Como cada año, la llegada del 15 de octubre liga esta fecha al recuerdo del fusilamiento del president de Cataluña Lluís Companys. Y también, como cada año, se suscitan todo tipo de comentarios, reflexiones y afirmaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde defensores y detractores de la víctima explayan a diestro y siniestro y, a menudo, en mentir, intoxicar y manipular se ha dicho, a ver quién la dice más gorda.
El president no fue fusilado por un grupo de falangistas fanáticos que, hallándose en posesión de armas, las utilizaron contra él. Ni por media docena de guardias civiles, por su cuenta, que se encontraban casualmente fuera de servicio. Ni por militares que, justamente en esa fecha, estaban de vacaciones. No fue una acción espontánea, imprevista, inesperada, sino la culminación de una operación de Estado en forma de crimen de Estado. Y, como su nombre indica, estas operaciones sólo las hacen los Estados. Como dijo un teniente de artillería de la guarnición del castillo de Montjuïc a los soldados que hacían el servicio militar en Barcelona: “Catalanes, hemos fusilado a vuestro presidente”. Sabían bien que hacían y qué decían.
Entregado por los alemanes a la policía española, desde Bretaña donde se había establecido, fue conducido a Madrid, al edificio que alberga hoy la presidencia de la Comunidad Autónoma de aquella provincia, donde fue torturado de manera repetida. Atravesar con una persona detenida toda Francia, ocupada por los nazis, con el gobierno colaboracionista de Vichy y en plena II Guerra Mundial, no era una misión fácil, ni un objetivo al alcance de todo el mundo si no contaba con apoyos e implicaciones oficiales directas del máximo nivel: un acuerdo entre gobiernos, pues, entre el ejecutivo nazi de Alemania y el gobierno franquista de España.
Sin embargo, curiosamente, la expresión de la mayor de las vilezas de cómo fue aquel fusilamiento resulta difícil de aceptar cuando se trata de adjudicarse la autoría. Yo ya entiendo que para un español que, además, se reclame de izquierdas o bien liberal, debe producir una angustia infinita admitir que la culpabilidad de aquel crimen radica, en última instancia, en el gobierno de España de la época. Un gobierno franquista, cierto, tanto como que también era el gobierno de España entonces y lo siguió siendo durante 38 años más, de acuerdo con la legalidad española. Constatar, pues, que aquello lo hizo el gobierno de España es lógico que incomode a cualquier demócrata español.
De hecho, a formar gobierno sólo se llega de dos maneras: por las urnas o por la fuerza mediante guerras, golpes de Estado o revoluciones. Se accede mediante el instrumento del voto democrático o por las armas. En ambos casos se acaba estableciendo un marco legal determinado que es el que tiene vigencia absoluta en un territorio concreto y que, con excepciones honorables como México, que nunca sostuvo relaciones diplomáticas con el régimen de Franco, los demás Estados acaban finalmente reconociendo como representante de un país o territorio, totalmente al margen de la ideología del régimen gobernante. La visita del presidente estadounidense David D. Eisenhower a España, en 1959, desfilando en coche descubierto con un militar asesino, despenalizándolo, fue el mazazo definitivo en la cabeza para las esperanzas democráticas de mucha gente.
Los gobiernos de la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini, el Portugal del ‘Estado novo’ de Salazar o la España dictatorial de Franco fueron durante años o décadas, simplemente, los gobiernos de Alemania, Italia, Portugal y España, y eran quienes representaban a estos países. Y no era así porque lo dijeran ellos, sino porque los otros Estados los legitimaban reconociéndoles, manteniendo embajadas en ellos, firmando acuerdos con ellos y admitiéndolos en organismos internacionales de todo tipo. Otra cosa era si les podía gustar o disgustar la orientación política de cada uno de los gobiernos de estos Estados. Algo parecido a lo que pasará con Afganistán en manos de los talibanes, con los que tarde o temprano terminarán negociando, de una manera u otra, casi todos, por más que puedan horrorizar sus principios y prácticas.
Companys fue fusilado por un pelotón de fuerzas regulares de un Estado llamado España, En aplicación de una condena a muerte, acordada por un jurado, de conformidad con una legalidad específica, en vigor en 1940. Puede decirse, pues, que España, la España de aquel momento que duró casi cuatro décadas, tuvo la responsabilidad de aquel crimen. Aquella era la única España que existía como sujeto político, la única reconocida internacionalmente, la misma que también hizo fusilar al mataroní Joan Peiró, al valenciano Joan Baptista Peset, a los mallorquines Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Maria Ques, Antoni Mateo y a tantos otros miles de personas: republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, liberales, fieles a la legalidad republicana establecida en 1931 en todo el Estado. Aquella España aguantó 38 años y su gobierno, ¿no era el gobierno de España?
Ninguno de los gobiernos de España posteriores a las elecciones del 15 de junio de 1977, continuadores jurídicos a nivel internacional del gobierno franquista, no ha reconocido ese crimen ni ha pedido perdón por aquella atrocidad. Sí que lo hacieron, sin embargo, los representantes de los gobiernos de Francia y Alemania, gobiernos posteriores a los de Pétain y a los de Hitler, por su implicación en aquel crimen, en el Palau de la Generalitat en 2008: “nosotros ya hemos reconocido la nuestra responsabilidad”, dijo el uno. Y el otro afirmó que “los alemanes aceptamos nuestra culpa”.
El franquismo no habría sido posible sin Franco, pero tampoco sin los franquistas, entre los que había no pocos catalanes. 61 años después, España no ha asumido responsabilidad alguna, ni ha reconocido ninguna culpa. De hecho, ayer bajo dictadura y hoy con el gobierno más progresista de la historia, sin embargo, resulta que la exaltación pública del franquismo continúa sin ser delito y, por tanto, no es perseguida, mientras que las entidades que pretenden honrar su memoria son plenamente legales y, hasta hace cuatro días, recibían dinero público y ayudarlas desgravaba en Hacienda. Precisamente, es un hecho como éste lo que explica muchas cosas. Hoy todavía.
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