Una de las víctimas mortales de los GAL, Tomás Pérez Revilla, ya había sufrido otro atentado terrorista en Iparralde, el 21 de marzo de 1976. Entonces era considerado como uno de los dirigentes de la rama «militar» de ETA por la Policía española, y fue ametrallado usando unas Marietta que más tarde se demostró había comprado dicha Policía en EEUU.
La rama «político-militar» de ETA se servía entonces de ese mismo tipo de arma, y días después, el 8 de abril, el diario franquista de Donostia «La Voz de España» publicó un artículo, titulado «Enfrentamientos `milis’-‘poli-milis’», en el que se decía: «Las armas empleadas -Marietta- así como la munición -Geko, 9 mm- y la forma de actuar son modus operandi de los activistas de la rama «político-militar». Pérez Revilla está reuniendo las evidencias que rodearon el tiroteo al coche donde viajaba, para tomar las represalias oportunas en contra de quienes atentaron contra su vida, la de su esposa y la de su hijo de corta edad. Pérez Revilla señala a Moreno Bergareche «Pertur», como responsable».
Ese artículo de «La Voz de España» estaba escrito con ese inconfundible estilo que ha llegado hasta nuestros días en la pluma de algunos periodistas a los que les encanta abrevar en «fuentes antiterroristas». Sobre todo, en la sucia pluma de Jesús María Zuloaga, subdirector del diario «La Razón». Y ya es casualidad que su padre, del mismo nombre, fuera precisamente el que dirigía entonces «La Voz de España».
Tres meses después de la publicación de aquel artículo, el dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergaretxe «Pertur» desapareció en Iparralde, cerca de la muga, y las Fuerzas de Seguridad y autoridades españolas volvieron a recurrir a la tesis del «ajuste de cuentas» entre miembros de ETA. Un recurso archiconocido en todas las guerras sucias, y que el Estado español ha empleado en varios conocidos casos: Tomás Alba, Santi Brouard, Josean Cardosa…
En el caso de Pertur obtuvieron excelentes resultados, pero en el del atentado contra Tomás Pérez Revilla el montaje se les vino abajo debido al imperdonable error que cometieron. Un error que explicaron los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués en su libro «Amedo: El Estado contra ETA». «Los responsables del Ministerio del Interior y los de los servicios de Información de la Presidencia» borraron la numeración inscrita en el exterior del cañón de las Marietta, pero no la inscrita en su interior, cuya existencia desconocían.
Los Servicios Secretos españoles pusieron aquellas armas en manos de neofascistas italianos, para que atentaran contra los refugiados vascos, y en efecto las usaron en varios de los atentados cometidos en la primera etapa de la guerra sucia en Iparralde, que duró de abril de 1975 a octubre de 1976. Ahora bien, también usaron dichas armas para cometer otros atentados terroristas bien sonados, como el asesinato del conocido juez antiterrorista italiano Vittorio Occorsio.
Al neofascista que lo asesinó el 10 de julio de 1976, Pier Luigi Concutelli, la Policía italiana le intervino la Marietta que utilizó en el atentado y descubrió que había sido comprada por la Policía española en EEUU, gracias al número inscrito en el interior de su cañón. Y cuando los jueces italianos preguntaron una y otra vez al respecto a las autoridades españolas, jamás recibieron respuesta alguna.
Los italianos también demandaron información sobre múltiples acciones de guerra sucia cometidas por los neofascistas italianos en los estados español y francés, entre las que se incluía el secuestro de un miembro de ETA que no podía ser sino Pertur. Volvió a ser absolutamente en vano. Las autoridades españolas jamás respondieron.
Tampoco lo hicieron respecto a una agenda que la Policía italiana intervino a Concutelli y que contenía nombres y números de teléfono de agentes de las Fuerzas de Seguridad españolas. Agentes entre los que se encontraba uno que después ocupó importantes cargos, el comisario Ramón Lillo, futuro jefe de seguridad de la Audiencia Nacional.
En 1985, el diario «El País» publicó un par de informaciones sumamente comprometedoras para Lillo. Primero, dio a conocer los nombres que aparecían en las agendas ocupadas a Concutelli por la Policía italiana. Un par de semanas después, sacó a la luz un informe elaborado por la Comisaría General de Información, que contenía las detalladas declaraciones realizadas por otro neofascista italiano, Giuseppe Calzona, cuando fue detenido en Madrid, en julio de 1984.
Calzona dio en comisaría detalles precisos sobre sus andanzas durante 1976, año en el que participó en la Operación Reconquista, en Montejurra, donde mataron a dos militantes carlistas. Según declaró, ese año también tomó parte en un grupo mercenario que cometió varios atentados de guerra sucia en Iparralde; entre ellos, el perpetrado contra Pérez Revilla. Y precisó que era Lillo quien comandaba dicho grupo mercenario.
Tras ello, Calzona, que estaba reclamado en Italia por asesinato, exigió ser puesto en libertad, amenazando con dar detalles comprometedores para el Estado español en caso contrario. Así constaba en el citado informe de la Comisaría General de Información y, en efecto, no lo extraditaron, sino que fue liberado y nunca más se ha vuelto a saber de él.
La Audiencia Nacional denegó asimismo la extradición de otros cuantos neofascistas italianos reclamados por jueces de su país, argumentando que los asesinatos los habían cometido por motivos políticos.
Todos aquellos mercenarios estaban ligados a la guerra sucia, y la Audiencia impidió así que se pudieran esclarecer no pocas acciones cometidas con aquellas famosas Marietta. Y también el secuestro de Pertur.
La Justicia española no ha tenido jamás el más mínimo interés en esclarecer hasta las últimas consecuencias, ni ese secuestro, ni ninguna otra de las bien numerosas acciones de guerra sucia perpetradas durante décadas. Y las autoridades tampoco.
Naiz
