Sobre derivas, rodeos y atajos

Salvador Cardús i Ros

La Vanguardia

El poder político, que no es un poder-poder -o sea, que no es un poder “fáctico”- sino un poder por delegación, aunque obtenga su legitimidad formal de la mayoría de votos que permiten su ejercicio, necesita construir y mantener su autoridad a través de la permanente imposición de una definición de la realidad que lo defienda de sus adversarios. Es decir: por mucho que un gobernante asegure que lo importante son los hechos y no las palabras, en el fondo sabe que sin palabras, los hechos en sí mismos no significan nada, o peor, que pueden significar cosas contrarias. Vean, si no, como las dos mayores “victorias” postestatutarias según el Gobierno tripartito -el acuerdo de financiación y el traspaso de cercanías-, perfectamente objetivables en su dimensión fáctica, pueden ser consideradas simultáneamente como las dos mayores derrotas del Gobierno y la prueba definitiva de las limitaciones estructurales del actual Estatuto de autonomía. La cuestión no está sólo en los hechos, sino en las expectativas, en las ambiciones, en los horizontes dentro de los cuales cabe situarlos y, en definitiva, juzgarlos.

Una ocasión oportuna para observar esta necesidad de definir la realidad a favor propio para simular una voz con autoridad la dan las declaraciones oficiales y los discursos formales de los máximos líderes políticos. Y el reciente discurso de fin de año del president José Montilla nos ofrece un caso de absoluta transparencia. Relean una de las frases centrales del discurso, la que quizás haya provocado mayor debate, sobre las disyuntivas que Catalunya deberá decidir en el 2010: “Pararnos, retroceder o buscar falsos atajos, o mantener el horizonte que nos hemos trazado y asegurar que una gran mayoría se compromete a trabajar para conseguirlo”. En su formulación, y teniendo en cuenta que de lo que se trata es de decidir el “camino a seguir”, no queda ninguna duda que ni pararse, ni retroceder ni seguir atajos falsos -cada posibilidad fácilmente atribuible a las ofertas de los partidos oponentes, dentro y fuera del Gobierno-, son verdaderas disyuntivas. De manera que si Montilla impusiera a la sociedad catalana su definición presidencial de la realidad política actual, sólo cabría un posible camino que andar y una única decisión razonable que tomar en el 2010: votar PSC.

Afortunadamente, en este caso, la capacidad para imponer su definición de realidad no está en la fuerza retórica del discurso sino en algo más prosaico y, en el fondo, menos eficaz: en el hecho de que fuera emitido en horario de gran audiencia y recibiera la máxima atención informativa. Se trata de una fuerza cuantitativa, pero no cualitativa, por decirlo de alguna manera. Si no, vean el gran efecto que produciría un pequeño cambio en las palabras de Montilla sobre las disyuntivas posibles en el camino a seguir: “Pararnos, retroceder o seguir dando rodeos, o atrevernos a dar el gran paso que nos hemos trazado y asegurar que una gran mayoría se compromete a trabajar para conseguirlo”. Simplemente, he convertido “mantener el horizonte” en “seguir dando rodeos”, y los “falsos atajos” en el “gran paso”. Y, disculpen la petulancia, pero dadas las circunstancias creo que retóricamente es algo más convincente la idea de invitar a dar un gran paso -el que fuere- que la de mantener horizontes, que, en una situación de crisis general y con la amenaza del Tribunal Constitucional en ciernes, no resulta de un gran atractivo político.

Por lo que llevo leído, parece ser que lo que más molestó de esta frase del presidente Montilla fue que abandonó su tono institucional, incluso gubernamental, para entrar en el debate partidista ante unas elecciones que se acercan dos días por cada uno que pasa. Hilan muy fino, los políticos, cuando juzgan a sus oponentes. En cambio, para mí, lo que verdaderamente interesa de la frase es su retórica confusa, si no contradictoria. Por una parte, está la voluntad clara de descalificación del independentismo, aun evitando nombrarlo pero recurriendo al eufemismo con significado negativo del “falso atajo”. Pero, por otra parte, no deja de ser interesante que, aunque falso, lo considere un atajo, de manera que lo descalificado, al final, sólo es el camino propuesto aunque quizás no el objetivo: ¿considera el presidente que existe un atajo bueno para llegar a la independencia? O, incluso, ¿cree Montilla posible que los rodeos del PSC nos podrían a llevar, con más tiempo, al mismo destino? Y, por encima de todo, ¿es cierto que las próximas elecciones ya ofrecerán la posibilidad de “tener el derecho a decidir” si optamos por los atajos, sean buenos o falsos?

