Sant Cugat, como municipio independentista que es, reacciona siempre rápidamente ante las agresiones del Estado español en Cataluña, y el 23 de septiembre y el 1 de octubre pasados lo volvió a hacer contra el intento de criminalización del independentismo y de los Comités de Defensa de la República (CDR) a través de una Administración de Justicia impropia de un Estado democrático y de una Guardia Civil, que es su brazo armado.
Al grito de ‘Todos somos CDR’, ‘Lo volveremos a hacer’, ‘Fuera las fuerzas de ocupación’ y ‘La escalada represiva no tiene freno’, cientos de santcugatenses recorrieron el centro de la ciudad denunciando los registros y la detención de nueve personas en diferentes puntos de la geografía catalana bajo la acusación de constituir ‘una banda terrorista de carácter secesionista catalán’. El Estado español es tan torpe, tan torpe en las acciones dictatoriales que lo caracterizan, que, conociendo el talante nacional catalán, tales acusaciones harían reír por alucinantes si la situación no fuera tan dramática y hubiera tantas personas exiliadas, encarceladas o acosadas.
Se acerca el dictado de la sentencia por el referéndum del Uno de Octubre y, como ya hace dos años que está escrita y todo lo que hemos visto hasta la fecha, con jueces, fiscales, togas, falsos testimonios y acusaciones de manual, no ha sido sino una mascarada de cara a la opinión pública internacional, ahora toca vestirla ambientalmente. Sólo las dictaduras guardan dos años en un cajón una sentencia a fin de hacerla pública en el momento en que al Estado le parezca más oportuno para sus intereses.
Estamos hablando de una sentencia redactada con la tinta del odio feroz e irracional que siempre ha sentido el Estado español contra los derechos nacionales de Cataluña, una sentencia necesitada, precisamente por eso, de una coartada delirante según la cual independentismo sería terrorismo. Desgraciadamente para el Estado español, la credibilidad no es un título de esos que da la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, sino que se gana con cultura democrática y con un respeto absoluto por los derechos humanos. Un Estado que viola sin escrúpulos los derechos humanos, como hace España, no tiene un ápice de credibilidad ni de autoridad, para hablar de justicia. Y menos para impartirla.
SANT CUGAT
http://www.cugat.cat/diari/opinio/145614/l_escalada-repressiva-sense-frens?fbclid=IwAR22NBwWZFoiXwIjbYju2Cq5cI9qGCXtc0DwszNK1KjpBfTyA4hZXHs7BKU
