“Aquellos archivos olían a un pasado remoto”, escribió el que fuera gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, justificando con esas palabras el cumplimiento de la orden recibida en abril de 1976 de destruir todos los papeles conservados en la Jefatura Provincial del Movimiento bajo su mando. Con semejante criterio, da grima imaginar qué hubiera ocurrido si, por oler a un pasado cientos de años más remoto, algún gobernador de Sevilla hubiera recibido de su ministro la orden de destruir los papeles del Archivo de Indias y la hubiera cumplido.
No hay historia sin archivos y de aquella destrucción a este traslado de documentación sobre campos de concentración procedente del Tribunal de Cuentas al Archivo General de la Guerra Civil, un largo y tortuoso camino han tenido que recorrer -y lo que aún queda- decenas de historiadores para reconstruir las páginas más terribles de la historia de España del siglo XX: la represión desencadenada desde el mismo momento de la rebelión militar de julio de 1936 y durante los largos años de posguerra. Represión que tuvo diversos nombres pero un único objetivo: arrancar desde la raíz los males que habían infectado el cuerpo de la patria, entre ellos, el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, la masonería, el comunismo…
En el camino de la reconstrucción, hemos pasado de la búsqueda, tantas veces a ciegas, de las huellas de ese pasado a disponer en las pantallas de los ordenadores de los expedientes de la Causa General. Mientras archivos tan sensibles como los de la Guardia Civil permanecen cerrados a la investigación, hay archivos militares que no sólo han abierto sus puertas, sino que han clasificado, ordenado y digitalizado partes de sus fondos y han facilitado la creación de bases de datos de los consejos de guerra que enviaron a la muerte a decenas de miles de españoles leales a la República. Ha sido un camino sembrado de obstáculos en el que durante años rigió la discrecionalidad, solo remediada por el empeño de nuevas generaciones de archiveros e historiadores que han documentado la magnitud y profundidad de la represión sobre la que se erigió el nuevo Estado. Pero hasta fechas recientes, hemos carecido de una política de Estado sobre archivos de la Guerra Civil y de la dictadura.
La Ley 52/2007, llamada de Memoria Histórica, ha querido remediar esta situación disponiendo que todos los documentos referidos a la Guerra Civil y a la represión subsiguiente, sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, sean depositados en el Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca. A esta nueva política, sostenida con eficacia y tesón por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, obedece el traslado de estos fondos del Tribunal de Cuentas y de ella tendría que derivarse la elaboración de un libro blanco o informe general sobre la situación actual de los archivos de titularidad estatal -fuerzas armadas y de orden público incluidas- que marque líneas de actuación futura y establezca las condiciones de consulta de papeles todavía hoy inaccesibles.
Publicado por El País-k argitaratua