No me cabe la menor duda de que se acercan unos meses en los que hablar de “falsos atajos” para mencionar al independentismo sin nombrarlo, o calificar el soberanismo de CiU como “deriva” para sugerir una pérdida de rumbo sin explicitarlo, van a ser protagonistas del debate político. Y no es menos cierto que quizás también se hable de los “rodeos” del PSC (en catalán, de las marrades, con un sentido menos suave que el de ambigüedad o divagación y más cercano a la idea de movimiento tortuoso y erróneo). Sí: es muy probable que los que están insistan en hablar de derivas, atajos y rodeos. Pero creo que al país le sabrá a poco, y va a exigir que se discuta sobre nuevos horizontes y proyectos.

El problema español

Juan-José López Burniol

El País

Ya no caben medias tintas para afrontar el encaje de Cataluña en la España democrática, sólo quedan dos opciones: federalismo o autodeterminación. Se impone una reforma constitucional pactada por PSOE y PP

Suele leerse en las síntesis de Historia de España ésta o parecida frase: “A comienzos del siglo XX, España tenía cuatro problemas: el religioso, el militar, el agrario y el catalán”. Cien años después, los tres primeros se han resuelto o diluido, pero permanece incólume el cuarto, que, al condicionar de forma determinante la vida pública española de la última centuria, merece ser designado -más que como el problema catalán- como el problema español. La prueba de ello está en el hecho de que cada vez que España se libera de la ortopedia dictatorial que compensa la congénita debilidad de su Estado, el problema fundamental a resolver al tiempo de redactar la Constitución es el de la estructura territorial del Estado. Así sucedió en los albores de la II República, tras la dictadura del general Primo de Rivera, y al inicio de la Transición, tras la dictadura del general Franco.

La fórmula ideada por la Transición para encauzar este problema fue incluir en el pacto constitucional originario el diseño básico del Estado de las Autonomías. En el bien entendido de que este pacto ponía en marcha un proceso dinámico, consistente en una progresiva redistribución del poder político, concorde con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y respetuoso con la cohesión social y la solidaridad interterritorial. Un proceso que habrá de culminar en una estructura política federal. Un proceso, por último, que no puede abortar una de las partes sin infringir el pacto constitucional originario.

La fórmula, como todas las transacciones, fue fecunda y ha contribuido durante un cuarto de siglo a dar vida a una de las etapas más venturosas de la historia de España. Pero, llegado el momento de dar un paso adelante en el desarrollo del Estado Autonómico, se inició la ceremonia de la confusión. Unos se enrocaron en una defensa numantina de la intangibilidad constitucional, invocando el nombre de España para preservar su posición de privilegio; otros precipitaron la reforma estatutaria, sin percibir que no se puede excluir a media España de una reforma que, por ser fruto del pacto constitucional originario, requiere el concurso de todas las fuerzas que alumbraron aquél; y hubo quien, por último, prometió lo que no debía, procedió con ligereza insólita y ha terminado por mirar hacia otro lado cuando las letras comenzaban a vencer. No obstante, este despropósito tiene unas raíces hondas, que nadie me había dejado tan claras como lo hizo, hace meses, un español anónimo. En efecto, este verano, al día siguiente de una cena de agosto, un asistente -colega castellano de mi quinta, que trabajó muchos años en Cataluña y regresó luego a su tierra- me envió esta nota:

“Ayer no hablé cuando salió el tema de Cataluña. No tenía nada que decir. Hoy, sin embargo, te remito tres observaciones -ni tan sólo ideas- a lo que se dijo. Son éstas:

1. El debate España-Cataluña es tramposo por ambas partes. Admito que es tramposo por parte de España, ya que buena parte de los españoles no ha asumido que el Estado de las Autonomías es el embrión de un Estado federal que habría de desenvolverse hasta consolidarlo, y lo ven como un subterfugio con el que dar largas a las aspiraciones de autogobierno catalanas. De ahí vienen la inercia centralizadora de la Administración, la erosión de competencias por la vía de la legislación básica y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etc. Pero admíteme también que buena parte de los nacionalistas catalanes tampoco juega limpio, porque, por debajo de la su secular ambición de refaccionar el Estado, ha latido siempre una soterrada aspiración a la independencia.

2. No hay federalistas ni en España ni en Cataluña. Es frecuente oír en Cataluña que resulta imposible la consolidación de un Estado federal por la falta de federalistas españoles. Lo admito, si bien añado que tampoco hay muchos en Cataluña. En cuanto rascas un poco, te encuentras con que lo que pretende la mayoría de los llamados federalistas catalanes es una especie de relación bilateral Cataluña-España, bajo la que se esconde una implícita aspiración confederal.

