En septiembre de 2009 una señora que viajaba de Girona a Alghero, tras dirigirse en catalán al guardia civil de la aduana, fue -primero- invitada a expresarse en castellano, después interrogada, y finalmente, retenida hasta que perdió el vuelo. Como persona respetuosa de la ley, Àngels Monera interpuso, posteriormente, una denuncia en el juzgado. A resultas de ello, la condenaron por insultos a la autoridad, y le obligaron a pagar una indemnización al funcionario que no encontraba correcto escuchar catalán en el aeropuerto de Girona. ¿Podéis imaginar cuáles serían las consecuencias si un ciudadano castellanohablante, en cualquier aeropuerto, fuera obligado a expresarse en catalán?
Saida Saadouki, la traductora que -en agosto de 2010- se atrevió a saludar en catalán al guardia civil que custodiaba la entrada del cuartel de Palma, también fue insultada por ello. “Mora catalanista” y algunas otras lindezas, tuvo que escuchar de labios del guardia en cuestión y de su capitán, que se ve que -además- consideraba que el catalán era una lengua que no existía. Es curioso cómo algo sin existencia puede exasperar tanto según a qué individuos: deben ser misterios reservados a según qué capacidades intelectuales. Finalmente, la juez -que no admitió como prueba la grabación de la conversación (es lógico: podría haber desmentido la declaración del guardia)- la ha condenado a ella, que también ha perdido el trabajo de traductora, a pagar una indemnización al oficial que la insultó.
Esto son sólo un par de muestras de cosas que pasan, en nuestro territorio, de vez en cuando, no demasiado a menudo. Sólo con la frecuencia justa para que no llegamos a olvidar que somos nosotros, quiénes son ellos, y quién manda. Al principio, hace ya unos siglos, y de nuevo hace unas décadas, hubo que hacerlo bien patente y extensivo a todos. Así, a unos y a otros les lavaban la boca con jabón o les daban un par de hostias bien pegadas para que aprendieran a hablar en cristiano. En las escuelas se prohibía toda lengua que no fuera el castellano, y era imposible encontrar fuera del ámbito estrictamente privado y familiar espacios de comunicación normal en catalán. Ahora, sin embargo, estamos en otra fase. Aquello tan grosero sería contraproducente, y sólo hay algún recordatorio de vez en cuando, para que no nos lleguemos a creer que las cosas han cambiado del todo, para que no perdamos de vista quién es el dueño, y ante quien debemos arrodillarnos, cuando toque.
Y toca siempre que una persona, independientemente de su edad, condición, nivel de formación y competencia, se encuentra ante un energúmeno con pistola y uniforme, que -como fiel representante de la esencia más profunda del Estado que le paga el sueldo- detesta toda forma de cultura, y odia toda lengua que no sea la única que él conoce (¿ es ésto tan incongruente en un Estado en el que incluso el presidente del gobierno es ridículamente monolingüe?).
La única ventaja de todo ello, ya lo he dicho en otras ocasiones, es que nos puede ayudar a quitarnos la venda de los ojos y aceptar de una vez que no tenemos un Estado de Derecho. O que lo que tenemos (y pagamos) no es nuestro. Necesitamos dotarnos de un sistema judicial de protección de nuestros derechos civiles, que el estado español no nos proporcionará nunca. La estructura política y jurídica (no sé si es pertinente hacer esta distinción en el caso que nos ocupa) de España, heredera de una dictadura ultranacionalista, no está diseñada para protegernos sino para sacralizar y eternizar los privilegios de otros. Sus leyes y sus jueces siempre protegerán y defenderán a ellos. Y es evidente que a nosotros, no nos consideran de los suyos.
Actualizado (Martes, 30 de noviembre de 2010 07:00)
