio constitucional español se basa en esa tontería fanática de que la unidad de España es más importante que la democracia. Lo dicen negro sobre blanco en el artículo 2 del libro sagrado: ‘la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española’. Y no, las mayúsculas no son mías.
Es decir, que según la lectura literal y predemocrática de la propia constitución española que realizan cúpula judicial, política y mediática, la sagrada unidad de España está por encima de todo. También de la democracia. Franquismo puro, claro, pero es que hay que recordar que quien ganó la guerra del 39, gobernó durante cuatro décadas y fundó un partido único en el que militaron 4 de los 7 padres de la actual constitución española, fue, efectivamente, el general Francisco Franco.
Desde el independentismo podríamos estar hablando de esto. Haciendo un frente común interior e internacional para que todo el mundo entienda que el problema es que la interpretación y la propia legalidad española es autoritaria y franquista. Haciendo caer caretas, cuestionando que un país como nuestro anexionado por la fuerza de las armas deba ser forzado a vivir para siempre y contra su voluntad dentro del Estado español.
En lugar de esto, en un error histórico, la cúpula de ERC ha decidido blanquear de forma definitiva al PSOE y al gobierno español. Por suerte, ahora están solos en el gobierno y ni siquiera tienen derecho a decir que hablan en nombre de la mitad de los independentistas.
¿Sedición? En la casa del PSOE todavía se carcajean. Han eliminado un crimen del siglo XIX que les desprestigiaba en la UE y en los tribunales internacionales y encima crean uno nuevo con el que podrán justificar mucho mejor el encarcelamiento y persecución de independentistas.
El autogol es histórico. Y es que por si alguien se había olvidado de ello, el 1-O no cometimos ningún crimen, sino que ejercimos nuestro derecho legítimo a la autodeterminación. Ni más, ni menos.
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