Concentrar los esfuerzos en la celebración de una consulta es positivo porque, como se ha demostrado, permite cohesionar la sociedad alrededor de un gesto democrático y, en otro sentido, las expectativas creadas son tales que el 9-N representa una prueba de fuego decisiva para el estamento político ya que marcará claramente su capacidad de cumplir o no con el compromiso adquirido. Sin embargo, la insistencia del debate en el voto sobre la independencia parece diluir la política independentista o, en otras palabras, el conjunto de acciones que hay que prever y ejecutar para construir un Estado.
El balance es especialmente flaco en la cuestión financiera, hecho sorprendente si tenemos en cuenta que ha sido la asfixia provocada por España el principal motor de configuración de la mayoría social independentista. No olvidemos que el giro de Mas a favor de la consulta sobre el Estado propio se promueve ante el fracaso del pacto fiscal, un capítulo que contribuye a mantener la injusta apropiación de recursos por parte de las autoridades españolas y coloca a la Generalitat al borde del abismo financiero con una deuda que en la actualidad ronda los 60.000 millones de euros. La pregunta es: ¿hay alguna estrategia desde el gobierno catalán para asegurar que el grueso de los impuestos generados en Cataluña (además de las cotizaciones sociales) se mantengan en poder de las autoridades catalanas y permitan financiar el período de transición hacia el nuevo Estado soberano? A cuatro meses de la meta democrática que debe marcar un antes y un después en el proceso de secesión no se percibe ningún plan que satisfaga estos factores infraestructurales fundamentales para prever el éxito del reto. Y seguramente no se contempla porque también en este campo, como sucede en el ámbito constitucional, parece difícil separarse de España sin una dinámica de ruptura unilateral y de vía de hecho en la que el gobierno catalán no está dispuesto a embarcarse por más que, cuanto más tarde, más dramática será la situación.
Las únicas iniciativas planteadas son casi testimoniales, la llamada Hacienda Catalana que representa un consorcio fiscal entre las administraciones públicas catalanas recauda y gestiona directamente una parte muy pequeña de los tributos e insuficiente por completo para financiar los 40.000 millones de euros que algunas entidades, como el Círculo Catalán de Negocios, han calculado que representarían los costos de transición.
Las formas de desobediencia alentadas desde sectores de la sociedad civil en relación con depositar la liquidación del IRPF en la Agencia Tributaria Catalana aún presenta más lagunas, básicamente porque un movimiento contundente de retención de rendimientos derivados de IRPF requiere la cobertura y la acción enérgica de la Generalitat, de ninguna manera de un voluntariado que se expone a la sanción tributaria y penal. Esto dejando de lado que la iniciativa sólo opera en la liquidación del IRPF y que, de momento, es impracticable en las retenciones que las empresas realizan en cada uno de sus pagos y transfieren a la Agencia Española, que es el momento clave a tener en cuenta si de verdad se quiere impedir que las autoridades españolas tengan acceso inmediato a los rendimientos del referido impuesto (una consideración que también habría que aplicar a las liquidaciones trimestrales de IVA). Ni siquiera el informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional de diciembre de 2013 relativo a la Administración Tributaria de Cataluña da mucha información sobre retener recursos unilateralmente en un escenario de conflicto con España. Es, en definitiva, alarmante que no exista una hoja de ruta clara en esta cuestión y si la hubiera, sería aún más grave que la ciudadanía no la conociera, la cual debe cumplir con las obligaciones fiscales en el nuevo Estado y en la fase inmediatamente anterior a su constitución, porque un Estado es muchas cosas pero sobre todo es una estructura coactiva para recaudar impuestos.
EL PUNT – AVUI
