El Instituto de Estudios Catalanes (IEC), academia de las ciencias y las humanidades, fundada en 1907, es la primera corporación académica de las tierras de lengua y cultura catalanas, miembro de pleno derecho de la Unión Académica Internacional desde el 1922.
El IEC está integrado por 186 miembros numerarios o eméritos procedentes de todo el territorio lingüístico y por 70 miembros correspondientes representativos de las relaciones de nuestra institución con la comunidad científica internacional, y cuenta con 28 sociedades filiales de todos los campos del conocimiento, con unos 10.000 asociados en el conjunto del territorio.
Así mismo, tiene adheridos 111 centros de estudio locales, que muestran el arraigo de la comunidad investigadora en todos los lugares de nuestro ámbito cultural.
La comunidad de lengua y cultura catalanas, sujeto de derechos nacionales
La comunidad de lengua catalana ha participado muy significativamente a lo largo de la historia en el desarrollo de la civilización europea, en todos los aspectos, desde los mismos orígenes de los pueblos románicos. Hoy, tanto por las dimensiones -millones de catalanoparlantes- cómo por el dinamismo que tiene, reclama una consideración igualitaria entre las lenguas y culturas del mundo.
Sus características se adscriben a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos (artículo 1.2), y también, en el caso de los territorios que no han logrado la plena soberanía, el reconocimiento de los intereses de sus habitantes, el respecto de su cultura y el desarrollo progresivo de su autogobierno, de acuerdo con las aspiraciones políticas que tienen (capítulo XI). El artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece que todos los pueblos tienen el derecho de autodeterminación y, en virtud de este derecho, pueden decidir libremente su estatus político y aspirar libremente a su desarrollo económico, social y cultural.
La comunidad de lengua y cultura catalanas constituye, con toda evidencia, una nación que merece un reconocimiento igualitario en el marco de los estados respectivos en que se inscribe, y también en el marco de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Cada uno de los territorios en que se encuentra actualmente fragmentada esta nación tiene el derecho legítimo e inalienable de decidir de qué Estado quiere formar parte, tanto si es el Estado en que ahora se inscribe como si aspira a la construcción de un estado específico diferente. Ninguna acción democrática legítima no puede contradecir y menos todavía criminalizar este derecho de los ciudadanos catalanes. Nadie, en un marco político democrático, puede decidir qué tiene que ser la nación de los otros.
Por más que nuestro caso no es el de una minoría nacional, sino el de una nación minorizada, llamamos la atención de todo el mundo sobre la insuficiencia de la protección de las minorías en el sistema político internacional, que es incapaz de impedir la grave contradicción que implica el hecho que las mayorías estatales puedan decidir cuál es el destino de las minorías, y desposeerlas de su derecho a decidir sobre los recursos propios y sobre el futuro de las lenguas, las culturas y los territorios respectivos, y anular, de esta manera, la primacía social que toda lengua y cultura merece tener en el hábitat propio. Es demasiado limitada la eficacia de documentos como la Convención marco para la protección de las minorías nacionales (1995), la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias (1992) o la Recomendación 1735 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el concepto de nación, del 26 de enero de 2006, cuyo punto 12 afirma que es necesario adoptar una aproximación más tolerante en las relaciones entre el Estado y las minorías nacionales, que culmine en la aceptación genuina del derecho de todos los individuos de pertenecer a la nación que sienten que pertenecen, sea en términos de ciudadanía o en términos de lengua, cultura, tradiciones y voluntad de pertenencia.
Por qué ahora esta declaración
Nos encontramos ante una coyuntura excepcional, en la cual coinciden las tendencias propias del proceso de mundialización y las presiones de las mayorías estatales -y muy especialmente al Reino de España- hacia una homogeneización lingüística y cultural completamente contraria a los principios de diversidad cultural sostenible que reclama el interés general de las lenguas y culturas de todo el mundo, y que propugnan los tratados internacionales y declaraciones de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.
La involución política del Estado autonómico español muestra cada vez tendencias más adversas a la igualdad, tanto en la consideración política de las nacionalidades y el respecto de la pluralidad lingüística y cultural, como en el sistema de financiación o en las inversiones estatales. Numerosos medios de comunicación fomentan la catalanofòbia, y acabamos de ver cómo un Tribunal Constitucional anulaba preceptos de un Estatuto de autonomía no solamente aprobado por el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales de España, sino que incluso ha obtenido el plebiscito favorable del pueblo de Cataluña.
Esta situación pone en peligro nuestro futuro colectivo y el esfuerzo de cohesión de toda nuestra sociedad, y muy especialmente del sistema educativo, en orden a integrar inclusivamente en catalán y castellano a millones de personas llegadas de otras tierras de lenguas y culturas diversas. Más del 40 % de los extranjeros de España viven en el área de lengua catalana.
Nuestro llamamiento está lejos de cualquier opción política partidista, que no corresponde en nada a una institución como la nuestra. Nace de la conciencia que constituye una legítima intervención responsable en los asuntos públicos, y no en defensa de ningún particularismo excluyente, sino bien al contrario, en afirmación de los principios universales más equitativos, justos y democráticos para la convivencia en la diversidad, como lo fue la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos proclamada en Barcelona el año 1996.
Queremos contribuir a un contexto internacional favorable para todas las lenguas y culturas del mundo, sabiendo que nuestra comunidad es un indicador de la credibilidad de las políticas de respecto de la diversidad.
A quien nos dirigimos
Nos dirigimos, pues, en primer término y sobre todo, a nuestro pueblo, para que sepa con toda certeza que le asisten los principios universales de justicia y para que no dude en reclamar sus derechos de autodeterminación y autogobierno con toda la energía y la constancia que haga falta dentro del marco cívico de la democracia.
Nos dirigimos a nuestros representantes políticos y a nuestras instituciones de autogobierno, para que asuman y mantengan estos derechos y se afanen en la consecución de un estatus igualitario, dentro o fuera del marco estatal actual y en el contexto de la comunidad internacional.
Nos dirigimos a la Unión Europea y a las Naciones Unidas, para que se comprometan activamente con los principios que proclaman sobre el respeto igualitario de la diversidad lingüística, cultural y nacional, y no tan sólo para los millones de europeos que se consideran de lengua, cultura y nación catalanas.
Y nos dirigimos a todos quienes aspiran a construir una sociedad europea y mundial equitativa y sostenible, respetuosa con la diversidad lingüística, cultural y nacional, para que comprendan que la sociedad catalana es tan sólo una muestra de un proceso que afecta el conjunto de la humanidad.
Barcelona, 3 de febrero de 2011
http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/Declaracio_IEC_03022011.pdf
