La ley es y ha sido siempre el último y óptimo refugio de los opresores y canallas. Incluso las dictaduras y autocracias más infames, han legislado profusamente porque lo que consigue convertirse en ley ya goza de un plus de respetabilidad y legitimidad que le otorga mucha más fuerza coercitiva. Saben que cuando la tiranía goza de amparo legal a menudo se ahorra tener que utilizar la violencia, porque las togas siempre reprimen más pulcramente que las porras o los fusiles.
De hecho, todas las injusticias, abusos y crímenes de la historia de la humanidad han gozado de perfecto apoyo jurídico. La esclavitud, el imperialismo, la xenofobia, la discriminación de la mujer, el monoteísmo, la explotación laboral o el trabajo infantil, por ejemplo, han sido muy legales y en buena parte del planeta todavía lo son.
Las leyes no son más que la institucionalización formal plasmada en un texto de unas determinadas relaciones de poder. Si el poder del que emanan es despótico, injusto, antidemocrático o abusivo, las leyes indefectiblemente también lo serán. Si, en cambio, el poder que las inspira es democrático, justo y ecuánime, las leyes estarán impregnadas con toda seguridad de estos atributos. Por tanto, las leyes no garantizan nunca en abstracto la democracia, la justicia y la ecuanimidad, porque sólo pueden garantizarlas las leyes democráticas, justas y ecuánimes y aplicadas por órganos impregnados también de estos valores.
Por otro lado, por mucho que el españolismo político, académico y jurídico proclame que la ley es el fundamento de la democracia, no conseguirá esconder que la ley lo único que hace es articularla y evitar sus arbitrariedades, porque el fundamento de verdad está en el voto depositado en las urnas en un régimen de pluralismo ideológico y libertad.
Los catalanes con conciencia y vocación nacional que consideramos a Cataluña un sujeto político con derecho a decidir su futuro, a pesar de constituir una mayoría clara (que va más allá de los independentistas) somos las principales víctimas de las leyes y del estado de derecho españoles. Somos porque para sus leyes y su estado de derecho sencillamente no existimos como catalanes nacionales, no somos nada y no tenemos derecho a nada. Fuera, pues, de nuestra condición de súbditos forzosos del Reino de España, no podemos ejercer ningún derecho colectivo ni reivindicar soberanía alguna. Esto provoca que en cuanto a las naciones, el estado de derecho español se convierte, en realidad, en un derecho de estado que otorga a la mayoría nacional que lo ha usurpado la potestad de subyugar al resto de pueblos. La democracia y el estado de derecho de EEUU de mediados del siglo pasado constituían un ejemplo de ello en muchos aspectos, pero en manos de la mayoría blanca se convertían, de hecho, en un asqueroso y sofisticado instrumento para oprimir brutalmente a la minoría negra.
Como todos los opresores institucionalizados, los españoistas, con toda la cara, nos retan a modificar la legalidad si queremos ejercer nuestro derecho a autodeterminarnos. Cambien la ley, nos espetan, o si no pasen por el aro. Evidentemente, saben perfectamente que una minoría nacional que a la vez es una minoría demográfica, nunca puede ni podrá por sí misma cambiar la ley. Es como si hoy España fuera un país confesionalmente católico y desafiara a su minoría protestante para cambiar la ley, si quiere ver reconocida la libertad de culto y la paridad con la comunidad religiosa hegemónica.
Los partidarios, pues, de una España entendida como una única nación indivisible y sagrada, se aferran a la ley porque con su mayoría demográfica arrolladora, controlan las cámaras legislativas que la elaboran, el sistema judicial que la aplica, el Tribunal Constitucional que la interpreta y los medios de comunicación que la homologan socialmente. Por eso Illa, el candidato del PSC a presidir la Generalitat, repite cínicamente que sólo está dispuesto a dialogar con los independentistas dentro de la ley. Se refiere, claro, a su ley, la que sólo el pueblo español puede elaborar, interpretar y aplicar, porque está hecha a medida de su condición de grupo nacional abrumadoramente mayoritario. La misma ley que, mientras no reconozca plenamente a Cataluña como un sujeto político con derecho a autodeterminarse, constituye el principal instrumento para oprimir al pueblo catalán y la herramienta más eficaz para estrangular su deseo de libertad.
LA REPUBLICA.CAT
