La respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto ya la están dando miles de ciudadanos en los municipios del país cuando votan por la independencia de Cataluña. En concreto, ya hay prácticamente medio millón de ciudadanos que claman por un Estado propio. ¿Esto no es significativo? ¿Esto no es una mayoría social? ¿Qué más debe pasar para que se reconozca de una vez que somos al frente de la primera causa política (y tal vez la única) que moviliza gente en Cataluña?
Como ya ha sido destacado estos días, si hacemos la proyección de porcentajes de participación y de voto a favor de la independencia obtenidos en las cuatro consultas realizadas hasta ahora sobre el censo electoral oficial, obtenemos que hay más votos en favor de la independencia (más de un 23%) que los que obtiene, por ejemplo, el PSC en unas elecciones al Parlamento de Cataluña (el 15,27% de los votos sobre el conjunto del censo en las elecciones de 2006) y que le permiten a José Montilla ser presidente de la Generalitat. ¿Por qué vale hablar de mayoría social cuando se trata de Montilla y se ridiculiza cuando se trata de independencia? Por el momento sabemos que ya hay medio millón de personas en favor del Estado propio (y eso que sólo nos encontramos en el inicio del proceso). ¿Cuántos habría en favor del federalismo que con tanta insistencia defiende el presidente? ¿Cuántos voluntarios reuniría un referéndum sobre esta causa? Probablemente en ningún otro contexto se manifiesta con tanta eficacia cómo la representación política distorsiona la voluntad popular.
Pero no es sólo un problema de representación política, es la relación entre el estamento político y el resto de estructuras de poder (económicas, mediáticas y sociales) heredadas de la Transición y del franquismo que llevan unos años dedicadas a negar 1) que la independencia sea la única opción viable (la única que podemos decidir aquí) ante el blindaje contra el autogobierno catalán que practica España a través de su sistema constitucional y 2) que el Estado propio tenga por detrás una mayoría social. Pese a toda la presión de este aparato (apagones informativos, amenazas, chantajes económicos), la causa de la independencia gana terreno en el espacio público y marca el debate de la agenda política.
Será interesante, durante los próximos meses, comprobar la evolución del conflicto entre el independentismo social, por un lado, y la telaraña de intereses unionistas, por otra, en la cual se incluyen las cúpulas de la mayoría de partidos con representación parlamentaria todavía atrapadas por la lógica que imponen los poderes fácticos. Esto será especialmente clamoroso cuando el Tribunal Constitucional rubrique los límites (y la agonía) del Estado autonómico. La decisión acabará de hundir los esquemas del sistema de la Transición porque aniquilarà los mitos en los que el autogobierno catalán y buena parte de la sociedad se habían atrincherado; a saber, que en Catalunya teníamos alguna capacidad de decidir dentro del orden español (decisiones que diez magistrados pueden invalidar incluso cuando las ejercemos a través de un referéndum), y que España era una realidad plurinacional que respetaba los atributos nacionales de Cataluña a través de un pacto entre iguales.
Este periodo que ahora comenzamos se podría calificar como el del fin de la ambigüedad. Fin de la ambigüedad por parte catalana, que ya marca sin tapujos cuál es el horizonte final de su proyecto, pero el principal cambio es que la ambigüedad también se ha acabado por parte española: quedará claro que la relación entre Cataluña y España no es fruto de un pacto sino de una dominación, que cuando desde aquí decidimos una cosa allá nos la pueden tumbar con toda impunidad dado que sólo a España le corresponde el poder de decisión final, lo que en teoría del Estado denominamos soberanía. Pero lo más dramático para el catalanismo es que esta evidencia se revelará no sólo en el choque frontal de legitimidades que se desprende del Estatuto sino en todos los campos de la vida social. En los años 90 (época dorada de la ambigüedad) la Convergencia de Pujol podía pactar sucesivamente con el PSOE y el PP a cambio de un tramo de rendimiento en el IRPF, de las competencias en materia de puertos, o del despliegue de los Mossos d’Escuadra, sin discutir sobre los fundamentos del modelo. El partido o partidos que integran el gobierno de la Generalitat nacido de las elecciones del otoño de 2010 no podrán exhibir ningún otro incremento en el autogobierno porque España no ofrecerá nada a negociar: la sentencia del Estatuto habrá dejado bien claro que dentro del sistema autonómico Catalunya no puede aspirar a nada más.
Será curioso ver entonces qué culebreos hará el estamento político catalán para continuar esquivando el envite independentista. Ahora lo vivimos en el conjunto de iniciativas de nula viabilidad política y jurídica sobre el Tribunal Constitucional. Pero no es difícil prever cuáles serán las futuras excusas con las que evitarán tirar por la directa. Artur Mas, por ejemplo, ya sugiere que si logra la presidencia de la Generalitat reclamará el concierto económico y planteará un referéndum a la ciudadanía sobre esta cuestión. muy bien. ¿Alguien le podría explicar a Artur Mas que ahora mismo el concierto económico en Cataluña es tan inconstitucional como la independencia? ¿Qué pasos intermedios (y qué consiguientes frustraciones) se continuarán inventando por no plantear el pulso definitivo? ¿Qué activos piensan presentar Mas, Durán o Montilla en relación a Rajoy o Zapatero por contener la indignación y volvernos a convencer que ahora no toca? ¿Podrán decir que todavía no hay la suficiente masa social para saltar el muro con un millón de votos favorables a la independencia en 2011 cuando la consulta llegue en Barcelona? ¿No será que la masa social no se desboca porque Mas, Durán, Montilla (por no hablar de Sánchez-Camacho) y la red económica y mediática que les protege hacen lo posible para que las aguas no se salgan de madre? Al menos que no vuelvan a escudarse en la ausencia de apoyo ciudadano a la independencia si no están dispuestos a presentarse como los principales responsables de que este apoyo no se manifieste.
Los representantes de los partidos en la mesa del Parlamento tendrán los próximos días la oportunidad de pronunciarse sobre una iniciativa popular de consulta sobre el Estado propio de acuerdo con la nueva ley de consultas; a ver qué argumentos oponen para decirnos que todavía no creen en la democracia.
