Martín Villa sigue imputado Iban Aguinaga
Rodolfo Martín Villa nunca ha mostrado, a lo largo de los años, un ápice de empatía con las víctimas que la violencia policial ocasionó durante sus mandatos como ministro de Interior. Es más, nunca ha pedido perdón por el evidente daño producido. Si en una reciente intervención en un foro económico en Madrid ha dicho que “puedo ser el responsable político y penal de aquellas muertes“, lo ha hecho en un tono irónico, e incluso ha añadido que en “un rapto de locura hubiera podido ser el autor material”. Lo que sigue manteniendo, al igual que hace cuarenta años, es que esas muertes no fueron sino errores que se quedan pequeños ante la grandeza de lo que consiguieron, él entre otros grandes varones, con los pactos de la Transición.
Lo que a estas alturas resulta incuestionable son los datos que demuestran que la Transición española no fue ni modélica, ni mucho menos pacífica: 188 personas, con nombres y apellidos, asesinadas entre octubre de 1975 y diciembre de 1983, a consecuencia de la violencia política de los cuerpos policiales o parapoliciales; a las que hay que añadir las detenciones arbitrarias, torturas, multas, cargas policiales y otras violaciones de los derechos y las libertades. Estudios fiables hablan de 1.000 personas heridas por violencia institucional. De hecho, en el periodo 1976-1977 no hubo un solo día sin manifestaciones de diversa índole que se acompañaron de cargas policiales que produjeron gran cantidad de personas contusionadas, heridas, detenidas, muertas…
Y esto lo sabemos, no solo por los libros, sino porque muchas de las personas que durante la Transición luchaban por la ruptura democrática con el régimen franquista y el desmantelamiento y depuración de su aparato de Estado, están vivas y fueron protagonistas (las otras protagonistas, las que no salen en los papeles) de aquellos sucesos.
Conocemos, de primera mano, que la Transición española fue un conjunto de pactos, económicos y sociales, que van desde los Pactos de la Moncloa hasta la Constitución, pasando por la Ley de Amnistía, en donde participaron elementos franquistas como Fraga y dirigentes falangistas como Suárez o Martín Villa, junto a representantes de la gran patronal, la Iglesia católica e importantes fuerzas políticas y sindicales.
Era un proyecto político para garantizar la continuidad del ejercicio del poder por las mismas élites del franquismo, manteniendo intacto el aparato de Estado de la dictadura. Desde una sucesión monárquica impuesta por el mismo Franco, a la persistencia de su aparato represivo, pasando por la continuidad de una judicatura y un ejército forjados en el nacional catolicismo, la permanencia de los privilegios de la iglesia católica, la sacralización de la “unidad de España”…
Este proyecto político, que implicaba la ausencia de una ruptura democrática con el régimen franquista, conllevaba la aplicación de la total impunidad a los crímenes perpetrados por los golpistas, y la posterior dictadura; el absoluto olvido y amnesia, desapareciendo cualquier referencia a la anterior etapa democrática republicana, y la extensión de la impunidad a los crímenes de la misma Transición.
Porque este proyecto se llevó a cabo enfrentado a quienes cuestionaban las renuncias a los derechos sociales y democráticos que comportaba. Resistencia que se dio en todos y cada uno de los puntos geográficos de la Península ibérica, y que no se trataba de “terroristas” como afirma despectivamente Martín Villa. Y en donde se aplicó una violencia sistemática, generalizada y extendida en el tiempo.
Por eso existen dos versiones contrapuestas sobre la Transición española: la de quienes la impusieron a sangre y a pelotazos policiales y la de quienes se opusieron y se enfrentaron a sus limitaciones, sufriendo por ello violencia y represión.
También resulta importante mantener una perspectiva de la Transición desde la actualidad, y ahí también existe esa dualidad de percepción. Por un lado, quienes hoy están combatiendo contra las actuales lacras políticas, desde la corrupción al recorte de libertades, pasando por la imposición de medidas de austeridad, y contra el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo. Y, por otro lado, quienes defienden el actual sistema y consideran aquellos pactos como un modelo perfecto, piedra basal del actual régimen, cuyo cuestionamiento supondría ponerlo en la picota. Y en este sector encontramos a todos los sustentadores del poder, desde la banca y los grandes empresarios, hasta los partidos y sindicatos del bloque constitucional.
Por eso Martín Villa sigue insistiendo en mantener el relato del poder, que consiste en que se llevó a cabo una actuación democrática y que, al igual que en la dictadura, en la Transición nada fue delito, a lo más perdonables errores. Que todos los crímenes cometidos están justificados por la consecución de ese bien superior que fue la Transición y la lucha contra el “terrorismo”. Pero, ¿qué terrorismo combatió la policía al ametrallar con saña a la gente el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, o disparando a discreción en los Sanfermines de 1978 en una plaza ocupada por 20.000 personas?
Por eso, en estos momentos Martín Villa sigue imputado en la querella argentina, y la jueza Servini sigue investigando su implicación directa en asesinatos que tuvieron lugar en prácticamente la totalidad de la geografía del Estado, cometidos por las fuerzas policiales de las que ostentaba la última de las responsabilidades como ministro.
Crímenes cometidos en un contexto político de violencia sistemática y generalizada contra quienes luchaban por una ruptura democrática con el régimen franquista. Por lo que deben ser considerados, al igual que los cometidos por la dictadura, crímenes contra la humanidad.
Por ello, seguimos en la lucha por la memoria y la justicia. Se trata de una deuda democrática con la sociedad que no hemos dado por saldada.
Firman el artículo: Miren Egaña Descarga, Fermín Rodríguez Saiz, Amaia Kowasch Velasco, Ramón Contreras López (forman parte de la Iniciativa Popular Sanfermines 78: Gogoan, Herri Ekimena)
Noticias de Navarra
