Los combustibles fósiles plantean muchos problemas. Son caros y constituyen una causa de inestabilidad política y de la oferta. Al aumentar el consumo mundial, los costos relacionados con ellos probablemente experimenten un marcado aumento. Lo peor de todo es que entrañan costos insostenibles en emisiones de carbono. De hecho, su contribución al aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera está empezando a eclipsar los demás problemas.
Pero la utilización de los combustibles fósiles y, por tanto, el aumento de las emisiones de CO2, parecen ir a la par con el crecimiento. Ése es el problema fundamental que afronta el mundo, cuando intenta crear un marco para luchar contra el cambio climático. En comparación con los países avanzados, ahora el mundo en desarrollo tiene a un tiempo pocos ingresos de capital por persona y bajos niveles de emisiones de carbono por habitante. Imponer restricciones estrictas al aumento de sus emisiones impediría el crecimiento de su PIB y reduciría gravemente su capacidad para salir de la pobreza.
El mundo en desarrollo tiene también una seria objeción que hacer a la falta de equidad que supondría obligarlo a pagar por la mitigación del cambio climático. Los países avanzados son responsables colectivamente de gran parte de la acumulación actual de carbono en la atmósfera, además de una participación importante (aunque se está reduciendo) en las emisiones anuales del mundo. A consecuencia de ello los países avanzados deben reconocer –como sostienen los representantes del mundo en desarrollo– su responsabilidad por ese problema.
Pero un simple traslado de la responsabilidad a los países avanzados eximiendo a los países en desarrollo del proceso de mitigación no dará resultado. Para dar resultado, una estrategia de lucha contra el cambio climático debe ser no sólo equitativa, sino también eficaz. Si se permite crecer a los países en desarrollo y no hay una correspondiente mitigación del aumento de sus emisiones de carbono, las emisiones de CO2 por habitante en todo el mundo casi se duplicarán en los 50 próximos años hasta representar cuatro veces, aproximadamente, el nivel de seguridad, independientemente de lo que hagan los países avanzados.
Los países avanzados por sí solos no pueden, sencillamente, garantizar la consecución de los niveles de seguridad en materia de CO2 . Limitarse a esperar a que los países en desarrollo que experimentan un gran crecimiento alcancen a los países avanzados es menos aún una solución.
Así, pues, el mayor imperativo del mundo es el de idear una estrategia que fomente el crecimiento en el mundo en desarrollo, pero por una vía que se acerque a los niveles seguros de emisiones de carbono a mediados del siglo.
La forma de lograrlo es la de separar la cuestión de quién paga la mayor parte de las medidas encaminadas a mitigar el cambio climático de la de dónde se apliquen, geográficamente, dichas medidas. Dicho de otro modo, si los países avanzados absorben los costos de la mitigación a corto plazo, mientras las medidas de mitigación reducen el aumento de las emisiones en los países en desarrollo, se puede conciliar –o al menos reducir en gran medida– el conflicto entre el crecimiento de los países en desarrollo y el éxito de la limitación de las emisiones mundiales.
Esas consideraciones indican que no se deben imponer objetivos en materia de reducción de las emisiones a los países en desarrollo hasta que se acerquen a unos niveles de PIB por habitante comparables a los de los países avanzados. Si bien dichos objetivos deben ser autoimpuestos por parte de los países avanzados, se les debe permitir que cumplan con sus obligaciones, al menos en parte, pagando para reducir las emisiones en los países en desarrollo (donde esas medidas pueden rendir mayores beneficios).
Un corolario decisivo de esa estrategia es una transferencia de tecnología en gran escala a los países en desarrollo, que les permita crecer y reducir sus emisiones. Cuanto más se acerquen dichos países a su inclusión en el sistema de restricciones, mayor incentivo tendrán para hacer sus inversiones suplementarias con vistas a mitigar sus emisiones.
El mundo ya ha aceptado el principio básico de que los ricos deben cargar con una parte mayor del costo de mitigación del cambio climático. El Protocolo de Kyoto estableció un conjunto de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, que entrañan papeles asimétricos para los países en desarrollo y los avanzados, con la evolución de las obligaciones de los países en desarrollo a medida que crezcan.
Los ingredientes para semejante pacto mundial están bastante claros. Se pedirá a los países avanzados que reduzcan sus emisiones de CO2 a un ritmo considerable, mientras que las emisiones de los países en desarrollo puedan aumentar para permitir un rápido crecimiento económico que elimine su retraso. El objetivo no es el de impedir las emisiones relacionadas con el crecimiento de los países en desarrollo, sino el de aminorar el ritmo de su aumento y con el tiempo empezar a reducirlo cuando dichos países lleguen a ser más ricos.
La forma mejor de aplicar esa estrategia es la de utilizar un “sistema de transacciones sobre créditos de carbono” en los países avanzados, conforme al cual cada uno de los países avanzados reciba cierta cantidad de créditos de carbono para determinar sus niveles permisibles. Si un país supera su nivel de emisiones, deberá comprar créditos suplementarios a otros países que logren reducir sus emisiones por debajo de sus niveles permitidos, pero un país avanzado podría también emprender medidas de mitigación en el mundo en desarrollo y con ello obtener los créditos suplementarios correspondientes al valor completo de dichas medidas de mitigación (lo que le daría derecho a más emisiones en su territorio).
Semejante sistema desencadenaría búsquedas empresariales de oportunidades de mitigación de bajo costo en los países en desarrollo, porque los países ricos desearían pagar menos reduciendo las emisiones en otros países. Gracias a ello, la mitigación resultaría más eficiente y unos mismos gastos por parte de países avanzados producirían mayores reducciones de las emisiones mundiales.
En cuanto a los países en desarrollo, si bien no dispondrían de créditos u objetivos explícitos hasta que adquirieran la categoría de países avanzados, sabrían que en algún momento (cuando sus emisiones de carbono alcancen el nivel medio de los países avanzados, pongamos por caso) quedarían incluidos en el sistema mundial de restricciones, lo que les ofrecería un incentivo, antes incluso de ese momento, para adoptar decisiones relativas a la fijación de precios de la energía y la eficiencia energética que redujeran el aumento de sus emisiones sin impedir el crecimiento económico y con ello reducir el período durante el cual sus niveles de emisiones no estarían sometidos a restricciones.
No se debe permitir que el conflicto entre los países en desarrollo y los avanzados por la responsabilidad de la mitigación de las emisiones de carbono socave las perspectivas de un acuerdo mundial. Una solución ecuánime es tan compleja como la propia amenaza del cambio climático, pero no cabe duda de que es posible.
Copyright: Project Syndicate, 2009.
Traducido del inglés por Carlos Manzano.
Michael Spence es el premio Nobel de Economía de 2001 y profesor emérito en
www.project-syndicate.org