3. Hay un recíproco y grave error de raíz. Muchos españoles no aceptan que Cataluña sea una nación, es decir, una comunidad con conciencia de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad de proyectarla al futuro mediante su autogobierno. Y, a la recíproca, muchos catalanes niegan a España como nación, reduciéndola a la condición jurídica de Estado -Estado español-, cuando lo cierto es que -como tú dices- es “una nación de tomo y lomo, con una mala salud de hierro”. De lo que se desprende que el conflicto histórico entre España y Cataluña es el choque frontal de dos naciones: una que no ha tenido fuerza para absorber a la otra, y otra que no ha tenido fuerza para desligarse de aquélla.

Si los españoles tuviesen coraje, desarrollarían el Estado Autonómico en sentido federal (Senado, organismos de colaboración verticales y horizontales, concreción de las competencias federales a ejercitar por la Administración central), dejando la puerta abierta para que pueda marcharse la comunidad autónoma que así lo quiera. Y, si los catalanes tuviesen coraje, concretarían lo que quieren y pondrían los medios para conseguirlo, sin renunciar a nada con el pretexto de que “Madrid” no lo permitirá. Nunca más volverá a subir por las Ramblas una bandera de la Legión con la cabra al frente.

Comparto este análisis. Y lo hago con hastío y pena, porque pienso que -sin ponderar sus respectivas culpas- ambas partes se cierran, cada día más, a una solución transaccional que, en aras de sus respectivos intereses, alumbrase un proyecto compartido. Por ello, como ha escrito Josep Ramoneda, “ha llegado ya el momento de plantear las cosas sin rodeos: Cataluña quiere más poder y España no quiere dárselo. Quizá afrontar el problema directamente, sin eufemismos, facilitaría el entendimiento”.

Así las cosas, hay que tener presente que el trozo de tierra que se extiende del Pirineo a Tarifa y del Finisterre al “cap de Creus”, dejando al margen Portugal, sólo puede articularse políticamente de cuatro maneras: (1) Como un Estado unitario y centralista, que no llegó a cuajar y ya nunca será. (2) Como una Confederación o un Estado federal asimétrico, que acarrearían la cantonalización y subsiguiente destrucción del Estado. (3) Como un Estado federal simétrico (si bien con diverso contenido competencial), del que el Estado Autonómico es embrión. (4) Y como diversos Estados independientes.

Lo que significa que, en la práctica, las opciones se reducen a dos: Estado federal o secesión. ¿Cómo hacer posible esta disyuntiva? Es precisa una reforma constitucional que sólo puede ser abordada tras un pacto previo entre el partido que esté en el gobierno y el primer partido en la oposición, es decir el PSOE y el PP, el PP y el PSOE. Un pacto abierto a los otros partidos que quieran sumarse. Ahora bien, para emprender esta senda hace falta vista larga y coraje. Algo que hoy no abunda.

Termino. Rechacé en su momento la deriva confederal del proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña; consideré luego como un fracaso político de primera magnitud que este mismo Estatuto, aprobado en referéndum tras su criba por el Parlamento español, fuese impugnado ante el Tribunal Constitucional; y afirmo ahora que, dada la naturaleza política del gravísimo contencioso que subyace bajo estos hechos, el problema subsistirá incólume cualquiera que sea el alcance de la sentencia. Se ha sobrepasado ya el punto de no retorno: la desafección de unos, el hastío de otros y la falta de un proyecto compartido por todos hacen que la cuestión deba plantearse -antes o después- en toda su radicalidad, de un modo semejante a como se hizo en Canadá: federalismo o autodeterminación. Los que ofician de realistas dirán que esto es un dislate. Yerran: Dios ciega a los que quiere perder.

Juan-José López Burniol, notario, es miembro de Ciutadans pel Canvi.

