El balance del proceso catalán desde 2006 hasta el referéndum del 1 de octubre de 2017 ofrece una gran victoria del movimiento de emancipación nacional en el Principado de Cataluña, un decidido paso hacia su independencia. El proceso consolidó un movimiento democrático de incalculable magnitud, sobre todo por el protagonismo indiscutible de la sociedad civil, y sorprendió a propios y extraños, empezando por el mismo Estado español. La decidida voluntad de la gente y la logística impecable para la realización de la consulta constituyen un hito democrático de primera magnitud a nivel europeo y mundial.
La brutal reacción del Estado español, fiel a su tradicional “cultura”, por llamarla de algún modo, política destapó alguna de las vergüenzas del propio proceso, de manera que desenmascaró y aclaró posiciones que ya se incubaban desde su comienzo.
Justo después de la consulta del 9 de noviembre de 2014, Artur Mas planteó en una conferencia una estrategia para los siguientes pasos. Consistía en acudir juntos a las elecciones los tres partidos ‘independentistas’ y así convertirlas en plebiscitarias. Reivindicaba el eslogan “la unión provoca la fuerza”. Mas fue inmediatamente replicado por Oriol Junqueras, que presentó a los pocos días, en otra conferencia, la tesis contraria, en la que defendió que era más eficaz acudir por separado para, de ese modo, recoger los flecos de los extremos que no querían someterse a un partido al que, posiblemente, aborrecían. De este modo se recogerían ‘más votos’ y se alcanzaría un resultado numérico mejor.
La resaca provocada por la reacción del Estado español tras el referéndum del 1-O de 2017 y la abortada declaración de independencia por el Parlament de Cataluña el 27-O, comenzó con el modo de jalear a las fuerzas de orden españolas trasladadas a Cataluña para apalear a los votantes sin distinciones de edad o sexo (“¡A por ellos!”). Siguió con el infame discurso del rey Felipe del 3-O y la imposición del artículo 155 de la Constitución española que suspendía la autonomía, destituía al Govern de la Generalitat y disolvía su Parlament y toda su estructura subsidiaria Todo ello hizo aflorar, de nuevo, dos visiones distintas de la realidad catalana.
Por un lado, Puigdemont, Ponsatí y Comín como consejeros del Govern de la Generalitat optaron por refugiarse en el exilio en Bélgica. Por otro, Junqueras y el resto de consejeros decidieron esperar a su “caza y captura”, a pesar de haber podido escoger también el exilio. Efectivamente, tras la detención de los presidentes de la ANC (Jordi Sánchez) y de Omnium (Jordi Cuixart), todos ellos fueron apresados.
Pudimos contemplar un juicio ignominioso: en Madrid, con jueces de la Audiencia Nacional, en español, con pruebas falseadas o parciales y sin opción a presentar las propias, fueron condenados a durísimas penas de prisión e inhabilitación por un delito inexistente en cualquier Estado con un mínimo de estándares democráticos.
Mientras los exiliados en Bélgica iniciaban una estrategia de denuncia del Estado español en todas las instancias posibles, éste ha tratado de desacreditarlos por todos los medios de que dispone en la UE. Ha intentado obtener su extradición para ser juzgados en su territorio. El resultado siempre ha supuesto su fracaso. El exilio catalán ha conseguido la internacionalización del conflicto, el ridículo del sistema judicial español y, en su versión proactiva, ha constituido, primero, la organización de “Junts per Catalunya” y, segundo, la creación del “Consell per la República”, con la aspiración de ser una institución exclusivamente catalana, al margen de cualquier otra dependiente del Estado español y con ambición de abarcar a todos los Países Catalanes.
La vía propuesta por Oriol Junqueras y apoyada principalmente por ERC y algunos restos de la antigua Convergencia, como el PdeCAT, se basa en la misma idea que expresó Junqueras en su réplica a Artur Mas en 2014: una perspectiva exclusivamente numérica. Tras este planteamiento se oculta la ambición de ERC de llegar a ser el partido mayoritario… ¡de la autonomía!
