Definimos emergencia como el resultado de multiplicar riesgo por urgencia. A su vez, el riesgo resulta de multiplicar probabilidad por daño. Y la urgencia se define como el tiempo de reacción ante una alerta, dividido por el tiempo de intervención que queda para evitar un desenlace no deseado. Una situación es una emergencia si tanto el riesgo como la urgencia son altos. Y si el tiempo de reacción fuera mayor que el que resta para actuar, decimos que la situación está fuera de control.
Hace ya tiempo que sabemos que la humanidad afronta una emergencia climática. Algo que el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, con sus demoledoras conclusiones, no ha hecho más que reforzar. De hecho, lo único que nos queda por despejar en la ecuación de la emergencia climática es de cuánto tiempo disponemos para no perder por completo el control de la situación.
En este contexto, la necesidad de una urgente transición energética resulta incuestionable. Además de cambios de hábitos y comportamiento de los ciudadanos, dicha transición exige fundamentalmente innovación tecnológica. Pero otro factor decisivo es la buena gobernanza. Ante la emergencia climática, los políticos tienen la formidable responsabilidad de gobernar eficazmente la transición energética. Ha pasado el tiempo de las proclamas y de las promesas populistas que prometen soluciones simples a desafíos muy complejos. Como les comentaba desde esta misma tribuna (“Pragmatismo climático”, 2 de febrero del 2020), es tiempo de actuar sobre la base de un realismo extremo.
Porque los nuevos desafíos planteados por la transición energética se van a encadenar, uno tras otro. Y como muestra, un botón de rabiosa actualidad. Un informe reciente del Banco de España estima que la escalada de los precios de la electricidad en nuestro país, actualmente en cifras récord, refleja un aumento de los precios de los derechos de emisión del CO2que son responsables de una quinta parte del incremento total. La fijación de precios del carbono está prevista por la UE como un mecanismo necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y, concretamente, en el European Emissions Trading System, dicho precio está algo por encima de los 50 €/t (60 $/t). Pues bien, para alcanzar las cero emisiones netas en el 2050, la Agencia Internacional de la Energía ha publicado una hoja de ruta que, para el caso de las economías avanzadas, estima unos precios medios del carbono para el 2025, el 2030, el 2040 y el 2050, en el entorno de los 75, 130, 205 y 250 $/t, respectivamente.
Una perspectiva preocupante que hay que saber gestionar adecuadamente. Especialmente si los precios al carbono se acaban aplicando también, como se ha propuesto en la Unión Europea, al transporte y al sector residencial. Porque, a fin de cuentas, la sostenibilidad energética no es solo una cuestión medioambiental, sino un equilibrio entre ese ámbito, el de la economía, y el de la seguridad de suministro.
LA VANGUARDIA