Publicado por Reggio’s

6 Enero, 2010 a las 9:14 am

Colgado en: Nacionalismo, Política

Autor: Juan-José López Burniol

Inmigración: el ejemplo catalán

Carme Capdevila i Palau

Público

Catalunya se dotó hace un año de un Pacto Nacional para la Inmigración, uno de los cuatro acuerdos estratégicos que el Gobierno catalán ha promovido en esta legislatura y que estableció un gran consenso, inaudito hasta entonces y pionero en su entorno, integrado por la mayoría de partidos políticos parlamentarios, los principales agentes económicos y sociales, las asociaciones de municipios y las entidades más representativas del sector. Un consenso que abarcó un 90% del arco parlamentario catalán y que demuestra cómo la realidad sociopolítica catalana difiere bastante de la tónica general a la que nos tiene acostumbrados el Congreso de los Diputados o el Senado. Hoy es impensable un acuerdo semejante en las Cortes españolas, donde la actitud –por decirlo de alguna manera– poco constructiva del principal grupo opositor impide llegar a mínimos comunes denominadores. Un punto de encuentro y de responsabilidad compartida, más allá de los debates e intereses políticos legítimos. Algo que Catalunya consiguió en un momento complicado, cuando ya casi nadie dudaba de la gravedad de la crisis económica. Entonces y ahora fuimos coherentes y actuamos conscientes de que la inmigración es una realidad en lugar de contemplarla únicamente como un fenómeno temporal. El millón largo de nuevos catalanes y catalanas que han llegado en el último decenio lo han hecho para quedarse y lo debemos asumir. Y, más importante aún, debemos reconocer que han venido porque los necesitábamos, porque la economía española vivió un empuje sin precedentes de la mano del pelotazo inmobiliario, que necesitó mano de obra extranjera y barata. Algo que contribuyó al acceso de la mujer al mercado laboral, al ascensor social y a la movilidad laboral de las personas autóctonas.

No es la primera vez que nos sucede algo así. Catalunya tiene una larga experiencia como país de migraciones. Los demógrafos nos recuerdan que, sin las incorporaciones de inmigrantes a lo largo del siglo XX, actualmente rondaríamos los dos millones y medio de ciudadanos. Hoy somos más de siete. El mismo Estatut define Catalunya como una tierra de acogida, conformada a lo largo de los siglos gracias a las aportaciones de distintos movimientos migratorios y culturas que han desembocado en una nación europea abierta, con una estructura que tiene como eje principal la lengua catalana pero que se retroalimenta de otras culturas.

El modelo catalán de integración pasa por acoger al inmigrante sin asimilaciones, sin pedirle que renuncie a sus raíces o a su pasado para ser catalán. Algo que sí está pasando en Francia, donde la igualdad se ha confundido a menudo con la uniformidad. Hace tiempo que descubrimos que para sentirse catalán no hace falta renunciar a nada. Quizás por ello, porque nuestro proyecto de país está en constante construcción, porque la integración va asociada al uso de la lengua catalana, que juega un papel determinante en el ascenso social, hemos conseguido mejores resultados. Quizás porque Catalunya ha sido también un país emigrante, que sufrió un éxodo inhumano tras la Guerra Civil, con miles de ciudadanos en el exilio. Quizás porque ya en pleno siglo XVIII tuvimos una intensa inmigración desde el sur de Francia, o porque en el siglo pasado tuvimos importantes flujos de entradas desde otras partes del Estado. Quizás también porque España ha sido, hasta hace bien poco, un país de emigrantes, poco acostumbrado a ser destino de inmigraciones masivas. Quizás por eso ahora le cueste más encontrar un buen encaje y digerir la llegada de más de cuatro millones de extranjeros en los últimos diez años. Aún más cuando algunas visiones en Europa piensan en proyectos nacionales cerrados, que no admiten tan fácilmente incorporaciones de terceros y que, a diferencia de Catalunya, no basan la integración en el conocimiento de la lengua propia de la sociedad de acogida, sino en otras consideraciones difíciles conseguir. Basar el proceso de identificación en el conocimiento de una lengua común, que no única, tiene una gran ventaja: se puede aprender, a diferencia del linaje, sobre el cual no hay margen de maniobra.

Es en Catalunya donde se plantean referéndums que permiten votar a todas las personas empadronadas. Un ejemplo lo tuvimos el 13 de diciembre con las consultas sobre la independencia que organizó la sociedad civil. Ese día pudimos ver votando a personas inmigrantes que, con la legislación actual, no podrán ejercer el derecho a voto al menos hasta dentro de 15 años. Estos obstáculos en la participación política son una barrera para la integración de estos residentes. Conscientes de ello, el Pacto Nacional para la Inmigración solicita modificar el Código Civil para reducir de 10 a 5 años el plazo establecido de acceso a la nacionalidad. Consideramos que es la vía más efectiva para garantizar los derechos de ciudadanía y de sufragio universal de los extranjeros que viven y trabajan aquí. De momento tienen todos los deberes, no en cambio todos los derechos. Disminuir los años de acceso a la nacionalidad permitiría reducir discriminaciones entre inmigrantes y homologarnos a Francia, Reino Unido o Estados Unidos, países con políticas migratorias firmes pero con accesos a la nacionalidad más abiertos que España. Este año, el Ayuntamiento de Barcelona realizará una consulta vinculante para codecidir la reforma de una de las principales arterias de la ciudad: la avenida Diagonal. Los extranjeros empadronados podrán votar. Un ejemplo más del derecho a decidir que reivindicamos. Políticas de ciudadanía para hacer ciudadanía. De eso se trata. Tan fácil y tan complejo.

Carme Capdevila i Palau es consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.