Aunque los tres partidos autodenominados independentistas lograron mayoría en votos (52%) y escaños en el Parlament de Cataluña, la ERC de Junqueras pretende únicamente “ampliar la base”. Pero no es un ampliación por el empuje social, por la gente movilizada y en marcha por el objetivo de la independencia (como en el proceso), sino un crecimiento al modo “misionero”, basado en convencer a la gente de que con la independencia ‘viviría mejor’ y sin hacer referencia a la dignidad de la lengua y cultura catalanas perseguidas y maltratadas por siglos. Un crecimiento que han planteado como no nacional.
Así como la vía de Junts, al menos sobre el papel, pretende un crecimiento por el impulso masivo y el activismo de la gente, de modo que fuera capaz de catalizar la sociedad por una independencia próxima, la de ERC plantea un aplazamiento sine die de la consecución de la misma (¿2050?, no me lo invento, lo han dicho ellos) y en el “mientras tanto” gestionar la autonomía (o lo que vaya quedando de ella) al modo Pujol.
En este camino se han encontrado con otra resaca, en este caso la de la Izquierda Abertzale, que, tras final de ETA e incapaz de generar un relato propio de lo sucedido en nuestro país tras la victoria del franquismo, ha sucumbido a una idea muy semejante a la de ERC: aparcar, sine die también, la independencia y dedicarse a la gestión de la autonomía, sobre todo en la CAV y –en lo que puedan- en la CFN. De la mano del PsoE, sobre todo, en la segunda. Esta alianza, que ya se expresó en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 en las que la candidatura encabezada por Puigdemont venció a la del acuerdo entre ERC y la IA, se ha vuelto a manifestar en el apoyo de ambos partidos a los presupuestos del Estado.
En este momento, en Cataluña y al margen de la oferta electoral directamente española, se ofrecen dos alternativas políticas, las autodenominadas como la rupturista y la posibilista. Los segundos llaman a los primeros neoautonomistas o directamente botiflers (traidores) y los primeros a los segundos, maximalistas o hiperventilados.
Como dice Vicent Partal en sus lúcidos editoriales en Vilaweb, la línea que separa las dos opciones no es (aunque a veces coincida) entre ERC y Junts, que no son bloques homogéneos (en Junts hay neoautonomistas y en ERC los hay que apoyan la opción rupturista). La diferencia, según Partal, está entre quienes confían en la capacidad de las fuerzas propias (la nación), consideran que se puede vencer a España y que ésta no tiene derecho a decidir el futuro de Cataluña y los que, ante una situación de fuerza insuperable, piensan lo contrario.
El cambio cualitativo de la sociedad catalana con el proceso, al propiciarlo aprovechando los agravios del Estado español y con una fuerte organización de la sociedad civil, llevó al referéndum del 1-O. La fuerza generada, hoy posiblemente desanimada, sigue existiendo y es necesario que aflore de nuevo. Debe superar el complejo de derrota, recuperar la autoestima y salir de nuevo a la calle. Para ello hacen falta objetivos y mantener y mejorar las redes tejidas en el proceso. El Consell per la República, extraño al control del Estado español, podría ser el catalizador de este potencial latente. Necesita ideas, estrategia y liderazgo.
El plan del neoautonomismo que lo fía todo a una hipotética “ampliación de la base” y a una “mesa de diálogo” –en la que se puede hablar de todo menos de autodeterminación y amnistía- no es precisamente ilusionante. Ni efectivo. La mentalidad del derrotado que mendiga al vencedor, no conduce a obtener sus “graciosas concesiones” sino a ser menospreciado. Es una vía condenada a la impotencia y al fracaso.
La otra vía puede tener un camino positivo, sobre todo si es capaz de ilusionar y movilizar de nuevo todas las fuerzas que propiciaron las consultas de Arenys de Munt, la del 9-N de 2014, las multitudinarias Diadas de 2012 a 2017, el referéndum del 1-O de 2017 y su movilización y logística. Así puede presentar de nuevo una oposición estratégica al Estado español y aprovechar sus debilidades, como son su corrupción estructural, su débil posición económica internacional, su endeudamiento, su falta de credibilidad democrática… Es la única que tiene futuro para el Principado y el resto de Países Catalanes.
